El 20 de mayo, un juez federal ordenó a la Administración Trump que mantuviera bajo custodia a inmigrantes ilegales que serían deportados a Sudán del Sur mientras la corte determina la legalidad de su expulsión.
El juez federal Brian Murphy celebró una audiencia de emergencia el 20 de mayo después de que los abogados de los deportados, todos ellos acusados de delitos, alegaran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había deportado ese mismo día a una docena de inmigrantes ilegales de países como Vietnam y Birmania (también conocido como Myanmar) a Sudán del Sur, en violación de una orden judicial preliminar del 18 de abril.
En una presentación judicial,, los demandantes afirmaron que un ciudadano birmano, que se encontraba entre los deportados y tenía un dominio limitado del inglés, se había negado a firmar una notificación de expulsión que se le había entregado únicamente en inglés.
Esto parecía infringir la orden judicial anterior de Murphy, que exige al DHS proporcionar a los inmigrantes ilegales una notificación por escrito en un idioma que comprendan antes de enviarlos a un tercer país.
Los demandantes también alegaron que el DHS no había proporcionado a los inmigrantes ilegales una «oportunidad significativa» para expresar sus temores sobre su expulsión a un país del que no son ciudadanos.
En la vista, la abogada del Departamento de Justicia, Elianis Pérez, dijo que entre los inmigrantes ilegales deportados a Sudán del Sur se encontraba un vietnamita condenado por asesinato y otra persona condenada por violación.
Murphy ordenó al DHS que mantuviera la custodia y el control de los inmigrantes ilegales deportados a Sudán del Sur con el fin de garantizar la viabilidad práctica de su regreso si posteriormente consideraba que las deportaciones infringían su orden anterior.
«Aunque la corte deja la viabilidad práctica del cumplimiento a la discreción de los demandados, estos han garantizado, y la corte espera, que... [dichas personas] serán tratadas humanamente», declaró el juez en una orden.
Murphy también ordenó al DHS que identificara a los inmigrantes ilegales que habían sido deportados a Sudán del Sur y que aclarara cuándo y cómo se les había notificado la expulsión, así como qué oportunidad se les había dado para expresar sus temores de persecución, tortura o muerte a manos del Estado antes de ser deportados a un tercer país.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.
La decisión siguió a la sentencia de Murphy del 7 de mayo, según la cual cualquier intento de expulsar a inmigrantes ilegales sin garantías procesales constituiría una clara violación de la orden judicial preliminar que dictó el 18 de abril, que le prohibía al DHS deportar a inmigrantes ilegales a un tercer país sin darles primero la oportunidad de plantear cualquier alegación basada en el miedo.
La sentencia del 7 de mayo se produjo después de que en una demanda colectiva se presentara una solicitud de orden de restricción temporal, citando informes de prensa y declaraciones de abogados que indicaban que el DHS se estaba preparando para deportar a varios ciudadanos laosianos, vietnamitas y filipinos a Libia sin esas protecciones.
Tom Ozimek contribuyó a este artículo.
Con información de Reuters
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