Una clase de tercer grado en la escuela primaria Brown City, en Brown City, Michigan, el 28 de enero de 2022. (Steven Kovac/The Epoch Times)

Una clase de tercer grado en la escuela primaria Brown City, en Brown City, Michigan, el 28 de enero de 2022. (Steven Kovac/The Epoch Times)

Jueza bloquea esfuerzos de la administración Trump para eliminar la DEI de las escuelas públicas

ESTADOS UNIDOSPor Aaron Gifford
25 de abril de 2025, 0:12 a. m.
| Actualizado el25 de abril de 2025, 0:12 a. m.

Horas antes de que expirara el plazo para que los estados certificaran que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) habían finalizado en las escuelas públicas, una corte federal suspendió el requisito de la administración Trump, poniéndose del lado del sindicato de profesores de la Asociación Nacional de Educación.

La Corte de Distrito de Estados Unidos en New Hampshire concedió la orden judicial preliminar el 24 de abril, antes de la fecha límite de las 5 de la tarde que se había dado a los departamentos de educación estatales para presentar declaraciones firmadas en las que se afirmaba que sus distritos habían cancelado las prácticas de DEI, como la formación en diversidad, la contratación preferencial por raza y género, y la enseñanza en las aulas que promovía ideologías como la teoría crítica de la raza.

El Departamento de Educación pidió a sus homólogos estatales que revisaran las políticas y prácticas de todos los distritos escolares y certificaran el cumplimiento del Título VI, que les prohíbe a los organismos que reciben fondos federales aplicar prácticas discriminatorias por motivos de raza u origen nacional. El sindicato nacional de profesores, con el asesoramiento de la Unión Americana de Libertades Civiles, presentó el mes pasado una demanda para que una corte anulara esa medida.

Las cartas iniciales se enviaron a los estados en febrero y el plazo de certificación se amplió hasta el 24 de abril.

«Cuando las escuelas aceptan recibir fondos federales, están legalmente obligadas a cumplir con las leyes federales contra la discriminación, que han sido ley en el país durante años», dijo Julie Hartman, portavoz del Departamento de Educación, en un correo electrónico enviado a The Epoch Times el 24 de abril, antes de que se anunciara la orden judicial federal.

«El departamento está evaluando los próximos pasos a seguir para aquellos que no cumplan con esta responsabilidad básica».

La jueza Landya McCafferty dictaminó que la carta del Departamento de Educación en la que se esbozaban los requisitos de certificación era imprecisa y no proporcionaba ejemplos de prácticas de DEI que violaran las leyes de derechos civiles.

«Una maestra de primaria podría tratar de establecer una cultura de trato equitativo e inclusivo en su clase pidiendo a sus alumnos que firmen un compromiso colectivo para seguir la 'regla de oro' durante todo el año escolar. Es más que discutible que tal práctica entre dentro de la amplia definición de DEI establecida anteriormente», escribió.

«El Gobierno no puede limitarse a decirle a la gente que 'sea buena' y dejar que los encargados de hacer cumplir la ley decidan qué es 'bueno'».

Los departamentos de educación de los estados de California, Connecticut, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington anunciaron previamente que no proporcionarían una carta de certificación firmada al Departamento de Educación federal, según sus respectivos sitios web.

Algunas de esas agencias informaron que ya habían proporcionado pruebas del cumplimiento del Título VI de conformidad con sus propias leyes estatales o con las directrices federales de administraciones anteriores. El expresidente Joe Biden apoyó la DEI y no consideraba ilegales esos programas.

El Departamento de Educación confirmó anteriormente que Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos, fue el primero en cumplir la orden. Una revisión de los sitios web de los departamentos de educación estatales indicó que New Hampshire, Idaho y Oklahoma también estaban cooperando con la solicitud de certificación.

En Arizona, el comisionado de educación y el fiscal general estaban en desacuerdo sobre el requisito.

Tras la decisión de la corte, la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Becky Pringle, dijo que la medida cautelar garantiza que las escuelas puedan continuar su misión educativa «sin temor a represalias federales» mientras continúa este litigio.

Hartman dijo que el Departamento de Educación no tiene ninguna declaración en este momento sobre la acción judicial.


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