El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación sobre derechos civiles en relación con una nueva ley del estado de Washington que obliga al clero a denunciar los casos de abuso o negligencia infantil revelados durante la confesión.
En un comunicado del 5 de mayo, el DOJ citó posibles violaciones de la Primera Enmienda y un sesgo "anticatólico".
El proyecto de ley 5375 del Senado, firmado el 2 de mayo por el gobernador Bob Ferguson, demócrata, obliga al clero a denunciar los casos de sospecha de abuso o negligencia infantil, incluso si la información se obtuvo a través de la confesión religiosa. La ley entrará en vigor el 27 de julio y no incluye exenciones para el privilegio del secreto de confesión.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 5 de mayo, la ley "parece violar a primera vista la Primera Enmienda" y "señala a los 'miembros del clero' como los únicos 'supervisores' que no pueden acogerse a los privilegios legales aplicables, incluidas las confesiones religiosas, como defensa frente a la obligación de informar".
"La SB 5375 exige que los sacerdotes católicos violen su fe profundamente arraigada para obedecer la ley, lo que constituye una violación de la Constitución y un incumplimiento del libre ejercicio de la religión que no puede tolerarse en nuestro sistema constitucional de gobierno", afirmó el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
"Peor aún, la ley parece señalar al clero como no titulado para hacer valer los privilegios aplicables, en comparación con otros profesionales obligados a denunciar. Nos tomamos muy en serio este asunto y esperamos la cooperación del estado de Washington con nuestra investigación".
La ley fue aprobada por el Senado de Washington por 28 votos a favor y 20 en contra, y por la Cámara de Representantes por 64 votos a favor y 31 en contra. Modifica las normas estatales de denuncia obligatoria para incluir al clero, sin excepción, en lo que respecta a la información obtenida a través de la confesión. El proyecto de ley también especifica que los supervisores del clero no pueden acogerse al privilegio religioso para eludir la obligación de denunciar los abusos.
La Conferencia Católica del Estado de Washington, que representa a los obispos de Seattle, Spokane y Yakima, se había opuesto anteriormente a la medida.
El arzobispo Paul D. Etienne, en una declaración de la conferencia el 4 de mayo, escribió: "El clero católico no puede violar el secreto de confesión, o será excomulgado de la Iglesia".
"Esta nueva ley discrimina a la religión y es claramente una extralimitación del gobierno y una doble moral. Se ha cruzado la línea entre la Iglesia y el Estado y hay que dar marcha atrás. Las personas de todas las religiones del estado de Washington y más allá deberían alarmarse por esta extralimitación de nuestra Legislatura y nuestro gobernador", afirmó.
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que cerraba una laguna jurídica que existía desde hacía décadas y que permitía a algunos clérigos ocultar a las fuerzas del orden información sobre abusos a menores.
El Washington Catholic Accountability Project lo describió como "la última oportunidad de proteger a los niños" del estado de Washington e instó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley sin exenciones religiosas.
"Esto marca la recta final de una lucha de 20 años para cerrar una laguna jurídica flagrante y de larga data en Washington, que permite al clero ocultar a las autoridades información sobre abusos a menores, impidiéndoles investigar para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños", declaró el grupo en ese momento.
La coalición incluye a docenas de grupos de defensa, líderes religiosos y organizaciones legales que sostienen que el clero debe estar sujeto a las mismas normas de denuncia que los profesores, los médicos y los trabajadores sociales.
The Epoch Times se puso en contacto con el grupo y no obtuvo respuesta antes de la publicación.
La oficina del gobernador Ferguson no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre el anuncio del Departamento de Justicia antes de la publicación.
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