La Legislatura de Carolina del Norte aprobó un paquete de medidas relacionadas con el encarcelamiento y la salud mental tras el fatal apuñalamiento de una refugiada ucraniana el mes pasado.
El proyecto de ley ómnibus impulsado por el Partido Republicano, denominado "Ley de Iryna" en honor a Iryna Zarutska, de 23 años, que fue asesinada en un tren ligero en Charlotte, fue aprobado por la Cámara de Diputados con 81 votos a favor y 31 en contra, tras una votación bipartidista en el Senado el lunes.
El proyecto de ley tiene por objeto endurecer numerosas prácticas del sistema judicial, como las condiciones de la libertad bajo fianza y los requisitos de salud mental para los condenados por delitos. También pretende desbloquear un obstáculo que lleva una década impidiendo al estado llevar a cabo ejecuciones.
El proyecto de ley está ahora a la espera de la decisión del gobernador Josh Stein, ex fiscal general, que no ha dicho públicamente si lo apoyará o no. Un portavoz de la oficina del gobernador dijo que Stein está revisando el paquete.
Stein había declarado anteriormente que apoyaría las reformas previas al juicio como respuesta al asesinato de Zarutska.
Aunque el estado tiene la pena de muerte y más de 120 presos en el corredor de la muerte, no se han llevado a cabo ejecuciones desde 2006. Las impugnaciones judiciales sobre la ética médica congelaron efectivamente las ejecuciones por inyección letal en el estado, que dependía de médicos que supervisaban la administración de los fármacos letales.
Lucha contra la delincuencia
La publicación de las imágenes de las cámaras de seguridad del asesinato de Zarutska en el tren de cercanías provocó la indignación pública, lo que llevó al presidente Donald Trump y a sus aliados republicanos a acusar a Charlotte y a los funcionarios electos de todo el estado de promover políticas blandas contra la delincuencia.El video mostraba a Zarutska con una gorra de béisbol, sentada en el tren frente a un hombre mientras usaba su teléfono.
Entonces, el hombre saca un cuchillo y la apuñala por la espalda. No parecía que los dos hubieran interactuado previamente.
El sospechoso, Decarlos Brown Jr., de 34 años, había sido arrestado más de una docena de veces y fue puesto en libertad a principios de este año por un magistrado por un delito menor sin fianza.

La representante del área de Charlotte, Tricia Cotham, dijo a sus colegas durante dos horas de debate en la Cámara de Representantes que Brown "nunca debería haber salido de la cárcel".
“Las prácticas de captura y liberación de delincuentes violentos terminarán hoy con su apoyo”, dijo Cotham. “Este acto atroz se podía haber evitado”.
Varios demócratas de la Cámara de Representantes pidieron más servicios preventivos de salud mental que no se abordaban en el proyecto de ley, así como más fondos para contratar a más agentes de policía, personal de respuesta a crisis y abordar los problemas de conducta.
“Ser duros con el crimen no solo significa prestar atención al castigo después de los hechos”, dijo la representante Marcia Morey, de Durham, demócrata y exjueza. “Lamentamos el asesinato. Fue absurdo, fue horrible. Pero lo que están votando hoy no hace nada para revertirlo ni lo habría evitado. Seamos inteligentes con el crimen”.
Brown se enfrenta ahora a un cargo de asesinato en primer grado en una corte estatal y a un cargo federal por el asesinato de Zarutska. Ambos son punibles con la pena de muerte. The Epoch Times no ha podido ponerse en contacto con el abogado de Brown.
El proyecto de ley incluye cambios para eliminar la fianza sin efectivo para muchos delitos y limitar la discrecionalidad que tienen actualmente los magistrados y jueces a la hora de tomar decisiones sobre la libertad provisional.
También aumenta los requisitos para la libertad provisional en el caso de “delitos violentos” y exige, por ejemplo, la vigilancia por GPS.
Para abordar los problemas de salud mental, el proyecto de ley describe las condiciones en las que los funcionarios judiciales estarán obligados a ordenar evaluaciones de salud mental y el posible internamiento involuntario de los delincuentes violentos.

Una enmienda presentada por el líder del Senado estatal, Phil Berger, también ordena al secretario del Departamento Correccional para Adultos del estado que utilice otras formas de ejecución, como el pelotón de fusilamiento o la electrocución, si no se dispone de la inyección letal.
“Durante casi dos décadas, los obstáculos judiciales y administrativos han impedido que se haga verdadera justicia a las víctimas, y es hora de que eso termine”, dijo Berger en un comunicado el lunes.
Un voto en contra los demócratas criticaron la iniciativa de Berger de aplicar la pena de muerte, afirmando que es erróneo y cínico imponer castigos "bárbaros" para quitarle la vida a otra persona.
La representante Vernetta Alston, una abogada que anteriormente representó a condenados a muerte en apelaciones, añadió: “Independientemente de lo que se piense sobre la pena de muerte en general, no hay duda de que estos métodos son arriesgados y pueden ser extremadamente espantosos”.
El proyecto de ley también exige que cualquier apelación de la pena de muerte se tramite en un plazo de dos años desde su presentación y que no se concedan aplazamientos, salvo en “circunstancias atenuantes”.
Con información de The Associated Press
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