El 6 de mayo, la Corte Suprema concedió una suspensión que permite a la administración Trump prohibir el alistamiento de personas que se identifican como transgénero, mientras se resuelve el litigio que impugna la prohibición.
La mayoría de los magistrados acordaron suspender una orden judicial preliminar dictada en marzo por un juez federal de distrito contra la política, en espera de la resolución de un recurso de apelación.
Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron, según informó la corte.
El presidente Donald Trump, en una orden ejecutiva de enero, dijo que las personas que expresan una identidad de género que difiere de su sexo "no pueden cumplir los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar" y ordenó a los responsables militares que actualizaran las normas en este sentido.
En un memorándum de febrero, los responsables del Departamento de Defensa dijeron que el personal "con disforia de género o que tenga un diagnóstico actual o antecedentes de disforia de género, o que presente síntomas compatibles con ella", sería dado de baja del ejército a menos que se le concediera una exención.
Algunos miembros afectados presentaron una demanda, alegando que la prohibición viola sus derechos constitucionales.
El juez federal Benjamin Settle dijo que, en la orden que dictó la medida cautelar, los funcionarios no habían presentado pruebas que justificaran la prohibición de que las personas que se identifican como transgénero presten servicio en el ejército.
"La implacable confianza del Gobierno en la deferencia hacia el criterio militar no está justificada, ya que no hay pruebas que respalden el nuevo criterio del 'ejército' reflejado en la prohibición militar, cuando, en su criterio igualmente meditado e incuestionable, ese mismo ejército había permitido solo una semana antes a los demandantes en servicio activo (y a otros miles) servir abiertamente", escribió Settle en ese momento.
En abril, una corte de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud de suspensión presentada por la Administración Trump, concluyendo que el gobierno no había demostrado que sufriría un daño irreparable si no se bloqueaba la orden judicial.
El fiscal general de Estados Unidos, D. John Sauer, recurrió entonces a la Corte Suprema, solicitándole que interviniera.
"La corte de distrito dictó una orden judicial universal que usurpa la autoridad del Poder Ejecutivo para determinar quién puede servir en las Fuerzas Armadas de la nación, a pesar de que esta corte había suspendido anteriormente órdenes judiciales contra una política materialmente indistinguible", escribió Sauer.
Argumentó que la acción de la corte de apelaciones "no puede conciliarse" con la forma en que los jueces suspendieron anteriormente las órdenes judiciales contra una política anterior, que se propuso durante el primer mandato de Trump.
La solicitud de suspensión de emergencia afirmaba que el gobierno está sufriendo un daño irreparable al verse obligado a mantener una política que el Departamento de Defensa ha considerado incompatible con sus intereses y la seguridad nacional.
Los abogados del personal que se identifica como transgénero dijeron a los jueces que no deberían ponerse del lado del Gobierno. Afirmaron en un escrito que una suspensión "alteraría el statu quo al permitir al Gobierno comenzar inmediatamente a despedir a miles de militares transgénero, incluidos los demandados, poniendo fin así a distinguidas carreras y creando vacíos en las unidades militares",
Esta es una noticia de última hora que se irá actualizando.
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