El 8 de diciembre, los países de la Unión Europea acordaron sus posiciones sobre una ley de la UE destinada a simplificar y acelerar el retorno de los nacionales de terceros países que no tienen derecho legal a permanecer en el bloque, según anunció el Consejo de la Unión Europea.
El Consejo afirmó que los gobiernos de la UE habían alcanzado un acuerdo político que le permite iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo para ultimar la ley.
La propuesta complementa el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, adoptado en junio de 2024, que establece normas sobre controles fronterizos, procedimientos de asilo y medidas de crisis, y que entrará en vigor en junio de 2026.
El reglamento permitiría a los Estados miembros de la UE establecer "centros de retorno" en terceros países, a los que se podría enviar a los migrantes en espera de su repatriación.
El ministro de Inmigración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, celebró con satisfacción la decisión el 8 de diciembre, señalando que tres de cada cuatro migrantes a los que se ha ordenado el retorno siguen en la UE.
El Consejo afirmó que el país de retorno puede ser cualquier Estado no perteneciente a la UE que acepte acoger a migrantes en condiciones que cumplan las normas internacionales de derechos humanos y no devolución.
Dichos acuerdos describirían los procedimientos de retorno, las normas para la estancia de los migrantes en el país socio y las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones. Estos centros de retorno podrían funcionar como centros de tránsito o como destinos finales.
Stoklund afirmó que las normas podrían contribuir "significativamente" a mejorar las tasas de retorno.
Añadió que "por primera vez, los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular tendrán obligaciones" y que los Estados miembros dispondrán de "unas herramientas mucho mejores; por ejemplo, será posible detenerlos durante más tiempo y las prohibiciones de entrada serán más largas".
Obligaciones más estrictas
El año pasado, más de 918,000 personas sin derecho de residencia fueron encontradas en situación irregular en la UE, según las cifras de Eurostat publicadas el 5 de mayo. Durante ese periodo, se ordenó la salida de 453,380 personas.
Según el proyecto de reglamento acordado, los migrantes que reciban una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades, entre otras cosas, facilitando datos biométricos y documentos de identidad. Si se niegan, los Estados podrán deducirles prestaciones, denegarles permisos de trabajo o imponerles sanciones penales. El Consejo afirmó que estas sanciones "también deberían incluir penas de prisión", en consonancia con la posición adoptada por los Gobiernos.
Migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo reaccionan mientras están sentados en un bote neumático y son rescatados por la guardia costera griega, frente a la costa sur de Creta, el 18 de noviembre de 2025. (Eleftherios Elis Mitza/AFP a través de Getty Images)
Las medidas reflejan la creciente presión política en todo el bloque para endurecer la aplicación de las leyes de inmigración.
En mayo de 2024, 15 Estados miembros de la UE, entre ellos Dinamarca, Italia, los Países Bajos, Polonia y Grecia, instaron a la UE a reducir la presión sobre sus sistemas de gestión de la migración.
Destacaron la importancia de poder trasladar a los solicitantes de asilo, para los que existe un tercer país seguro, a dichos países.
Italia también defiende enérgicamente la tramitación externa de las solicitudes de asilo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró el 1 de agosto que, hasta que el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo entre en vigor en junio de 2026, el Gobierno italiano "seguirá buscando todas las soluciones posibles, técnicas o normativas, para proteger la seguridad de sus ciudadanos".
En abril, la UE anunció que los nacionales de Bangladesh, Colombia, Marruecos, Túnez, Egipto, India y Kosovo probablemente no reunirían los requisitos para obtener asilo, ya que el bloque los había designado "terceros países seguros", lo que aceleraría los procesos de deportación.
Normativa sobre retornos y críticas
El 8 de diciembre, el Consejo anunció que se añadirá una nueva orden de retorno europea (ERO) al Sistema de Información de Schengen. Esto permitirá a las autoridades acceder rápidamente a información uniforme. Los Estados miembros pretenden introducir la ERO en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del reglamento.
El Consejo también propuso el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno, lo que le permitiría a un país de la UE ejecutar la orden de deportación de otro sin iniciar un nuevo procedimiento. El Consejo afirmó que esto "enviaría un mensaje contundente" de que los migrantes no pueden evitar el retorno trasladándose a otro Estado.
El sistema de reconocimiento mutuo aún no es obligatorio, y la Comisión Europea decidirá dos años después de su implementación si propone que sea obligatorio.
Los grupos de derechos humanos criticaron las normas acordadas por el Consejo. Olivia Sundberg Diez, defensora de Amnistía Internacional para la UE en materia de migración y asilo, declaró el 8 de diciembre que las medidas privarían a las personas de sus derechos en función de su situación migratoria y dejarían a muchas de ellas en un limbo legal.
También criticó la presión de los Estados miembros para crear centros de retorno extraterritoriales, calificándolos como "crueles e inviables" y que podrían dar lugar a detenciones prolongadas en violación del derecho internacional.
