El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia anunciaron una nueva norma federal conjunta que agiliza el proceso de imposición de multas a los inmigrantes ilegales, haciéndolo más fácil y eficiente, según informó el DHS en un comunicado del 27 de junio.
«El proceso actual exige notificar a los extranjeros ilegales con 30 días de antelación la intención de multarlos antes de imponerles la multa», señala el comunicado. La nueva norma «eliminará el periodo de preaviso de 30 días, autorizará a los funcionarios de inmigración del DHS a enviar las multas a los extranjeros ilegales por correo ordinario y acortará el proceso que se aplica si los extranjeros ilegales impugnan sus multas».
Según el DHS, el nuevo proceso de imposición de multas se aplica a los extranjeros que han entrado ilegalmente en Estados Unidos, que retrasan su expulsión del país o ignoran las órdenes de expulsión, y que no cumplen los acuerdos para acatar las órdenes de salida voluntaria dictadas por los jueces.
Por cada entrada ilegal o intento de entrada, se impondrá una multa de entre 100 y 500 dólares. El incumplimiento de una orden de expulsión conlleva una multa de hasta 998 dólares al día, mientras que la negativa a acatar una orden de salida voluntaria conlleva una multa de entre 1992 y 9970 dólares.
El DHS afirmó que estas multas se impusieron inicialmente durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero se suspendieron tras la toma de posesión del presidente Joe Biden.
Durante el segundo mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a imponer de nuevo multas por incumplimiento de la obligación de salir del país. Hasta ahora, el ICE ha emitido casi 10,000 notificaciones de multa, según el DHS.
«La ley no se aplica por sí sola; debe haber consecuencias por infringirla», afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin.
Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, «defenden la ley y el orden y hacen que nuestro gobierno sea más eficaz y eficiente a la hora de aplicar las leyes de inmigración del pueblo estadounidense. Las sanciones económicas como estas son solo una razón más por la que los extranjeros ilegales deberían utilizar CBP Home para auto deportarse ahora, antes de que sea demasiado tarde».
Los inmigrantes ilegales que se registren para salir voluntariamente de Estados Unidos a través de la aplicación CBP Home recibirán una bonificación de 1000 dólares, así como el viaje gratuito, según el DHS. Además, se condonarán las multas impuestas a dichos inmigrantes ilegales por no abandonar el país.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo se ha puesto del lado de la Administración Trump en la cuestión de la deportación de inmigrantes ilegales a países distintos de sus países de origen, emitiendo el 23 de junio una sentencia que suspende temporalmente una orden de un tribunal inferior que bloqueaba tales esfuerzos.
En su solicitud de emergencia al tribunal, el gobierno había argumentado que existía una «crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser expulsados son a menudo los más difíciles de expulsar».
La administración ha tratado de acelerar los esfuerzos de deportación «expulsando a los extranjeros a terceros países que han aceptado acogerlos», afirmó.
Lucha contra la inmigración ilegal
Bajo la Administración Trump, se ha producido un descenso significativo de la entrada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.En un comunicado del 17 de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirmó que el total de encuentros en todo el país, incluidos los puertos de entrada, fue de una media de 952 personas al día el mes pasado, lo que supone «la segunda cifra media diaria más baja de encuentros de la CBP en la historia».
La política del gobierno federal contra la inmigración ilegal también ha encontrado resistencia. Por ejemplo, la propuesta de la Administración Trump de construir un centro de detención para inmigrantes ilegales en los Everglades de Florida, apodado "Alcatraz de los caimanes", se enfrenta a impugnaciones legales por parte de grupos ecologistas.
Los demandantes argumentaron que la decisión de construir las instalaciones se tomó sin llevar a cabo los estudios medioambientales necesarios.
El director de comunicaciones del gobernador, Bryan Griffin, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times: «El gobernador Ron DeSantis ha insistido en que Florida será un multiplicador de fuerzas para la aplicación de la ley federal de inmigración, y este centro es una operación necesaria para las deportaciones masivas, ubicado en un aeropuerto ya existente que no tendrá ningún impacto en el medio ambiente circundante».
Mientras tanto, la CBP anunció el 18 de junio que adjudicaba un contrato de 309 millones de dólares para la construcción de 27 millas de nuevo muro fronterizo en Arizona.
El muro, que se construirá en el condado de Santa Cruz, está situado dentro del sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza.
«El sector de Tucson es una zona con un alto índice de intentos de entrada ilegal y en la que se produce un gran número de personas y narcóticos que entran ilegalmente en el país», afirmó la agencia.
«La continuación de la construcción del muro fronterizo en Tucson reforzará la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para impedir y denegar los cruces ilegales de la frontera y las actividades de tráfico de drogas y personas de las organizaciones criminales transnacionales».
T.J. Muscaro ha contribuido a este informe.
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