El Fiscal General de Brasil, Paulo Gonet Branco, pidió el 14 de julio condenar al expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus excolaboradores por el supuesto intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
La Fiscalía General de la Nación presentó al Supremo Tribunal Federal (STF) un documento con las alegaciones finales de la Acción Penal 2668 impuesta contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por efectuar "actos contrarios al Estado Democrático de Derecho".
En el documento, el fiscal Gonet Branco destacó que la acusación "se basó en un amplio conjunto de pruebas como manuscritos, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que revelan la trama conspirativa contra las instituciones democráticas", según un comunicado de prensa de la Fiscalía del 14 de julio.
Según Gonet Branco, los testimonios e interrogatorios a lo largo del juicio, que inició el 25 de marzo, revelaron que los acusados participaron en una "organización criminal" que buscaba obstaculizar el funcionamiento de los poderes de la República y derrocar a un gobierno legítimamente elegido, y atentar contra los edificios del gobierno.
Los otros siete acusados son Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Abin; Almir Garnier, excomandante de la Armada; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro del GSI (Gabinete de Seguridad Institucional); Mauro Cid, exayudante de campo de la Presidencia; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil.
La demanda busca imputar a los acusados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de la propiedad catalogada, que en conjunto podrían acarrear una pena máxima de hasta 43 años de prisión.
El expresidente Jair Bolsonaro negó la acusaciones, asegurando que los hechos demuestran lo contrario y calificó la demanda como una persecución.
"Todas las acusaciones son falsas. Nunca he atentado contra la democracia ni contra la Constitución. (...) Estamos viviendo una verdadera CACERÍA DE BRUJAS, una persecución descarada contra mí y contra los millones de brasileños a quienes represento y a quienes doy voz", señaló Bolsonaro en una publicación en su cuenta de X del 14 de julio. "Todo basado en una denuncia falsa y llena de inconsistencias, obtenida por el delator mediante presión".
Flávio Bolsonaro, senador de Brasil e hijo del expresidente, también se pronunció tras la solicitud del fiscal Gonet Branco.
"La democracia ha sido secuestrada en Brasil, ¡y lucharemos por rescatarla! Esto va mucho más allá de Bolsonaro y la derecha", escribió en una publicación en X.
Por su parte, la oficina del Subsecretario de Diplomacia Pública de Estados Unidos calificó la demanda como una "vergüenza", en una publicación en X, y declaró que el presidente Donald Trump envió una carta al Tribunal Supremo de Brasil y al gobierno de Lula Da Silva advirtiendo que impondrá "repercusiones que se esperaban desde hace ya mucho tiempo" por sus ataques a Jair Bolsonaro, la libertad de expresión y el comercio estadounidense.
"Tales ataques son una vergüenza y están muy por debajo de la dignidad de la democracia brasileña", dice la publicación del 14 de julio.
El 9 de julio pasado, el presidente Trump publicó en Truth Social una copia de una carta enviada al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la que acusaba a la nación de convertirse en una «vergüenza internacional» debido al juicio en curso contra su expresidente Bolsonaro, aliado de Trump. La carta amenazaba con imponer un arancel del 50 por ciento a las exportaciones de Brasil a Estados Unidos.
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