La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA) advirtió este fin de semana a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua tras el decomiso de varios kilómetros de tierras fronterizas.
"La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región", escribió la oficina a través de un comunicado en X.
"Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado", alertó la WHA el pasado 9 de agosto.
El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras su llegada al poder en 1979 como un gobierno socialista ha recibido críticas internacionales por su autoritarismo, represión y corrupción.
Unos días antes, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 5 de agosto de manera unánime y expedita la Ley de Territorio Fronterizo, Ley N° 1258.
La nueva ley del gobierno sandinista establece "una franja de quince kilómetros desde las fronteras hacia el interior del país como una zona de resguardo estratégico y propiedad del Estado", según el medio estatal El 19 Digital.
Según este medio oficial, la definición de Territorio Fronterizo permite que el estado actué con mayor capacidad jurídica y operativa. Por lo que ahora, estas áreas serán objeto de atención prioritaria estatal.
Juan Sebastián Chamorro, economista y precandidato a la presidencia de Nicaragua en 2021, quien tras anunciar su candidatura fue detenido por el gobierno sandinista, calificó la nueva ley como un robo.
"El robo de hoy que pasa al Estado unos 18 mil kilómetros cuadrados (aproximadamente 1230 kms de fronteras por 15 de ancho) constituye la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua", dijo el pasado 5 de agosto a través de un posteo en X.
"Tendrá efectos devastadores en los derechos de propiedad y las inversiones", agregó.
La organización opositora al liderazgo nicaragüense, Unidad Nacional Azul y Blanco, señaló también que la nueva Ley de Territorios Fronterizos de Nicaragua, "es una confiscación masiva" que afectará a 27 municipios, miles de viviendas y fincas, además de inversiones en la zona.
"Es otra muestra de la inseguridad jurídica que vivimos los nicaragüenses en todos los campos", dijo la organización nicaragüense el 6 de agosto a través de X. "Solo en democracia habrá plena seguridad jurídica para todos".
En años anteriores el gobierno sandinista fue señalado por actores internacionales por persecución religiosa contra cristianos y líderes católicos que permanecían en el país, y por despojar de su nacionalidad a más de 300 opositores en violación a los Derechos Humanos.
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