Según un informe publicado el 15 de julio, el régimen chino recurre cada vez más a la inteligencia artificial, a contratistas, a organizaciones en el extranjero y a personas reclutadas en otros países para perseguir a sus críticos más allá de las fronteras de China.
El análisis de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) reúne casos recientes que incluyen una cuenta vinculada a las fuerzas de seguridad chinas, software malicioso dirigido contra activistas uigures, un supuesto complot contra un crítico del líder chino Xi Jinping en Los Ángeles y ataques contra manifestantes en San Francisco.
Caroline Costello, del Atlantic Council, y William Nee, de la NED, quienes redactaron el capítulo sobre China del informe, señalaron que estas tácticas reducen la dependencia de Beijing de las grandes redes en el extranjero de agentes de seguridad chinos.
Describieron un mercado emergente de represión transnacional en el que los gobiernos pueden subcontratar la vigilancia, el acoso y la violencia a operadores digitales, actores criminales o personas que ya se encuentran en el país objetivo.
Supuesto complot contra un crítico de Xi
Una denuncia penal federal hacida pública en abril de 2025 alegaba que un ciudadano chino y un ciudadano británico ordenaron a personas dentro de Estados Unidos que vigilasen y lesionasen a un residente de Los Ángeles que había criticado públicamente a Xi.Cui Guanghai y John Miller reclutaron a personas para impedir que la víctima protestara durante la visita de Xi a San Francisco en noviembre de 2023, según una declaración jurada del FBI presentada ante una corte federal de California.
Esas personas reclutadas colaboraban en secreto con el FBI.
Los fiscales alegaron que Cui y Miller les ordenaron localizar el domicilio de la víctima, colocar un rastreador en su vehículo, pinchar las llantas, destruir obras de arte que representaban a Xi y a su esposa, y organizar una agresión que dejara a la víctima incapacitada para caminar.
La denuncia también alega que Miller había organizado anteriormente una manifestación en contra del presidente de Taiwán durante una visita a Los Ángeles en abril de 2023, para lo cual contrató a actores para que se hicieran pasar por manifestantes.
Un agente del FBI afirmó que se creía que Cui actuaba en nombre del régimen chino y que, a través de Miller, asignaba tareas a personas que se encontraban dentro de Estados Unidos.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración y acoso interestatal.
IA y malware
OpenAI informó en febrero que había bloqueado una cuenta de ChatGPT vinculada a una persona asociada con las fuerzas de seguridad chinas.La cuenta se utilizó para planificar y documentar lo que su operador denominó "operaciones cibernéticas especiales", lo que incluía mensajes a favor del Partido Comunista Chino (PCC) y campañas en línea dirigidas contra los críticos de Beijing.
Por su parte, Citizen Lab identificó malware distribuido a través de software de edición de texto y corrección ortográfica en idioma uigur.
Los programas alterados instalaban código malicioso en los dispositivos de los usuarios y tenían como objetivo a miembros de alto rango del Congreso Mundial Uigur.
Citizen Lab documentó la infraestructura, los métodos de ataque y los archivos maliciosos, pero no identificó quién dirigía la operación.
Costello y Nee señalaron que los servicios de inteligencia artificial y el software comprometido permiten a actores vinculados a Beijing monitorear objetivos en el extranjero sin necesidad de desplegar un número comparable de agentes o informantes en el exterior.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha descrito los métodos del régimen chino como una combinación de amenazas físicas y digitales, coacción a través de familiares y otros intermediarios, espionaje técnico y desapariciones inexplicables.
Violencia y manifestantes a sueldo
Personas vinculadas a organizaciones alineadas con el PCCh acosaron y agredieron a manifestantes contrarios a Beijing durante la visita de Xi a San Francisco en noviembre de 2023, según una investigación realizada por el Consejo para la Democracia de Hong Kong y Estudiantes por un Tíbet Libre.Estos grupos revisaron fotografías, videos y registros organizativos de las manifestaciones que tuvieron lugar en torno a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Su investigación identificó a 12 líderes de organizaciones que describieron como influenciadas por el PCCh y que participaron en los enfrentamientos.
The Epoch Times había informado anteriormente que manifestantes de China, Hong Kong, el Tíbet y Turquestán Oriental fueron blanco de ataques y que un proyecto de ley de la Cámara de Representantes sobre el episodio señalaba que diplomáticos chinos habían ayudado a los agresores.
En otro reportaje de The Epoch Times se descubrió que había personas en Nueva York que afirmaban haber recibido pagos para participar en manifestaciones que se hacían eco de la propaganda del PCCh.
El periódico también ha informado de que las embajadas y consulados de Beijing utilizaban redes de "voluntarios consulares" que operaban a través de organizaciones vinculadas al Frente Unido.
Safeguard Defenders señaló que esas redes podrían proporcionar acceso a la información personal de los residentes chinos en el extranjero y contribuir a los esfuerzos por controlar a las comunidades de la diáspora.
Costello y Nee señalaron que el uso de reclutas locales permite que la represión sea llevada a cabo por personas que no ocupan ningún cargo oficial en el gobierno chino y que, en algunos casos, podrían saber muy poco sobre la operación en su conjunto.
Presión sobre Kazajistán
Los autores del informe de la NED también señalaron casos en los que la presión de diplomáticos chinos interfirió en el proceso legal de otro país.Una corte kazajo condenó a 19 activistas en abril después de que protestaran por la detención de un camionero de etnia kazaja en Xinjiang.
Los manifestantes quemaron una bandera del régimen chino y un retrato de Xi durante la manifestación de noviembre de 2025.
El consulado chino en Almaty envió dos cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán al día siguiente, según copias traducidas revisadas por The Epoch Times.
Las cartas indicaban que la protesta había tenido un "impacto extremadamente negativo" en las relaciones bilaterales.
Las autoridades kazajas iniciaron una investigación penal tras recibir las notas diplomáticas, las cuales fueron citadas posteriormente en la acusación formal.
Inicialmente, los activistas se habían enfrentado a multas y breves detenciones administrativas.
Once acusados recibieron sentencias de cinco años de prisión.
A ocho se les impusieron restricciones a su libertad con duraciones que oscilaron entre cuatro años y ocho meses y cinco años.
En junio, la policía kazaja detuvo a la hermana del fundador de Atajurt, Serikzhan Bilash, quien vive en Estados Unidos y hace campaña contra el trato que Beijing da a los uigures y a la etnia kazaja.
Represión a menor costo
Costello y Nee señalaron que la inteligencia artificial, el software de vigilancia, los grupos políticos en el extranjero, la presión diplomática y los intermediarios contratados están facilitando que la represión transnacional se lleve a cabo a gran escala.Proyectaron que Beijing se volvería más asertivo en países donde los gobiernos brindan una protección débil a los activistas amenazados o permiten que funcionarios extranjeros influyan en las instituciones locales.
Los autores hicieron un llamado a una aplicación más enérgica de la ley penal, a una cooperación más estrecha con las comunidades de la diáspora afectadas y a la implementación de salvaguardias contra el uso indebido por parte de potencias extranjeras de la policía, las cortes, las plataformas tecnológicas y los sistemas financieros.
El informe se dio a conocer un día después de que los senadores Adam Schiff (D-Calif.) y John Curtis (R-Utah) presentaran una propuesta legislativa bipartidista que aumentaría hasta en 10 años las penas por delitos federales relacionados con la represión transnacional y autorizaría una multa adicional de hasta 100,000 dólares.
