Unos 122 inmigrantes ilegales fueron deportados a China el 3 de junio como parte de los esfuerzos de control de la inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según informó el 9 de junio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El ICE declaró que los deportados, de entre 19 y 68 años, fueron embarcados en un «vuelo chárter especial de alto riesgo» tras recibir las órdenes definitivas de expulsión de los centros de detención en los que habían sido recluidos en Estados Unidos.
«Gracias a la colaboración entre agencias y la coordinación entre las oficinas locales del ICE, hemos logrado expulsar a estas personas, muchas de las cuales habían sido condenadas por delitos graves», declaró Josh Johnson, director en funciones de la Oficina Local de Operaciones de Control y Expulsión del ICE en Dallas.
«Esta operación no solo mejora la seguridad pública de nuestras comunidades en todo Estados Unidos, sino que también refuerza la seguridad nacional», añadió Johnson.
Algunos de los inmigrantes ilegales a bordo del vuelo habían sido condenados por delitos graves, entre ellos asesinato, actos obscenos con menores, tráfico de personas, violación y tráfico de drogas, según el ICE.
Las autoridades federales intensificaron las detenciones a inmigrantes ilegales con antecedentes penales en todo el país como parte de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump para hacer cumplir la ley federal de Estados Unidos.
El 30 de mayo, agentes federales de inmigración de Los Ángeles arrestaron a 36 ciudadanos chinos y taiwaneses durante una redada en un club nocturno clandestino. Las personas eran sospechosas de «estar en situación irregular» en el país.
El director en funciones del ICE, Todd Lyons, dijo en una entrevista en Fox & Friends la semana pasada que la agencia estaba realizando una media de 1600 detenciones diarias de inmigrantes ilegales, y añadió que podría hacer aún más.
Desde el 6 de junio se han producido protestas en Los Ángeles contra las medidas de control de la inmigración federal, lo que ha llevado al presidente a desplegar a miembros de la Guardia Nacional para restablecer el orden en contra de los deseos del gobernador. Posteriormente, estallaron protestas esporádicas en la ciudad de Nueva York y San Francisco, que dieron lugar a decenas de detenciones por episodios de violencia e interferencia con los agentes federales, lo que constituye un delito federal grave castigado con multas y penas de prisión.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró el 7 de junio a NTD, medio asociado a The Epoch Times, que los alborotadores estaban «agrediendo a los agentes de ICE, pinchando neumáticos y destrozando edificios y propiedades financiadas con dinero de los contribuyentes», y señaló que 800 manifestantes habían rodeado y, en un momento dado, irrumpido en la primera línea de un edificio de las fuerzas del orden federales en Los Ángeles.
El 9 de junio, la administración Trump autorizó el despliegue de otros 2000 guardias nacionales adicionales en Los Ángeles, mientras continúan los disturbios en toda la ciudad, que se suman a los 2100 guardias que ya se encuentran en la ciudad, una medida que el gobernador de California, Gavin Newsom, denunció como una violación a la soberanía estatal.
Los guardias coordinarán con 700 marines que también fueron enviados a la ciudad.
Su despliegue se llevó a cabo sin invocar la Ley de Insurrección, lo que significa que la autoridad de cualquier guardia o marine desplegado se limita exclusivamente a proteger los intereses federales en la región. No están autorizados a realizar detenciones ni a llevar a cabo funciones generales de aplicación de la ley.
Rudy Blalock y Joseph Lord contribuyeron a este artículo
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