Opinión
La alimentación es noticia con frecuencia últimamente. Por un lado, Estados Unidos se encuentra en medio de una catastrófica crisis agrícola que ha destruido unas 63 granjas al día desde 2017, la mayoría de ellas pequeñas explotaciones familiares, y que se aceleró en 2025.
Por otro lado, el cierre del gobierno, con su inminente amenaza a las prestaciones del SNAP, pone de relieve la precaria situación de la seguridad alimentaria. Si se interrumpen estas prestaciones, decenas de millones de personas —casi la mitad de ellas niños— se enfrentarán al hambre. Esto se suma a los 18 millones de hogares que, según los datos más recientes del Departamento de Agricultura de EE. UU., ya padecen inseguridad alimentaria.
Es una trágica ironía que tantas personas en nuestro país no puedan costear los alimentos, mientras que la economía agrícola se derrumba, en parte debido a los bajos precios de las materias primas.
Las agencias gubernamentales, en particular el USDA, pueden hacer mucho ahora mismo para aliviar la crisis inmediata o para agravarla. Dependiendo de cómo se implemente, un rescate agrícola puede enriquecer y consolidar aún más a las grandes granjas corporativas, o puede revitalizar a los casi 2 millones de granjas pequeñas y familiares que son la columna vertebral de una economía agrícola resiliente y próspera.
Una coalición de grupos afiliados a MAHA envió una carta, con fecha del 24 de octubre, a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, instando al USDA a adoptar esta última opción. La carta describe siete áreas de política para una acción inmediata y sustentable que no solo rescatará a los pequeños agricultores más perjudicados, sino que también aumentará el acceso de los consumidores a alimentos saludables y asequibles. Exige:
-Redireccionar una parte significativa de las compras directas de cultivos básicos del USDA a productores independientes de cultivos orgánicos y regenerativos y carne de animales criados en terrenos para pastar.
-Restaurar los recientes recortes a los programas del USDA que benefician a las pequeñas granjas, conectándolas directamente con escuelas, guarderías, bancos de alimentos y otras instituciones para proporcionar alimentos saludables directamente a niños y personas necesitadas.
-Apoyar a los agricultores estadounidenses para satisfacer la enorme demanda de alimentos orgánicos, un mercado que se está perdiendo ante los productores extranjeros.
-Restaurar la financiación cancelada del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) a los agricultores dedicados a la regeneración del suelo y la protección del agua. La mayoría son pequeñas explotaciones que dependen de esta financiación. Un suelo sano es la base de la salud humana y la soberanía alimentaria de una nación.
-Garantizar que los fondos de rescate no se destinen solo a los productores de soja, maíz y trigo, sino también a quienes cultivan alimentos saludables para las familias estadounidenses: frutas, verduras y otros cultivos.
Los 120 firmantes de la carta no son ambientalistas clásicos. Representan a organizaciones activistas que entienden que los alimentos ultra-procesados, cargados de químicos y cultivados en suelos pobres en nutrientes —el tipo de alimentos que producen las granjas corporativas gigantes— están agravando la epidemia de enfermedades crónicas en Estados Unidos. Entre los firmantes hay también muchos agricultores diestros, que han experimentado en primera persona la perversidad del actual sistema de regulaciones y subsidios.
La carta va acompañada de una petición ciudadana que cualquier persona interesada puede firmar. La gente se ha vuelto escéptica sobre la eficacia de las peticiones, pero esta tiene el potencial de tener un impacto real. ¿Por qué? Porque la reforma del sistema alimentario no es un asunto partidista. Muchas peticiones representan a uno u otro lado del espectro político que expresa su indignación. Este tema puede unir a conservadores que aprecian el ideal de la agricultura familiar, a liberales que buscan contrarrestar el poder de las grandes corporaciones y a cualquier persona compasiva que se preocupe por una alimentación segura y saludable.
La crisis actual en la alimentación y la agricultura es una fase intensificada de una emergencia que se viene gestando desde hace tiempo. Estados Unidos ha perdido 162,000 granjas desde 2017, y la consolidación y la expansión corporativa agrícola se remontan a tiempos aún más antiguos. En este momento de mayor atención pública, tenemos la oportunidad de trazar un nuevo rumbo para la agricultura estadounidense. El secretario Rollins puede iniciar ese proceso. Luego, le corresponderá al Congreso implementar políticas que favorezcan a los pequeños agricultores, la regeneración del suelo y la alimentación saludable en la próxima ley agrícola.
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