El año termina en México con una tragedia: se descarrila el Transoceánico, trece muertos, media docena de heridos graves y 92 lesionados. Unas vacaciones trágicas y un escándalo que crece incontenible por los antecedentes ya conocidos de corrupción en la puesta en marcha de los trenes gubernamentales.
Quiero señalar algo que no se ha tomado en cuenta, de entrada hay una anomalía administrativa: ¿qué hace la Marina construyendo vías férreas, adquiriendo trenes y operando trenes? La Marina se encarga de barcos, no de trenes.
La responsabilidad en la planeación y administración de trenes corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte mediante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Se ha cometido una falta administrativa y como hay consecuencias mortales, además de adquisiciones indebidas, se han configurado causas penales. ¿Quiénes son los responsables y, en dado caso, los culpables? Esto debe determinarse en primer lugar y si la Fiscalía General de la República no lo hace estaría incumpliendo con su deber legal.
En segundo término es imposible soslayar la red de corrupción que se montó en torno a la construcción del Transocéanico y del Tren Maya que, como se ha hecho público, involucra a hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con los hijos están otros parientes y amigos de quienes ha trascendido también su participación delictuosa y los beneficios obtenidos de la misma.
Hace tiempo se revelaron audios de una conversación telefónica entre Amilcar Olán, un empresario tabasqueño, y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de López Obrador. Comentan acerca de sobornos para hacer aceptables las entregas de balastro a pesar de su mala calidad.
Amílcar Olán concluye con una frase que estremece ahora diciendo que "cuando haya un descarrilamiento" ya será otra cosa. Tiempo después y quizás previendo ese inevitable "descarrilamiento", Amílcar Olán transfirió tres mil millones a un banco suizo y huyó a ese país.
Existen suficientes elementos para que la FGR solicite a Suiza la extradición de este sujeto. Si no lo hace en el contexto de la actual investigación, estaría incurriendo en una falta según me confirmaron dos expertos juriconsultos con quienes comenté este tema, precisamente para fundamentar con la orientación de especialistas este artículo.
Al saberse que Gonzalo "Bobby" López Beltran, hijo de López Obrador, estaba involucrado en el proyecto del Tren Interoceánico, el ex presidente morenista se apresuró a nombrarlo "supervisor honorario", pero dicho cargo no existe en la administración pública y eso lo convierte en ilegal.
De nuevo Amílcar Olán, amigo de Bobby, afirmó en audios revelados que recibió instrucciones de él para manejar negocios relacionados con el proyecto, incluyendo la explotación de bancos de materiales y la venta del balastro, además de la rehabilitación de vías. Todo ello configura un presunto tráfico de influencias y un beneficio delictivo en su red de negocios del hijo de López Obrador con el fugado a Suiza.
Todo el asunto huele a negocios sucios. Las locomotoras y vagones fueron compradas de segunda mano, con más de cincuenta años de uso y fueron rehabilitadas para este proyecto.
Se hizo esta compra en Estados Unidos y el Reino Unido, sin una licitación. Desde Budd Standard Passenger Coach fabricadas hace décadas en EU, locomotoras SD70M desechadas por Union Pacific hasta locomotoras y vagones provenientes de Great Yarmouth, ya inhabilitados. Esta compra de fierros viejos debe ser auditada entre su precio de adquisición y lo declarado oficialmente. Como el comprador fue la Marina se va a querer encubrir como cuestión de seguridad nacional el monto real. Se engañó al declararse que eran trenes modernos.
Se presumió la inversión de más de sesenta mil millones de pesos cuando ya antes la Auditoría Superior de la Federación había reportado irregularidades por 57.75 millones en la línea donde ocurrió el accidente, junto con pagos excesivos, trabajos inexistentes y la denuncia de fallas estructurales.
La "supervisión honoraria" no fue tal, sino solo el patético nombre de un proyecto corrupto a costa de la seguridad de familias mexicanas y de un luto que podía haberse evitado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa el 29 de diciembre de 2025 en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). El Gobierno de México inició las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este 28 de diciembre en Oaxaca (sur) que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, mientras continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida. (EFE/José Méndez)Con este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum descarrila en tres aspectos: 1. Mantener las ocurrencias del ex presidente López Obrador -como mantener a la Marina de operadora ferrocarrilera- está teniendo un costo político muy alto en términos de legalidad y legitimidad.
2.A pesar de su consabido intento para ocultar la realidad, echando la nube de humo propagandística y referirse a la oposición como "carroñera" o de ser zopilotes, para el gobierno este recurso ya está desgastado.
3.No proceder legalmente contra los corruptos sean quienes sean, convierte al gobierno de Sheinbaum en cómplice encubridor y eso, tarde o temprano, puede tener implicaciones legales para la propia Presidente y otros de sus funcionarios.
El gobierno de Sheinbaum se comporta actualmente como un gobierno faccioso, basado en la propaganda como su recurso principal.
A eso le llaman "transformación" dándose las ridículas ínfulas de compararse con la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana.
Acaparar poder y proteger de esa manera a quienes se cubren con el manto guinda, a pesar de sus pillerías, constituye un fracaso político, una derrota moral y un desprestigio patente, ese sí histórico al final.
Me parece que en esta circunstancia es el gobierno quien se descarrila, mientras los mexicanos aprendemos una lección triste e iracunda: la corrupción mata.
