La Administración Trump sancionará a cuatro funcionarios judiciales cubanos por su presunta participación en la detención de un disidente político en 2020, según anunció el miércoles el secretario de Estado Marco Rubio.
Rubio identificó a las cuatro personas como la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama.
Afirmó que los cuatro estaban siendo sancionados por el Departamento de Estado debido a una «grave violación de los derechos humanos», concretamente la «detención arbitraria» del disidente cubano Luis Robles Elizástigui.
Las cuatro personas sancionadas trabajan en el Tribunal Provincial del Pueblo de La Habana, donde supervisaron el enjuiciamiento, la condena y la sentencia de Robles Elizástigui en nombre del régimen cubano, dijo Rubio.
Como resultado de las sanciones, se prohíbe la entrada a Estados Unidos a estas personas y a sus familias, afirmó.
«Los jueces y fiscales que son agentes del régimen, y no de un poder judicial independiente, desempeñan un papel fundamental en estas detenciones y enjuiciamientos arbitrarios», dijo Rubio en un comunicado. «Son responsables de los procesos legales ficticios que persiguen, condenan y sentencian injustamente a personas por expresarse pacíficamente y por su activismo».
Robles Elizástigui fue detenido mientras protestaba en La Habana, capital de Cuba, en diciembre de 2020, cuando portaba un cartel en el que se leía «Libertad» y «No más represión».
Según su familia y grupos defensores de los derechos humanos, fue acusado de «desobediencia» y «propaganda enemiga».
Robles fue liberado de prisión en enero como parte de un acuerdo del gobierno de Biden negociado por el Vaticano.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, afirmó que las sanciones contra estas cuatro personas son una prueba más de que el gobierno de Trump está «comprometido a exigir responsabilidades a los funcionarios del régimen cubano implicados en violaciones de los derechos humanos».
«Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para defender los derechos humanos del pueblo cubano y animaremos a nuestros aliados y socios a hacer lo mismo», declaró.
Rubio condena la nueva detención de presos políticos
Rubio también llamó la atención sobre los nuevos arrestos de presos políticos que, según él, están siendo devueltos a la cárcel por «motivos frívolos», entre ellos el destacado activista de derechos humanos José Daniel Ferrer, que fundó en 2011 un grupo opositor llamado Unión Patriótica Nacional (Unpacu).Ferrer fue detenido de nuevo en abril por supuestamente violar los términos de su libertad condicional, solo tres meses después de su liberación.
No se presentó a dos audiencias judiciales obligatorias, lo que supone una violación de la legislación cubana y de las condiciones de su libertad, según informó Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Popular Supremo de Cuba, en un comunicado a Reuters el martes.
El activista, que fue detenido inicialmente en 2021 tras las protestas contra el Gobierno, ha mantenido desde el principio que fue encarcelado injustamente por las autoridades cubanas y afirma que su presencia en cualquier audiencia judicial es innecesaria.
Rubio también destacó la nueva detención en abril de Félix Navarro, otro disidente de alto perfil.
Navarro, que fue condenado a nueve años de prisión tras las protestas de 2021, fue puesto en libertad en enero.
Fue detenido nuevamente tras violar los términos de su libertad condicional al salir del municipio en el que reside sin solicitar previamente autorización a un juez, según informó Sosa.
Sosa señaló que, además de presuntamente incumplir los términos de su libertad condicional, tanto Ferrer como Navarro «son personas que incitan públicamente al desorden y al desacato a las autoridades en sus entornos sociales y en Internet, y mantienen vínculos públicos con el jefe de la embajada de Estados Unidos».
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba acogió con satisfacción las sanciones contra los cuatro funcionarios judiciales en un comunicado publicado en la red social X.
«Los jueces y fiscales que permiten la represión deben rendir cuentas», afirmó la organización. «La justicia para el pueblo cubano comienza con el fin de la impunidad».
El régimen cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, secretario del Partido Comunista de Cuba, no respondió de inmediato al anuncio de Rubio.
The Epoch Times se puso en contacto con un portavoz del Gobierno cubano para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
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