Tres gobernadores demócratas testificarán ante los legisladores de la Cámara de Representantes el próximo mes sobre las políticas de santuario de sus estados.
Los gobernadores JB Pritzker, Tim Walz y Kathy Hochul, de Illinois, Minnesota y Nueva York, respectivamente, están programados para prestar testimonio el 12 de junio.
Los tres deben explicar las políticas de inmigración de sus estados y su cooperación con las autoridades federales de inmigración ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, según el presidente James Comer (R-Ky.).
En enero Comer inició una investigación sobre las ciudades santuario. Las jurisdicciones santuario se definen como estados, condados o ciudades que limitan su cooperación con los esfuerzos para deportar a los inmigrantes ilegales.
"La administración Trump está tomando medidas decisivas para deportar a los inmigrantes ilegales criminales de nuestra nación, pero estados santuario imprudentes como Illinois, Minnesota y Nueva York están tratando activamente de obstruir la aplicación de las leyes federales de inmigración", escribió Comer en un comunicado del 6 de mayo. "Los gobernadores de estos estados deben explicar por qué dan prioridad a la protección de los extranjeros ilegales criminales por encima de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, y deben rendir cuentas".
NTD llamó a la oficina de Pritzker para obtener una declaración y la confirmación de su asistencia, pero no recibió una respuesta inmediata. NTD también se puso en contacto por correo electrónico con las oficinas de prensa de Hochul y Walz, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Este es el segundo grupo de líderes citado a Washington para testificar sobre políticas de santuario. El panel de la Cámara de Representantes celebró una audiencia el 5 de marzo con la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, el alcalde de Denver, Mike Johnston, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, sobre las políticas de santuario de sus ciudades. Los alcaldes se negaron a cambiar sus políticas que obstruyen los esfuerzos de las autoridades federales de inmigración para expulsar a delincuentes extranjeros de Estados Unidos, según Comer.
Sin embargo, Adams sugirió anteriormente que cooperaría más con las agencias federales. A principios de este año, el alcalde de Nueva York llegó a un acuerdo con la administración Trump para restablecer una oficina de inmigración en la famosa cárcel estatal de Rikers Island.
“Debemos comunicarnos con Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y si ICE determina deportar, entonces debe hacerlo”, dijo Adams. “El hecho de que no podamos compartir con ICE que esta persona cometió tres robos, que forma parte de una pandilla organizada, el hecho de que no podamos comunicar eso, me resulta problemático”.
El representante Gerry Connolly (D-Va.), primer demócrata del panel, dijo que la próxima audiencia de la Cámara con el trío de gobernadores ocurre solo porque los republicanos fracasaron en su primera audiencia con el grupo de alcaldes.
“El presidente Comer y los republicanos no consiguieron los momentos decisivos que querían durante la audiencia de marzo, en la que los demócratas de la Comisión de Supervisión y los alcaldes demócratas rechazaron sus ataques abiertamente políticos y denunciaron a la administración Trump y a los republicanos del Congreso por sus ataques crueles e ilegales contra los inmigrantes, sus hijos y sus familias”, escribió Connolly en un comunicado.
Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en un comunicado separado, dijeron que acogían con satisfacción la oportunidad de luchar por unas políticas de inmigración humanas, alegando que la administración Trump ha aplicado una agenda cruel y extremista que solo hace que el país sea menos seguro.
La audiencia de la Cámara de Representantes forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para combatir la inmigración ilegal y la actividad criminal. Trump, durante las elecciones presidenciales de 2024, prometió realizar la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Según la Casa Blanca, se han producido 139,000 deportaciones desde que el presidente Trump asumió el cargo.
El presidente firmó una orden ejecutiva en la que pedía a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que elaboraran una lista de ciudades y estados que “obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración”.
Además de los llamados “gobernadores santuario”, otras personas con cargos de alto perfil han sido acusadas de obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración. En un caso, una jueza de Wisconsin fue acusada de ayudar a un inmigrante ilegal en su sala de audiencias a evadir a los agentes del ICE. La jueza fue acusada de ocultar a un individuo para impedir su descubrimiento y arresto y de obstruir o impedir un proceso. En otro caso, un exjuez de Nuevo México y su esposa fueron arrestados y acusados de dar refugio a un presunto miembro de una banda criminal venezolana.
De NTD News
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