Los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos se mostraron escépticos ante la alegación de los gobiernos locales de que pueden recurrir a las leyes estatales para demandar a las empresas petroleras por los supuestos efectos del cambio climático.
Sus comentarios se produjeron durante la vista oral celebrada el 5 de octubre en el caso Suncor Energy (U.S.A.) contra los Comisionados del condado de Boulder, el primero del nuevo período de sesiones de la Corte.
La ciudad de Boulder y el condado de Boulder, en Colorado, demandaron a las empresas petroleras, alegando que infringieron las leyes estatales al producir y vender hidrocarburos, al tiempo que ocultaban y tergiversaban los peligros de su combustión.
Los gobiernos afirman que dicha conducta agravó el cambio climático y provocó daños por inundaciones, un mayor riesgo de incendios forestales, sequías y daños a edificios públicos e infraestructuras.
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Quieren que las empresas paguen por los supuestos daños en virtud de la legislación de Colorado, alegando que sus actividades constituyeron una molestia pública y privada, una intrusión, un enriquecimiento injusto y una conspiración civil.
Una molestia pública es una interferencia irrazonable en un derecho compartido por toda la comunidad, como el humo de una fábrica que contamina el aire que todos respiramos. Una molestia privada es el mismo concepto dirigido a una persona o propiedad concreta, como el ruido de un vecino que impide disfrutar de la propiedad de otra persona. La intrusión es una invasión física de una propiedad sin permiso. El enriquecimiento injusto se refiere a obtener un beneficio a costa de otra persona sin pagar por ello.
Aunque este caso se refiere a la demanda de Boulder, muchos estados, como California y Hawái, así como administraciones locales, como Chicago y Baltimore, han interpuesto demandas contra empresas energéticas, alegando que sus productos tienen un impacto en el clima. En algunas demandas, también alegan que las empresas han tergiversado los riesgos relacionados con sus productos.
Suncor y su codemandante, Exxon Mobil, sostienen que la demanda es, en realidad, un intento encubierto de regular las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las cortes de Colorado.
Afirman que la legislación federal ya regula esas emisiones, principalmente a través de la Ley Federal de Aire Limpio, y que impide a los estados recurrir a sus propias leyes sobre molestias y de otro tipo para atribuir responsabilidades y exigir indemnizaciones por el cambio climático.
Sostienen que permitir que Boulder siga adelante con el proceso permitiría a un solo estado alterar un sistema nacional y actuar sobre conductas que tienen lugar en todo el país y en el extranjero.
Una corte de primera instancia estatal denegó la solicitud de las empresas de desestimar la demanda de Boulder. La Corte Suprema de Colorado, con votos divididos, confirmó la decisión, sosteniendo que, dado que el Congreso aprobó la Ley de Aire Limpio, la legislación estatal estaba autorizada a regular las emisiones interestatales. Las empresas recurrieron esa sentencia.
El abogado de Suncor, Kannon Shanmugam, declaró ante los magistrados durante la vista oral que: "Si se permite que las demandas de Boulder sigan adelante, unos 90,000 municipios de todo el país tendrán la capacidad de dictar política energética nacional e internacional".
Las partes litigantes podrían pedir a los jurados que impusieran "daños catastróficos a determinados productores de combustibles fósiles", y "ese no es el sistema constitucional que adoptaron los fundadores".
Shanmugam afirmó que la teoría de Boulder en este caso no establece ningún principio que limite quién puede ser demandado.
Según esta teoría, Boulder "podría ejercer jurisdicción personal sobre mí cuando esté en Colorado dentro de dos semanas y demandarme por una acción por molestias por repostar mi coche y, con ello, contribuir al cambio climático global", señaló el abogado.
El abogado de Boulder, Kevin Russell, explicó al juez Clarence Thomas que existen limitaciones constitucionales sobre qué partes pueden ser demandadas.
"La cuestión aquí no es si hay algo en la Constitución que prohíba esta demanda, sino si las teorías específicas" planteadas ante la Corte Suprema de Colorado son válidas, afirmó el abogado.
Thomas preguntó: "¿Entonces se podría demandar con la misma facilidad a los grandes minoristas de estos productos?".
Russell respondió: "Nada en la Constitución lo impediría", y añadió, después de que Thomas volviera a insistirle, que "nada en nuestra teoría lo impide".
El juez Brett Kavanaugh señaló que la Corte Suprema ha dictaminado en cuatro ocasiones desde 1972 que las cuestiones planteadas en este caso son asuntos de derecho federal.
"Al leerlos en su conjunto, [estos precedentes] dejan muy claro que la contaminación interestatal del aire y del agua son cuestiones que competen a la legislación federal, a menos que el Congreso reserve expresamente la competencia a la legislación estatal", afirmó la magistrada. "Esto se desprende claramente de esos cuatro casos".
La jueza Elena Kagan comparó la demanda subyacente en este caso con las demandas presentadas contra la industria tabacalera hace décadas.
“En muchos aspectos, esta demanda parece basarse en las antiguas demandas contra la industria tabacalera de la década de los noventa, interpuestas por los estados y los gobiernos locales, en las que básicamente se alegaba que las grandes tabacaleras habían realizado… declaraciones engañosas que habían llevado a la gente… a un consumo excesivo del producto, causando perjuicios a dichos gobiernos.”
"Supongo que el litigio sobre los opioides, más reciente, sigue el mismo modelo. Este es el capítulo 3. Así pues, si este es el capítulo 3, ¿quedaron también excluidos los capítulos 1 y 2?"
El juez Samuel Alito, que posee acciones en empresas energéticas, se había recusado previamente y no participó en la vista oral. No explicó los motivos de su recusación.
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