Dos senadores han presentado un proyecto de ley bipartidista que establece nuevas y severas sanciones federales contra la represión transnacional, y propone aumentar hasta en 10 años las penas de prisión por delitos cometidos en nombre de países extranjeros, como China.
Los senadores Adam Schiff (D-Calif. y John Curtis (R-Utah) presentaron la Ley para Detener la Represión Transnacional de 2026 (S.4967), que codificaría la primera definición federal de represión transnacional mediante la modificación de la sección sobre relaciones exteriores del Código Penal federal, según un comunicado de prensa del 14 de julio.
"Con el aumento de la represión transnacional, es fundamental que tomemos medidas enérgicas para investigar y enjuiciar a los malhechores que intimidan y atacan a disidentes y críticos en territorio estadounidense", afirmó Schiff en un comunicado.
"Se trata de un esfuerzo bipartidista para contrarrestar una amenaza nacional que, según los informes, no hace más que ampliarse en su alcance, con iniciativas nuevas y descaradas por parte de países como China que intentan extender su intimidación hacia quienes no siguen al pie de la letra las directrices del régimen".
Schiff instó a sus colegas a "aprobar rápidamente" la legislación, afirmando que esta "protegería los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en territorio estadounidense".
La legislación surge después de que la nueva ley china sobre "unidad étnica" entrara en vigor el 1 de julio, la cual prohíbe actos que "socaven la unidad étnica" o "inciten a divisiones étnicas". El Partido Comunista Chino (PCCh) afirma que la ley le otorga la autoridad para exigir responsabilidades legales a organizaciones y personas fuera de China por tales actos.
Miembros del personal del Senado declararon a Reuters que la nueva ley china fue un factor directo en la presentación de la legislación.
La nueva ley china, denominada oficialmente "Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso", ha suscitado críticas generalizadas a nivel internacional. Cincuenta y cuatro organizaciones de derechos humanos y de la diáspora —entre ellas varios grupos con sede en Estados Unidos, como Campaign for Uyghurs, Freedom House y la Fundación Comité por la Libertad en Hong Kong— emitieron una declaración conjunta el 13 de julio en la que instaban a los gobiernos a introducir o reforzar protecciones legales para contrarrestar el alcance extraterritorial de dicha ley.
Legislación
Según el proyecto de ley, la represión transnacional no está actualmente "definida explícitamente" en la legislación estadounidense, lo que "dificulta la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios federales y estatales para identificar y abordar dicha conducta".La definición recién establecida de represión transnacional y el aumento de la pena que la acompaña "servirían como un mayor elemento disuasivo para los actores extranjeros que busquen incurrir en dicha conducta", según el proyecto de ley.
De conformidad con la ley, las personas condenadas por un delito federal que incluya conductas definidas como represión transnacional podrían enfrentar hasta 10 años adicionales de prisión y una multa adicional de hasta 100,000 dólares.
La legislación también ordenaría al fiscal general de Estados Unidos que centralice la supervisión de los procesos judiciales por represión transnacional dentro de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
El fiscal general adjunto para la seguridad nacional estaría obligado a presentar un informe anual y a ofrecer una sesión informativa anual sobre la represión transnacional ante determinadas comisiones del Congreso, así como informes puntuales en los que se evalúen las facultades existentes y se recomienden formas de responder a la represión transnacional.
Además, según el proyecto de ley, el fiscal general adjunto para la seguridad nacional estaría obligado a desarrollar una "estrategia gubernamental integral" para prevenir, investigar y responder a los actos de represión transnacional llevados a cabo mediante inteligencia artificial.
"Ningún gobierno extranjero debería poder amenazar o silenciar a las personas en territorio estadounidense. Ya sea el Partido Comunista Chino, el régimen iraní o cualquier otro gobierno autoritario, la represión transnacional es un ataque tanto a nuestra soberanía como a nuestras libertades", afirmó Curtis en un comunicado.
"Este proyecto de ley bipartidista brinda a las fuerzas del orden herramientas más sólidas para exigir responsabilidades a los perpetradores y deja en claro que Estados Unidos no tolerará estos abusos".
China, el "principal perpetrador"
Freedom House calificó a China como el "principal perpetrador mundial de represión transnacional" en su último informe, con 319 casos registrados en ese país desde 2014.Los senadores señalaron en su proyecto de ley que las acciones de funcionarios, agentes y representantes de países hostiles —incluidas las amenazas, la intimidación, el acoso, la vigilancia, el acecho, el daño físico y el secuestro— constituyen represión transnacional.
Los fiscales federales de EE. UU. han destacado el caso de dos hombres chinos acusados de operar una comisaría secreta en la ciudad de Nueva York en nombre del PCCh como un ejemplo de represión transnacional. Uno de los dos hombres fue declarado culpable de actuar como agente extranjero en mayo.
Otro ejemplo ocurrió en 2024, cuando dos hombres chinos fueron condenados por participar en un plan de soborno dirigido desde Beijín con el objetivo de influir en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y revocar la condición de organización sin fines de lucro de Shen Yun Performing Arts, con sede en Nueva York.
En enero de 2025, la oficina del FBI en Filadelfia estableció el primer grupo de trabajo operativo de la agencia dedicado a "reconocer, reaccionar y desarticular" las amenazas que plantea la represión transnacional. Según un artículo publicado en el sitio web del FBI en marzo, el grupo de trabajo está integrado por 22 agencias asociadas a nivel federal, estatal, local y comunitario, entre las que se incluyen el Servicio de Parques Nacionales y los departamentos de policía de los campus universitarios.
La oficina del FBI en Houston compartió un número de teléfono en una publicación de X en noviembre de 2024, instando a las víctimas de la represión transnacional de Beijín a que denunciaran sus casos ante dicha oficina.
"El gobierno de la República [Popular] de China (RPC) podría estar acosando cibernéticamente, intimidando físicamente y hostigando a ciudadanos chinos, a ciudadanos estadounidenses naturalizados y a las familias de disidentes que se pronuncian en contra del Partido Comunista Chino en Texas", declaró la oficina.
