El 5 de septiembre, un juez federal con sede en San Francisco dictaminó que la administración Trump no puede cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide la deportación de venezolanos y haitianos de Estados Unidos.
El TPS es una designación que permite a las personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otros eventos extraordinarios permanecer en Estados Unidos. Esta designación permite al gobierno federal desarrollar una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes que cumplen los requisitos y no pueden regresar a casa de forma segura.
El juez federal de distrito Edward Chen declaró ilegal la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el TPS.
Durante 35 años, afirmó en su fallo, las administraciones presidenciales han aplicado la ley TPS utilizando la información disponible y consultando con otras agencias federales en "un proceso que implica un estudio y análisis minucioso". "Hasta ahora", añadió Chen.
Noem no debería haber revocado el estatus de los beneficiarios del TPS, "devolviéndolos a condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen".
"La acción del Secretario al revocar el TPS no solo fue inédita por la forma y la rapidez con la que se tomó, sino que también [viola] la ley", afirmó.
El fallo de Chen protege a 600,000 venezolanos cuyo estatus de protección venció en abril o estaba previsto que venciera el 10 de septiembre. La orden también mantiene el estatus para aproximadamente 500,000 haitianos.
Con información de The Associated Press.
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