El 6 de mayo, un juez federal impidió que el Departamento de Educación de los Estados Unidos cancelara más de mil millones de dólares en fondos destinados a ayudar a paliar el impacto de la pandemia COVID-19 en las escuelas primarias y los estudiantes.
El juez federal Edgardo Ramos dictó una orden judicial preliminar que prohíbe al Departamento de Educación aplicar la revocación de las prórrogas de los fondos que concedió en enero la administración anterior.
Los responsables de educación tampoco pueden modificar las prórrogas previamente aprobadas sin avisar a los estados con al menos 14 días de antelación, según el juez.
El Congreso asignó fondos a los estados para que los distribuyeran entre las escuelas con el fin de abordar los problemas derivados de la pandemia. Se distribuyeron más de 276 mil millones de dólares a los estados a través de un fondo de estabilización de la educación. En virtud de las leyes aprobadas por el Congreso, los estados tenían hasta el 30 de septiembre de 2024 para designar los fondos y hasta el 28 de enero de 2025 para acceder a ellos y cumplir con las designaciones.
Los estados podían solicitar prórrogas para este último plazo y varios lo hicieron. El Departamento de Educación concedió prórrogas al menos a 16 estados y a Washington, lo que les permitió acceder al dinero hasta marzo de 2026. La secretaria de Educación, Linda McMahon, informó a los estados en marzo que las prórrogas se anulaban porque una revisión adicional determinó que "no estaban justificadas", en parte porque la pandemia había terminado, aunque los estados podían volver a solicitarlas.
Los demandantes —Nueva York, Oregón, otros 13 estados, Washington y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro— afirmaron que se enfrentaban a la posibilidad de perder más de mil millones de dólares si no se dictaba una medida cautelar.
En un memorándum en apoyo a su solicitud de medida cautelar, afirmaron que el cambio de postura del Departamento de Educación con respecto a las solicitudes de prórroga era arbitrario y caprichoso y violaba la ley federal. El cambio "asume erróneamente que todas las asignaciones estaban destinadas únicamente a ser utilizadas durante la pandemia" y "carece de cualquier explicación razonada", escribieron.
Los abogados del Gobierno respondieron que las medidas no eran arbitrarias ni caprichosas.
"Las medidas del Departamento no son arbitrarias, caprichosas ni contrarias a la ley, ya que la revocación de la prórroga anterior estaba dentro de la discrecionalidad del Departamento y no entraba en conflicto con las leyes de asignaciones pertinentes", afirmaron en un escrito.
Los abogados también afirmaron que los demandantes no sufrirían un perjuicio irreparable en ausencia de una orden judicial, ya que aún pueden solicitar una nueva prórroga, pero decidieron no hacerlo.
El Departamento de Justicia, que representa a las agencias en la corte, no respondió a una solicitud de comentarios sobre el fallo antes de la publicación.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demócrata, dijo en un comunicado que "esta es una gran victoria para nuestros estudiantes y maestros que cuentan con estos fondos para ayudarles a tener éxito".
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