Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la calle North Clark, en el barrio River North de Chicago, el 28 de septiembre de 2025. (Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times vía AP)

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la calle North Clark, en el barrio River North de Chicago, el 28 de septiembre de 2025. (Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times vía AP)

Juez federal evalúa bloquear despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Chicago

La Guardia Nacional de Texas se desplegó en Chicago como parte del esfuerzo de Trump para abordar las altas tasas de criminalidad de la ciudad

ILLINOIS

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9 de octubre de 2025, 10:26 p. m.
| Actualizado el9 de octubre de 2025, 10:26 p. m.

CHICAGO—El 9 de octubre, un juez federal escuchó los argumentos sobre bloquear el despliegue del presidente Donald Trump de tropas de la Guardia Nacional de Texas en Chicago.

El 6 de octubre, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda contra Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un intento por detener el despliegue.

"El despliegue de la Guardia Nacional federalizada, incluida la de otro estado, infringe la soberanía y el derecho al autogobierno de Illinois", reza la demanda.

"Solo provocará más disturbios, dañará el tejido social y las relaciones comunitarias y aumentará la desconfianza hacia la policía".

Christopher Wells, de la Fiscalía General de Illinois, en representación del estado, dijo que el discurso de la administración sobre una rebelión en ciernes es "una afirmación muy audaz".

"[El despliegue] tiene que ver con la animadversión del presidente hacia esta comunidad", dijo.

Wells citó el discurso de Trump del 30 de septiembre, en el que sugirió que podría utilizar ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para el ejército y alegó que el presidente podría ir más allá del uso de la Guardia Nacional.

El fiscal general adjunto Eric Hamilton dijo que el "peligro de una rebelión" es suficiente para justificar el despliegue en virtud del artículo 10 U.S.C. 12406.

"Chicago está siendo testigo de una nueva y descarada forma de hostilidad por parte de los alborotadores que tienen como objetivo las fuerzas del orden federales", declaró Hamilton ante la corte.

La jueza April Perry, jueza de distrito del Distrito Norte de Illinois, dijo que le preocupaba que no hubiera barreras de protección en la zona de actividad de las tropas y que esto pudiera extenderse a otras partes del estado.

"¿A cualquier parte del estado de Illinois?", le preguntó a Hamilton.

"Podría ser", respondió él.

Perry también se mostró preocupado por el alcance de la actividad de la Guardia Nacional y preguntó si se dedicarían al control de multitudes o a perseguir a delincuentes o vehículos.

Hamilton dijo que no estaba seguro de esos detalles.

Perry también sugirió que los manifestantes solo están "armando jaleo".

El caso sigue al anterior despliegue de Trump de la Guardia Nacional en Los Ángeles para controlar las protestas contra los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus operaciones.

En una declaración publicada en X a última hora del 8 de octubre, el Comando Norte de los Estados Unidos dijo que los guardias estaban "empleados en el área metropolitana de Chicago", protegiendo al ICE y a otros componentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció un aumento de los recursos para la aplicación de la ley de inmigración en Chicago a finales de agosto.

Trump también estuvo indicando durante semanas que enviaría tropas a la Ciudad del Viento para sofocar la delincuencia, imitando iniciativas similares llevadas a cabo en la capital del país a principios de este año.

"[El gobernador de Illinois, JB] Pritzker necesita ayuda urgentemente, solo que aún no lo sabe", escribió el presidente en Truth Social el 2 de septiembre, tras un fin de semana especialmente sangriento en el que se produjeron 54 tiroteos y ocho asesinatos en la ciudad.

Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, expresaron constantemente su oposición a la intervención federal.

El 30 de agosto, Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los oficiales del Departamento de Policía de Chicago participar en operaciones conjuntas con las fuerzas del orden federales o las tropas de la Guardia Nacional.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo el 2 de octubre que los oficiales del ICE fueron objeto de dos incidentes separados por parte de inmigrantes ilegales que intentaron embestirlos con sus coches.

El 4 de octubre, anunció que 10 coches rodearon un vehículo policial que patrullaba en Broadview, un pueblo a pocos kilómetros de Chicago.

Después de que los oficiales salieran del vehículo, uno de los coches intentó embestirlos. Los oficiales dispararon en defensa propia, hiriendo a una mujer armada con un rifle semiautomático. La mujer fue identificada previamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por difundir información personal de oficiales en Internet.

2Desgraciadamente, el Departamento de Policía de Chicago de JB Pritzker está abandonando el lugar del tiroteo y se niega a ayudarnos a asegurar la zona", dijo McLaughlin.

Ese mismo día, Hegseth invocó la sección 12406 del título 10 del Código de los Estados Unidos, tomando el control de hasta 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois. El 5 de octubre, convocó a miembros de la Guardia Nacional de Texas y los envió a Illinois.

El 8 de octubre, una multitud de manifestantes contra el ICE, estimada entre varios cientos y más de mil personas, marchó por el centro de Chicago.

Los acontecimientos del 9 de octubre se producen después de que, el 4 de octubre, un juez federal bloqueara temporalmente a Trump el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de California en Portland, Oregón. Una instalación del ICE en esa ciudad fue escenario de protestas durante meses.

Al día siguiente, el juez amplió ese bloqueo para incluir a la Guardia Nacional de cualquier estado la orden expira el 19 de octubre.


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