El 26 de marzo, el Departamento de Justicia (DOJ) respaldó el esfuerzo del presidente Donald Trump de trasladar su caso ya decidido de falsificación de registros comerciales a una corte federal, donde puede intentar que sea desestimado por motivos de inmunidad presidencial.
En una presentación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, el Departamento de Justicia solicitó permiso para presentar un escrito amicus curiae en apoyo de la anulación de un fallo de un tribunal inferior que dictaminó que el caso debía ser juzgado en un tribunal estatal porque se refería a una conducta personal, no a actos oficiales.
Trump fue condenado por un jurado de Nueva York en mayo del año pasado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con supuestos pagos a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels. Daniels ha afirmado que Trump tuvo una aventura con ella, lo cual él niega.
El 10 de enero, un juez lo condenó a libertad incondicional, lo que significa que no recibirá pena de cárcel ni ninguna otra forma de castigo, pero que su condena permanecerá en su expediente judicial.
Trump se declaró inocente y está apelando su condena.
La Corte Suprema dictaminó en julio que los presidentes de EE. UU. gozan de amplia inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales.
Los abogados de Trump han estado tratando de trasladar el caso de los registros comerciales a una corte federal para poder pedir que se desestime sobre la base de que los miembros del jurado en su juicio vieron pruebas de actos de su primer mandato como presidente.
Trump ha «identificado ciertas categorías de las pruebas del juicio del estado, incluido el testimonio sobre sus conversaciones en el Despacho Oval con el Fiscal General y el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, que aparentemente implican actos oficiales», escribió el Departamento de Justicia en la presentación.
El departamento, que no está directamente involucrado en el caso, dijo que tenía interés en proteger a los funcionarios federales que se enfrentan a riesgos legales personales en virtud de leyes estatales debido a sus responsabilidades.
Señaló que inicialmente no se presentó un escrito antes de la fecha límite de octubre de 2024 porque el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden no se involucró en el caso.
La nueva administración está solicitando permiso para presentar el escrito después de esa fecha límite inicial.
«Un escrito amicus en apoyo del apelante debía presentarse originalmente el 21 de octubre de 2024, antes del cambio de administración», se afirma en la presentación. «La actual administración tiene ahora la oportunidad de evaluar el caso, y el Procurador General en funciones determinó que Estados Unidos debe participar como amicus en esta apelación».
«Permitir que el gobierno federal presente un escrito amicus curiae es especialmente apropiado en este caso porque Estados Unidos tiene importantes intereses institucionales en la correcta interpretación de la ley federal de destitución de funcionarios», se dijo.
Los abogados del Departamento de Justicia añadieron que «el estado seguirá siendo libre, por supuesto, de argumentar en una corte federal que cualquier uso probatorio de los actos oficiales del presidente Trump fue de alguna manera aceptable».
«La cuestión a efectos actuales es que la ley federal le garantiza al presidente un foro federal para hacer valer esa defensa», concluyeron.
En respuesta a la presentación, Steven Wu, jefe de apelaciones de la fiscalía del distrito de Manhattan, que presentó los cargos contra Trump, dijo en una carta a la corte que la fiscalía no toma posición sobre la moción.
Sin embargo, señaló que el gobierno había tenido «muchas oportunidades previas para presentar una declaración de interés o un escrito amicus curiae» en el caso y «no identifica ningún cambio significativo en los 'intereses institucionales' del gobierno federal... aparte del hecho de que el acusado es ahora el jefe del Poder Ejecutivo que está tratando de apoyar su posición en este asunto penal privado».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el abogado de Trump, Robert Giuffra, para recabar sus comentarios.
Con información de Reuters
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