El Senado aprobó el 9 de octubre la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, un proyecto de ley anual considerado "imprescindible" para la seguridad nacional y las fuerzas armadas de Estados Unidos.
El proyecto de ley de 1454 páginas autoriza un presupuesto anual de defensa de 924,700 millones de dólares, de los cuales 878,000 millones se destinaron al Departamento de Defensa y 35,000 millones al Departamento de Energía, responsable del mantenimiento del arsenal nuclear estadounidense. Cabe destacar que el proyecto no financia directamente estos departamentos, esos fondos se proporcionan en proyectos de ley de "asignaciones" aprobados por separado, pero garantiza la continuidad legal de los programas y agencias de defensa y les permite utilizar futuros fondos para diversos fines.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado con 70 votos a favor y 20 en contra, un raro momento de acuerdo bipartidista en medio de un enfrentamiento partidista que ha paralizado al gobierno desde el 1 de octubre. En general, el proyecto de ley ha contado con un amplio apoyo bipartidista cuando se presentó en el pleno.
"Mis colegas y yo hemos dado prioridad a la reindustrialización y la reconstrucción estructural del arsenal. En consecuencia, hemos establecido reformas históricas para modernizar las operaciones de presupuesto y las operaciones de adquisición del Pentágono", escribió el senador Roger Wicker (R-Miss.), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, tras la publicación del proyecto de ley por parte de su comité en julio.
La aprobación del proyecto de ley se había retrasado previamente, ya que los demócratas buscaban un proceso de enmiendas para contrarrestar algunas medidas recientes de la administración Trump.
Estas enmiendas incluían la derogación de la autorización para el uso de la Fuerza Militar contra Irak de 2002, que fue utilizada por el presidente George W. Bush para librar la guerra de Irak; la prohibición de que la Guardia Nacional de varias jurisdicciones asista a las fuerzas del orden federales, como ha hecho el presidente Donald Trump en Washington, DC, a pesar de las objeciones de los demócratas; y la prohibición de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos personalice un avión Boeing 747-8 donado por el Estado de Qatar para utilizarlo como Air Force One, como Trump ha intentado hacer.
Todas estas enmiendas fracasaron en el pleno, ya que requerían 60 votos para ser consideradas, y los demócratas solo cuentan con 47 escaños. Algunos republicanos, como el senador Rand Paul (R-Ky.), un libertario que suele ser crítico con los poderes de guerra, votaron con los demócratas, pero no consiguieron que se aprobaran las enmiendas. Por otro lado, se aprobó una "enmienda de gestión" con 50 cambios no controversiales al proyecto de ley se aprobó antes de la versión final.
Ademas de la autorización general, el proyecto de ley incluye varias reformas en materia de defensa nacional. Extiende una iniciativa de apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su guerra con Rusia hasta 2028, autoriza 500 millones de dólares adicionales para ese programa y requiere que Estados Unidos proporcione apoyo en materia de inteligencia a Ucrania. También autoriza un aumento salarial del 3.8 % para los miembros del servicio militar, la compra de cinco submarinos de misiles balísticos nucleares de clase Columbia y 15 buques de desembarco para transportar a los marines a las zonas de guerra desde el mar, así como la compra de 34 aviones de combate F-35A adicionales.
El proyecto de ley no incluye disposiciones para renombrar formalmente el Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", como ha intentado hacer el presidente mediante una orden ejecutiva. Solo el Congreso tiene la autoridad de cambiar el nombre legal del departamento.
El proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, que ya ha aprobado su propia versión con algunas diferencias. Por lo tanto, se iniciará un proceso de "conferencia" para reconciliar estas diferencias, como suele ocurrir con este tipo de proyectos de ley. Una vez que se alcance un acuerdo literal palabra por palabra, ambas cámaras deberán aprobar esa versión antes de que pueda ser presentada al presidente Trump para su firma y convertirse en ley.
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