El 17 de septiembre, una corte federal de apelaciones rechazó un intento de la administración Trump de anular la orden judicial que dictaminaba que había revocado ilegalmente el estatus de protección temporal (TPS) de los venezolanos que viven en Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, se negó a suspender la sentencia del 5 de septiembre del juez federal Edward Chen, según la cual la administración no puede cancelar el TPS y la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de hacerlo era ilegal.
El miércoles, la corte compuesta por tres jueces declaró: "Más de 600,000 ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos dependen de las protecciones que les brinda el estatus TPS de Venezuela".
"La revocación y terminación del estatus TPS de Venezuela sumió el futuro de estos ciudadanos venezolanos en el caos y los expuso a un riesgo sustancial de expulsión indebida, separación de sus familias y pérdida de empleo".
La corte dijo en su fallo que rechazó la solicitud de suspender la orden del tribunal de distrito mientras el gobierno presenta una apelación.
El TPS es una designación que permite a las personas de países afectados por eventos como conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que es un beneficio temporal que "no conduce a la residencia permanente legal ni otorga ningún otro estatus migratorio".
En febrero, el gobierno federal afirmó que las condiciones en Venezuela habían mejorado lo suficiente como para justificar la eliminación de las designaciones del TPS. Luego, en mayo, la Corte Suprema aceptó la solicitud del presidente Donald Trump de eliminar las protecciones legales para los ciudadanos venezolanos, lo que abrió la posibilidad de deportaciones.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que el fallo del Noveno Circuito "no es más que un desafío abierto contra la Corte Suprema de Estados Unidos".
"Afortunadamente para nosotros y para todos los estadounidenses, el Noveno Circuito no es la última instancia", dijo.
Bloquean la deportación de niños guatemaltecos
Chen había decidido a principios de este mes en su fallo que Noem no debería haber revocado la condición de los titulares del TPS, "enviándolos de vuelta a condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen"."La medida del secretario de revocar el TPS no solo no tiene precedentes en cuanto a la forma y la rapidez con que se tomó, sino que también [viola] la ley", dijo.
McLaughlin había dicho en una declaración en agosto: "El Estatus de Protección Temporal siempre tuvo la intención de ser precisamente eso: temporal".
"El TPS nunca tuvo la intención de ser un sistema de asilo de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas, permitiendo la entrada de cientos de miles de extranjeros en el país sin un control adecuado".
En los últimos meses, el DHS anunció que pondría fin a las protecciones para los inmigrantes bajo el programa TPS para países como Nicaragua, Honduras, Haití y Venezuela.
Algunos TPS tienen más de dos décadas de antigüedad. Los TPS para Nicaragua y Honduras se iniciaron a principios de 1999 a raíz del huracán Mitch.

La sentencia de la corte de San Francisco se produjo un día antes de que un juez federal de distrito impidiera al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportar a un grupo de menores guatemaltecos que habían entrado ilegalmente en Estados Unidos sin sus padres.
El juez Timothy Kelly, de la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, emitió el 18 de septiembre la orden judicial, que es una actualización de la orden original del 31 de agosto.
Kelly escribió en un dictamen que, en una audiencia celebrada en agosto, los abogados del gobierno afirmaron que la Administración estaba tratando de reunir a estos niños con sus padres, quienes habían solicitado su regreso.
Sin embargo, el juez dijo que "no había pruebas ante la Corte de que los padres de estos niños hubieran solicitado su regreso" y añadió que el Fiscal General de Guatemala informó de que los funcionarios no podían localizar a los padres buscados o que los que pudieron encontrar no habían solicitado la devolución de sus hijos.
McLaughlin dijo que la sentencia impediría que los niños se reunieran con sus padres.
"Ahora estos niños tendrán que ir a refugios", dijo McLaughlin, calificándolo de "vergonzoso e inmoral".
Con información de Reuters, Sam Dorman y Matthew Vadum.
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