Una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda judicial contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por bloquear las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para inmigrantes.
La demanda, presentada el 26 de noviembre ante la Corte Federal de Distrito de Oregón, se dirige contra ciertas disposiciones de "La Gran y Hermosa Ley" (OBBB), promulgada por el presidente Donald Trump, que restringe la elegibilidad de los inmigrantes.
Antes de la OBBB, ciertos inmigrantes que se encontraban en situación legal tenían derecho a las prestaciones del SNAP siempre que cumplieran los requisitos de elegibilidad y completaran un período de espera de cinco años, a menos que estuvieran exentos por la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (PRWORA), según una publicación del USDA del 31 de octubre.
"Tras la OBBB, algunos grupos de extranjeros que antes podían optar al SNAP ya no pueden hacerlo", dice.
El 31 de octubre, el USDA envió un memorándum con orientaciones a todas las agencias estatales del SNAP, en el que se destacaban los nuevos requisitos de elegibilidad. Cinco grupos pueden optar al SNAP en virtud de la OBBB: ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses, inmigrantes cubanos y haitianos, ciudadanos del Pacto de Libre Asociación y residentes permanentes legales (LPR).
La demanda se centra en los residentes permanentes legales o titulares de la tarjeta verde, personas legalmente autorizadas a vivir de forma permanente en Estados Unidos. Aunque los inmigrantes no pueden convertirse en residentes permanentes legales inicialmente, con el tiempo pueden obtener la residencia permanente.
La guía dice que algunas categorías de inmigrantes son elegibles para el SNAP una vez que se convierten en residentes permanentes legales, según la demanda. Esto incluye a ciertos indígenas americanos nacidos en el extranjero, miembros de las tribus hmong o laosianas de las tierras altas, extranjeros maltratados, inmigrantes condicionales y víctimas de tráfico severo.
Otras categorías de inmigrantes son consideradas "no elegibles" para los beneficios del SNAP por la guía, como los refugiados, las personas a las que se les ha concedido asilo, los que están en libertad condicional, los que han visto suspendida su deportación y ciertos ciudadanos afganos y ucranianos a los que se les ha concedido la libertad condicional, según la demanda.
Los estados criticaron esta diferenciación entre grupos de inmigrantes, argumentando que las personas de ambos grupos que ajustan su estatus para convertirse en residentes permanentes legales son elegibles para el SNAP.
Personas comprando alimentos en una tienda que acepta cupones de alimentos en la ciudad de Nueva York, en una fotografía de archivo sin fecha. (Spencer Platt/Getty Images)."La guía designa específicamente a muchas personas como categóricamente 'no elegibles' que tienen vías claras para convertirse en residentes permanentes legales. Por ejemplo, los refugiados y las personas a las que se les ha concedido asilo pueden ajustar su estatus y convertirse en residentes permanentes legales después de un año", dijeron.
La guía va más allá de la OBBB, "excluyendo arbitrariamente del SNAP a muchos residentes permanentes legales que siguen siendo elegibles según el régimen legal establecido por el Congreso", argumentaron los estados.
La guía dice que los inmigrantes que llegaron como refugiados, solicitantes de asilo y otros grupos de inmigrantes humanitarios están sujetos a un período de espera de cinco años para comenzar a recibir los beneficios del SNAP.
Los estados argumentaron que "la PRWORA excluye a las personas que fueron admitidas como refugiados, a las que se les concedió asilo, a las que se les suspendió la deportación y a otras, del período de espera de cinco años. Y ninguna disposición de la OBBB modificó las exenciones de la PRWORA respecto a su período de espera de cinco años".
Tasa de error en los pagos, período de exclusión
Otra cuestión citada en la denuncia se refiere a la disposición de la OBBB sobre incentivos para el control de calidad de los estados, en virtud de la cual estos deben pagar un porcentaje del programa SNAP si su tasa de error en los pagos supera un umbral, según la denuncia.Antes de la OBBB, el gobierno federal solía pagar la totalidad de las prestaciones del SNAP. En virtud de la nueva disposición, si se considera que la tasa de error de pago de un estado se sitúa entre el 6 % y el 8 %, este debe financiar el 5 % de las prestaciones. Esta proporción aumenta a medida que las tasas de error son más elevadas. Así, los estados con tasas de error del 10 % o superiores tendrán que financiar el 15 % de las prestaciones.
Según la demanda, la normativa federal establece un periodo de exclusión de 120 días una vez que se introduce una nueva normativa. Los errores cometidos durante este periodo no se tienen en cuenta para el cálculo de la tasa de error en los pagos.
La guía del USDA del 31 de octubre enviada a los estados indicaba que el periodo de exclusión de 120 días finalizaba el 1 de noviembre, calculado a partir de la fecha de entrada en vigor de la OBBB, según la demanda.
Los estados impugnaron esta aplicación del período de exclusión.
"El período de exclusión de 120 días para la Guía no podía comenzar antes del 31 de octubre de 2025, fecha en que se publicó la Guía de aplicación, y terminar antes de 120 días después", dijo.
Impedir que los ilegales accedan a las prestaciones
El USDA indicó a los estados en un memorándum del 24 de abril que tomaran medidas para garantizar que los inmigrantes ilegales no recibieran las prestaciones del SNAP.Se pidió a los estados que verificaran la identidad de los solicitantes del SNAP, recopilaran sus números de la seguridad social, compararan estos números con los datos de fallecimientos de la seguridad social del gobierno federal y comprobaran si los solicitantes figuraban en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional como presentes ilegalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, habla durante una rueda de prensa en Washington el 31 de octubre de 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).El memorándum citaba la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero en la que se ordenaba al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) "mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad, en la medida de lo posible, para garantizar que las prestaciones financiadas por los contribuyentes excluyan a cualquier extranjero no elegible que haya entrado ilegalmente en Estados Unidos o que se encuentre en situación irregular en el país".
En una entrevista con Newsmax el 13 de noviembre, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que una auditoría del USDA reveló que los fondos del SNAP se estaban distribuyendo a casi 186,000 personas fallecidas. En otra entrevista con los medios de comunicación, dijo que 500,000 beneficiarios del SNAP estaban recibiendo pagos en dos ocasiones.
Dijo que los 21 estados, la mayoría de los cuales están gobernados por demócratas, han presentado una demanda para impedir que el gobierno federal acceda a los datos del SNAP.
Aproximadamente 42 millones de estadounidenses utilizan el programa SNAP y reciben una media de 177 dólares por persona al mes, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
The Epoch Times se puso en contacto con el USDA para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
