Los inmigrantes ilegales detenidos en Tacoma, Washington, tienen derecho a solicitar la libertad bajo fianza, según la sentencia de una jueza federal.
La jueza federal Tiffany Cartwright emitió un fallo sumario que afecta a los detenidos en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Noroeste el 30 de septiembre, en el que afirma que algunos detenidos "no están sujetos a detención obligatoria".
Por lo tanto, la jueza dictaminó que retenerlos sin la posibilidad de fianza viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Las personas detenidas en el centro tienen ahora derecho a solicitar su liberación, a pesar de la política del gobierno federal que niega las audiencias de fianza a los inmigrantes ilegales encarcelados.
El caso se presentó en nombre de varios detenidos en el centro de Washington, entre ellos Roman Rodriguez, que había vivido en el estado de Washington durante 16 años antes de su detención por violaciones de las leyes de inmigración.
En julio, el director en funciones del ICE, Todd Lyons, adoptó una política para los jueces de inmigración que no permite la puesta en libertad de inmigrantes ilegales sin una excepción específica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según la orden de la jueza, la política nacional dice que “todos los no ciudadanos que no hayan sido admitidos legalmente, incluidos los que ya se encuentran en Estados Unidos, ya no podrán ser liberados de la custodia del ICE mientras duren los procedimientos de expulsión, salvo en caso de libertad condicional discrecional”.
La política también establece que "incluso aquellos con fuertes vínculos con la comunidad y sin antecedentes penales" no son elegibles para una audiencia de fianza, y la corte determinó que el grupo tenía una "reclamación plausible" de que las demoras en la audiencia de sus apelaciones violaban el debido proceso.
Según el abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, Matt Adams, la sentencia de la jueza solo se aplica a los detenidos en esa ciudad y no sentará un precedente aplicable a todas las instalaciones del ICE en todo el país.
Sin embargo, varios grupos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han presentado una demanda similar en California para impugnar la norma para todos los inmigrantes ilegales.
La ACLU también está presionando para que se produzca un cambio en Massachusetts mediante una denuncia contra el DHS, alegando que la denegación de las audiencias de fianza es una violación del debido proceso.
“Cuando el gobierno arresta a cualquier persona dentro de Estados Unidos, debe demostrar ante un juez que existe una razón real para su detención”, dijo en un comunicado Daniel McFadden, abogado gerente de la ACLU de Massachusetts. “Nuestro cliente y otras personas en su misma situación tienen el derecho constitucional y legal de recibir una audiencia de fianza precisamente con ese fin”.
Con información de Associated Press
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