El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a varios de "los peores criminales extranjeros ilegales" en Portland, Oregón, el pasado mes de septiembre, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado el 7 de octubre.
Este anuncio se produce en medio de tensiones entre la administración Trump y las autoridades de Portland y Oregón por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales que realizan operaciones migratorias.
"No permitiremos que terroristas domésticos nos impidan expulsar a los peores de los peores", afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS. "El presidente Trump ha desplegado más recursos federales en Portland. Los recursos ampliados de la CBP, el ICE, el FBI, el DOJ y la DEA están arrestando a los alborotadores y terroristas domésticos de Antifa".
Entre los detenidos se encuentran un ciudadano hondureño condenado por distribuir fentanilo; un ciudadano canadiense condensado por dos delitos de abuso sexual en primer grado; un ciudadano mexicano previamente arrestado por posesión de armas peligrosas; un ciudadano peruano condenado por atraer a un menor; y otro ciudadano mexicano condenado por posesión de heroína con intención de distribuirla, según el comunicado.
El 28 de septiembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió un memorándum a petición del presidente Donald Trump, en el que informaba al líder de la Guardia Nacional de Oregón de que 200 de sus miembros serían convocados para el servicio federal. Ese mismo día, Oregón presentó una demanda para bloquear la medida, argumentando que Trump ha estado excediendo su autoridad ejecutiva.
El 4 de octubre, la jueza Karin J. Immergut, de la corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregón, dictaminó que Trump viola la Décima Enmienda y que Oregón sufriría una lesión a su soberanía con el despliegue de la Guardia Nacional federalizada en Portland. La jueza emitió una orden de restricción temporal contra dicho despliegue, vigente hasta el 18 de octubre.
El sábado, las oficinas del ICE en Portland fueron escenario de protestas, en las que algunos manifestantes utilizaron megáfonos para gritar "¡ICE fuera de Portland!".
Durante las protestas del día anterior, algunos manifestantes también amenazaron a los agentes federales.
Despliegue de la Guardia Nacional
El martes, la oficina de la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, dijo que ella ordenó al Comando Norte tomar medidas rápidas para devolver a los miembros de la Guardia Nacional a casa.Las órdenes de la jueza Karin J. Immergut constituyen una refutación clara y contundente del uso indebido de la Guardia Nacional estadounidense por parte del presidente Trump. "Por lo tanto, estoy ordenando al Comando Norte que envíe a los soldados ciudadanos de Oregón a casa desde Camp Rilea de inmediato", dijo Kotek.
"Recordemos que estos habitantes de Oregón son nuestros vecinos y amigos, que han sido separados ilegalmente de sus familias y sus carreras; se merecen algo mejor que esto".
En un comunicado del 7 de octubre, el alcalde de Portland, Keith Wilson, expresó su preocupación por la presencia de agentes federales en la ciudad.
"Sigo manteniendo que las tácticas empleadas por los agentes federales en las instalaciones del ICE son preocupantes y probablemente inconstitucionales", dijo. "Tengo la intención de explorar opciones para proteger a nuestra comunidad y nuestro derecho a la libre expresión".
El lunes, en una conversación con periodistas en el Despacho Oval, Trump sugirió que podría considerar invocar la Ley de Insurrección si fuera necesario.
Esta Ley de Insurrección otorga al presidente poderes de emergencia para desplegar fuerzas militares dentro del país para reprimir actos de violencia doméstica o rebelión.
"Hasta ahora, no ha sido necesario. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón", dijo Trump.
Si tuviera que activarla, lo haría. Si hubiera personas muriendo y las cortes, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran obstaculizando, sin duda lo haría. Quiero asegurarme de que no haya muertes y de que nuestras ciudades estén seguras".
El DHS dijo el martes que el año fiscal 2025 cerró con el número más bajo de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste desde 1970. Según el departamento hubo 237,565 detenciones en el año fiscal 2025, un 87 % menos que el promedio de los últimos cuatro años fiscales, que fue de 1.86 millones.
"Hemos tenido la frontera más segura de la historia de Estados Unidos, y nuestras cifras de fin de año lo demuestran. Hemos batido múltiples récords este año y, una vez más, hemos establecido un nuevo récord con la menor cantidad de detenciones en la frontera suroeste en 55 años", afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, hemos empoderado y apoyado a nuestras fuerzas del orden para que hagan su trabajo, y lo han cumplido".
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