El 24 de octubre, un juez federal de Washington atendió en una audiencia una impugnación al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que adelantó el presidente Donald Trump en la capital del país.
Al mismo tiempo, en otra impugnación al despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Virginia Occidental instaurada en el Distrito de Columbia, un juez estatal de Charleston, Virginia Occidental, aplazó hasta el mes siguiente una audiencia en la que continuará recopilando pruebas sobre el caso.
Trump aseguró que el despliegue de tropas se requiere para contrarrestar la delincuencia y la violencia presentes en Washington y apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en la ciudad.
El 11 de agosto, Trump firmó un memorándum presidencial en el que aseguró que el gobierno local de Washington D. C. "perdió el control del orden público y la seguridad en la ciudad".
"Es una vergüenza nacional que Washington D. C. tenga una tasa de delitos violentos superior a la de algunos de los lugares más peligrosos del mundo", dice el documento.
Aunque la ley federal Posse Comitatus restringe la capacidad del Gobierno federal para utilizar recursos militares para la aplicación de la ley en el ámbito nacional, el presidente puede tomar el control o federalizar las tropas de la Guardia Nacional estatal en situaciones de emergencia en determinadas circunstancias.
Sin embargo, la Guardia Nacional de Washington D. C. se encuentra en una posición única, ya que el Distrito de Columbia es un enclave federal y no es un estado. El presidente es el comandante en jefe de la Guardia Nacional de Washington D. C.
La jueza federal de distrito Jia Cobb escuchó durante dos horas y media los argumentos orales el 24 de octubre sobre la demanda judicial federal del Distrito de Columbia presentada el 4 de septiembre.
La demanda judicial afirma que más de 2200 soldados de la Guardia Nacional de siete estados y del Distrito de Columbia patrullan actualmente las calles de Washington. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos ordenó a las tropas realizar "actividades fundamentales de aplicación de la ley".
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha autorizado a las tropas a participar en otras actividades de aplicación de la ley, como registros, incautaciones y detenciones. El presidente puso a las tropas bajo el control del mando militar de los Estados Unidos, a pesar de que "tienen la condición de milicia estatal y, por lo tanto, están legalmente obligadas a estar bajo el mando exclusivo de sus gobernadores", según la demanda.
Los dirigentes municipales argumentaron en la denuncia que el despliegue por parte del presidente de unidades de la Guardia Nacional para vigilar las calles de Washington sin el consentimiento del alcalde de Washington viola la Ley de Autonomía Local, que es una ley federal, junto con un pacto aprobado por el Congreso que regula la movilización interestatal de las tropas de la Guardia Nacional estatal.
El abogado del gobierno de D.C., Mitchell Reich, dijo durante la audiencia que el despliegue de la administración Trump es ilegal porque ninguna ley autoriza al gobierno federal a realizar actividades de aplicación de la ley en Washington.
Dijo que el Congreso tiene jurisdicción exclusiva, o autoridad, sobre Washington y promulgó un código militar muy detallado que especifica las situaciones en las que el presidente puede desplegar la Guardia Nacional de D.C. Ese código establece que el presidente puede usar la Guardia para combatir disturbios y alteraciones similares, y exige que, antes de hacerlo, las autoridades civiles deben solicitar asistencia, lo cual no han hecho, dijo Reich.
La posición del Gobierno federal es que el presidente tiene "una autoridad esencialmente ilimitada para desplegar la [Guardia Nacional de D.C.] como una fuerza policial paralela en el Distrito de Columbia", dijo.
Reich aseguró que esta interpretación de la ley "va en contra de todos los principios de interpretación estatutaria y derribaría el sistema de autonomía y control local de las fuerzas del orden que promulgó el Congreso".
El abogado dijo que el despliegue de Trump viola tanto la Ley Posse Comitatus como la sección 275 del título 10 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe en general a las unidades militares federales participar en la aplicación de la ley nacional.
El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Eric Hamilton, dijo al tribunal que "las primeras diez semanas de esta misión han sido un éxito" y que la demanda "es una maniobra política profundamente desafortunada".
La misión se está llevando a cabo en virtud de la sección 502(f) del título 32 del Código de los Estados Unidos, que autoriza a la Guardia Nacional a atender el llamado para realizar entrenamientos y otras misiones a petición del presidente o del secretario de Defensa, dijo Hamilton.
La Guardia Nacional que se encuentra ahora en Washington "no son guardias federalizados", dijo. "Aún son guardias estatales bajo la cadena de mando estatal".
Cobb preguntó a Hamilton qué límites impone el título 32 a la autoridad del presidente.
"No tengo ninguna información adicional más allá de lo que ha dicho el Congreso", respondió Hamilton.
"El Congreso ha elegido un lenguaje amplio para esta autoridad del Título 32 para los guardias que permanecen en un estado, donde están bajo la cadena de mando estatal, pero hay algunos fondos federales que están llegando".
"Estos guardias no están haciendo cumplir la ley", dijo el fiscal federal.
La jueza le dijo a Hamilton que "tenía algunas dificultades" con su argumento de que los guardias nacionales no participan en la aplicación de la ley.
"¿No es la actividad de patrulla una actividad de aplicación de la ley si se está armado y patrullando?", dijo. Cobb dijo que Hamilton comenzó su presentación diciendo que el objetivo del despliegue era ayudar a reducir la delincuencia, lo que, según ella, suena como una descripción de lo que ya hace la policía local en Washington D. C.
Hamilton dijo que la Guardia Nacional tiene una función protectora y que las tropas no participan en "actividades policiales fundamentales".
La jueza preguntó a Hamilton si admitía que, al detener a personas en determinadas circunstancias, un miembro de la Guardia Nacional está "llevando a cabo un arresto".
El abogado respondió que cuando un miembro de la Guardia Nacional detiene temporalmente a alguien, "lo hace con fines protectores (...) no lo hace para hacer cumplir la ley".
Hamilton dijo que un guardia detendrá a alguien "para neutralizar lo que era una amenaza, y esto es coherente con su capacidad para proporcionar protección".
Reich dijo durante su alegato que, en la audciencia, Hamilton "no pudo identificar ningún límite al poder del presidente".
Cobb podría dictar sentencia sobre la demanda en cualquier momento.
En Virginia Occidental, el juez del Tribunal de Circuito del condado de Kanawha, Richard Lindsay, se negó el 24 de octubre a pronunciarse sobre la demanda presentada por el Grupo de Acción Ciudadana de Virginia Occidental contra el gobernador Patrick Morrisey. Lindsay ordenó que la audiencia se aplazara hasta el 3 de noviembre.
El juez dijo que quería dar más tiempo al estado para desarrollar argumentos sobre por qué Morrisey tenía autoridad para desplegar la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington.
"Quiero que se aborde esa cuestión", dijo Lindsay.
El grupo sostiene que el gobernador se excedió en sus funciones al enviar entre 300 y 400 miembros de la Guardia Nacional del estado a Washington.
Según el grupo, la ley de Virginia Occidental solo permite al gobernador enviar tropas de la Guardia Nacional fuera del estado por motivos específicos, como responder a un desastre natural o a petición de otro estado.
Con información de The Associated Press.
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