El Departamento de Educación ha enviado una “solicitud de registros” a la Universidad de Harvard luego de que una revisión de los informes de la institución revelara que las divulgaciones sobre financiamiento extranjero eran “incompletas e inexactas”, según indicó la agencia en un comunicado del 18 de abril.
La solicitud de documentos, realizada en una carta del 17 de abril dirigida a la universidad, otorga a la institución un plazo de 30 días calendario para presentar documentos relacionados con subvenciones, donaciones y contratos provenientes de fuentes extranjeras, así como otra información.
Las instituciones de educación superior que reciben asistencia de fondos federales, como Harvard, están obligadas a revelar la fuente de regalos y contratos extranjeros valorados en USD $250,000 o más al año ante el Departamento de Educación, de acuerdo con la Sección 117 de la Ley de Educación Superior de 1965.
En febrero de 2020, el Departamento de Educación notificó a Harvard sobre la investigación que la agencia llevaba a cabo contra la universidad en virtud de la Sección 117.
El departamento había determinado que los informes de Harvard conforme a la Sección 117 “podrían no incluir y/o reflejar completamente todos los regalos, contratos y/o regalos o contratos restringidos y condicionales que deben ser reportados provenientes de, o con, fuentes extranjeras”.
En diciembre de 2024, el departamento notificó a Harvard los resultados de la investigación. La universidad firmó un acuerdo en el que se comprometía a presentar informes de divulgación enmendados para los años 2014–2019. Harvard también declaró que había establecido procedimientos escritos y sistemas para garantizar el cumplimiento de la Sección 117.
En la carta del 17 de abril dirigida a Harvard, el departamento señaló que una revisión de las recientes divulgaciones conforme a la Sección 117 por parte de la universidad, encontró que “una vez más se han proporcionado divulgaciones incompletas e inexactas” al departamento, en violación del acuerdo de diciembre de 2024.
El departamento solicitó a la universidad que presente nuevamente los registros pertinentes para verificar la “precisión e integridad” del cumplimiento de los requisitos de divulgación establecidos en la Sección 117.
Se le pidió a Harvard que presentara una copia completa y precisa de sus procedimientos y sistemas escritos destinados a garantizar el cumplimiento de la Sección 117.
La universidad debe presentar una lista de todos los regalos, contratos y subvenciones de origen extranjero, así como la identidad de las partes involucradas en cada una de estas transacciones. Se requiere que proporcione nombres completos, direcciones, información de contacto y otros detalles sobre las fuentes extranjeras.
Además, el departamento instruyó a Harvard a proporcionar una lista de “todos los investigadores, académicos, estudiantes y profesores visitantes o temporales en Harvard que provienen de, o están afiliados con, gobiernos extranjeros e individuos extranjeros”.
La secretaria de Educación de EE. UU., Linda McMahon, dijo que la solicitud de registros a Harvard es el “primer paso” de la administración Trump para asegurar que la universidad no esté siendo “manipulada por, ni actuando en nombre de, entidades extranjeras, incluyendo actores hostiles a los intereses de Estados Unidos y de los estudiantes estadounidenses”.
“Como receptora de fondos federales, la Universidad de Harvard debe ser transparente sobre sus relaciones con fuentes y gobiernos extranjeros. Lamentablemente, nuestra revisión indicó que Harvard no ha sido completamente transparente ni precisa en sus divulgaciones, lo cual es inaceptable e ilegal”.
The Epoch Times se puso en contacto con la Universidad de Harvard para solicitar comentarios.
Disputa por financiamiento
La solicitud de registros a Harvard se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración Trump y la universidad en las últimas semanas en torno al tema del financiamiento federal.Hace unas semanas, la Administración de Servicios Generales (GSA), el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzaron una revisión de aproximadamente USD 9 mil millones En fondos federales otorgados a la universidad.
Posteriormente, las tres agencias enviaron una carta a la universidad con una lista inicial de áreas de reforma “que el gobierno considera necesarias para que la Universidad de Harvard mantenga su relación financiera con el gobierno de los Estados Unidos”.
Estas medidas incluían la eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión; la reforma de los procesos de contratación y admisión para priorizar el mérito por encima de criterios raciales o de género; y la prohibición del uso de coberturas faciales durante protestas en el campus.
El 11 de abril, las agencias enviaron otra carta a la universidad con más exigencias, entre ellas, la reforma del proceso de admisión internacional para excluir a solicitantes considerados “partidarios del terrorismo o del antisemitismo” y “hostiles a los valores estadounidenses”.
“Estados Unidos ha invertido en las operaciones de la Universidad de Harvard debido al valor que aporta al país el descubrimiento académico y la excelencia académica. Pero una inversión no es un derecho adquirido”, decía la carta.
“Depende de que Harvard cumpla con las leyes federales de derechos civiles, y solo tiene sentido si Harvard promueve el tipo de entorno que genera creatividad intelectual y rigor académico, ambos antitéticos al adoctrinamiento ideológico”.
Harvard se negó a cumplir con la exigencia de la administración Trump, y el presidente de la universidad, Alan Garber, escribió en una carta abierta dirigida a los miembros de la comunidad de Harvard que la institución “no entregará su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”.
“La receta de la administración va más allá del poder del gobierno federal. Viola los derechos de la Primera Enmienda de Harvard y excede los límites legales de la autoridad del gobierno bajo el Título VI. Y amenaza nuestros valores como institución privada dedicada a la búsqueda, producción y difusión del conocimiento”, decía el mensaje.
“Ningún gobierno —sin importar qué partido esté en el poder—, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”.
Posteriormente, el grupo especial del Departamento de Educación sobre antisemitismo anunció que congelaba USD 2,200 millones en subvenciones y USD 60 millones en contratos destinados a Harvard.
Según el departamento, Harvard ha recibido más de USD 570 millones en fondos del Título IV del gobierno. Aproximadamente el 20 por ciento de sus USD 6,700 estudiantes universitarios recibieron becas federales Pell.
En el año fiscal 2024, la universidad recibió USD 686 millones en fondos federales para investigación, lo que representó su “mayor fuente de apoyo para investigación”.
Mientras tanto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, recientemente amenazó con revocar la capacidad de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros, citando la respuesta de la universidad ante actividades antisemitas durante protestas pro-palestinas contra la guerra en Gaza tras el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel en octubre de 2023.
“Desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, los manifestantes y profesores de Harvard con visas extranjeras han propagado odio antisemita, apuntando a estudiantes judíos”, dijo el DHS.
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