La baja participación en Italia echó por tierra los resultados de un referéndum de dos días sobre una serie de reformas importantes, incluyendo una propuesta para flexibilizar las leyes de ciudadanía.
Esta medida buscaba reducir el requisito de residencia para la naturalización de 10 a 5 años a adultos no pertenecientes a la UE que viven en Italia.
Se celebraron cinco referéndums en total. También se preguntó a los votantes italianos si querían introducir cuatro cambios en la legislación laboral.
Esto incluyó la restauración del derecho a la reincorporación de los trabajadores despedidos injustificadamente, la eliminación del límite a las indemnizaciones por despido en empresas con menos de 15 empleados, la modificación de la normativa sobre trabajadores temporales y la ampliación de la responsabilidad por accidentes laborales a los subcontratistas.
Los partidos de la oposición, así como un importante sindicato opuesto al gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, impulsaron los cambios. El sindicato italiano CGIL afirmó haber logrado convocar el referéndum tras reunir millones de firmas en marzo.
Según la firma de análisis electoral Europe Elects, la participación nacional final en el referéndum fue del 30.6 por ciento tras el cierre de los colegios electorales el lunes a la 1:00 p. m. GMT.
Para que cualquier referéndum fuera válido, la participación debía superar el 50 por ciento del electorado. Como resultado, las cinco preguntas del referéndum, incluida la propuesta de ciudadanía, fueron anuladas.
En un comunicado del 9 de junio, el sindicato CGIL afirmó que el referéndum obtuvo 15 millones de votos, lo que, según calificó, constituyó una "enorme manifestación democrática".
"Queda un capital invaluable de militancia y movilización social. Es el comienzo del despertar democrático participativo", declaró el sindicato.
En un mensaje publicado en X tras el resultado, el partido Hermanos de Italia de Meloni afirmó: "Los italianos decidieron: la ciudadanía no se regala".
En una publicación del 10 de junio en la plataforma de redes sociales X, Lara Magoni, diputada al Parlamento Europeo por Hermanos de Italia, afirmó: "La tan esperada 'revuelta social' fue barrida por la decisión del pueblo, que optó por la abstención legítima como forma de protesta".
El partido Hermanos de Italia priorizó la reducción de la inmigración ilegal.
El mes pasado, nueve países de la UE firmaron una carta abierta sobre inmigración el 22 de mayo, exigiendo la reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que limita su capacidad de tomar decisiones políticas en sus propias democracias.
La carta, firmada por Meloni, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro polaco Donald Tusk y otros líderes, afirmaba que la corte impuso demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar de sus territorios en lo que respecta a la deportación de extranjeros delincuentes.
Austria, Bélgica, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania también firmaron la carta solicitando un nuevo diálogo abierto sobre la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La carta afirmaba que el alcance se extendió "demasiado lejos en comparación con las intenciones originales de la Convención, alterando así el equilibrio entre los intereses que deben protegerse".
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, rechazó estas peticiones.
El 24 de mayo, Berset declaró que las cortes no deben utilizarse como arma para obtener beneficios políticos.
Italia es el primer estado de la UE en expulsar con éxito a inmigrantes ilegales fuera de las fronteras del bloque, luego que sus tres primeros intentos fueran bloqueados por cortes nacionales y europeas.
Solo añadiendo a Albania a su lista de terceros países seguros y rebautizando los centros de detención como "centros de repatriación", Italia logró eludir la prohibición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El 14 de abril, envió a 40 inmigrantes ilegales a los centros gestionados por Italia.
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