Una jueza federal de California bloqueó temporalmente al Departamento de Estado de EE. UU. para que no siga adelante con una reorganización prevista que supondría el despido de aproximadamente 2000 personas.
Durante una audiencia virtual celebrada el 13 de junio, la jueza federal Susan Illston afirmó que su orden anterior, emitida en mayo para detener los despidos masivos ordenados por el presidente Donald Trump, también se aplica a la reducción de plantilla prevista por el Departamento de Estado. El Departamento de Justicia reconoció durante la audiencia que las notificaciones de despido que iban a emitirse el sábado ya no se enviarían.
El Departamento de Estado había argumentado que su plan de reorganización, presentado al Congreso el mes pasado, era anterior a la orden ejecutiva de Trump de febrero y a un memorándum de la Casa Blanca en el que se ordenaban recortes a gran escala en la plantilla federal. Por lo tanto, según el departamento, su plan no debería entrar en el ámbito de aplicación de la orden judicial.
La impugnación legal fue presentada por una coalición de sindicatos, organizaciones de defensa y gobiernos locales, entre los que se encuentran la Federación Americana de Empleados del Gobierno, la Alianza de Estadistas Jubilados, la Asociación Americana de Salud Pública, el Centro para los Derechos de los Contribuyentes y municipios de California, Illinois, Maryland, Texas y Washington.
Los demandantes argumentan que Trump se extralimitó en su autoridad constitucional al ordenar a los jefes de las agencias que iniciaran reducciones de plantilla a gran escala (RIF) sin la aprobación del Congreso. También alegan que la iniciativa ha provocado una perturbación generalizada en todas las agencias, lo que ha afectado a servicios esenciales.
La orden ejecutiva del presidente del 11 de febrero pedía una "transformación crítica de la burocracia federal" y buscaba eliminar lo que él describió como "despilfarro, hinchazón y aislamiento" en la plantilla federal.
La iniciativa se vio reforzada por un memorándum del 26 de febrero de la Oficina de Gestión y Presupuesto y la Oficina de Gestión de Personal, que ordenaba a las agencias preparar y presentar planes detallados de RIF y reorganización.
En respuesta a la demanda, los abogados de la administración argumentaron que la orden ejecutiva y el memorándum que la acompañaba se limitaban a establecer directrices generales y dejaban las decisiones de aplicación a la discreción de cada agencia.
El 9 de mayo, la jueza Illston emitió una orden de restricción temporal que impedía a las agencias federales llevar a cabo despidos masivos en virtud de la directiva. "Los tribunales federales no deben microgestionar la vasta plantilla federal, pero a veces deben actuar para preservar el equilibrio adecuado entre los tres poderes del Estado", escribió. Citando un escrito de un grupo de exfuncionarios conservadores, añadió: "El poder presidencial sin control no es lo que tenían en mente los fundadores".
Mientras el tribunal consideraba si convertir la orden de restricción temporal en una orden judicial preliminar, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que las agencias, incluido el Departamento de Estado, tienen autoridad independiente para llevar a cabo RIF, siempre que cumplan con los estatutos existentes. "Las agencias pueden llevar a cabo RIF en virtud de sus autoridades existentes, que son independientes de la Orden Ejecutiva sobre la Fuerza Laboral y del proceso establecido en el Memorándum sobre la Fuerza Laboral", escribió el gobierno en un documento presentado el 19 de mayo.
Illston no estuvo de acuerdo y el 22 de mayo dictó una orden judicial preliminar que prorrogaba la congelación de las reducciones de personal, reiterando que Trump carecía de la autoridad unilateral para llevar a cabo una amplia reorganización de la plantilla federal.
En ese momento, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, calificó la sentencia de "una extralimitación judicial extrema en el poder ejecutivo".
La administración Trump apeló esa decisión ante el Noveno Circuito y la perdió. Una petición de revisión está actualmente pendiente ante la Corte Suprema.
El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión del juez del 13 de junio.
Con información de Reuters.
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