Una inmigrante ilegal embarazada de El Salvador se encuentra junto a un camión de la Patrulla Fronteriza cerca de Rio Grande City, Texas, el 7 de diciembre de 2015. (John Moore/Getty Images)

Una inmigrante ilegal embarazada de El Salvador se encuentra junto a un camión de la Patrulla Fronteriza cerca de Rio Grande City, Texas, el 7 de diciembre de 2015. (John Moore/Getty Images)

Cómo implementaría el USCIS la orden de Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento

El plan describe nuevos criterios para denegar la ciudadanía a algunos niños nacidos en Estados Unidos y propone opciones alternativas de estatus.

ESTADOS UNIDOSPor Tom Ozimek
28 de julio de 2025, 4:11 p. m.
| Actualizado el28 de julio de 2025, 4:11 p. m.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) elaboró un plan de aplicación para hacer cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento, en caso de que se levante el bloqueo judicial de la orden.

El plan del USCIS, publicado el 25 de julio, establece nuevos criterios que denegarían la ciudadanía por nacimiento a determinados niños nacidos en Estados Unidos y describe los procedimientos para concederles un estatus legal alternativo vinculado al estatus migratorio de sus padres.

Según el plan, los niños nacidos en Estados Unidos de madres que se encuentren en situación irregular en el país, o en situación legal pero temporal —como con visados de turista, estudiante o de trabajo— ya no se considerarán ciudadanos al nacer si el padre tampoco es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta de residencia.

El USCIS define la presencia “legal pero temporal” como aquella que incluye a la mayoría de los titulares de visados de no inmigrante, personas en libertad condicional, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal y aquellos admitidos en virtud del Programa de Exención de Visado, entre otros.

Por el contrario, los residentes permanentes legales, los refugiados y los asilados se consideran en situación legal y no temporal, por lo que a sus hijos nacidos en Estados Unidos se les concedería la ciudadanía estadounidense al nacer.

El plan también detalla los procedimientos para los niños a los que se les denegaría la ciudadanía automática en virtud de la política, pero uno o ambos padres tienen un estatus legal pero temporal.

En tales casos, la agencia propone ampliar las normas existentes que se aplican a los hijos de diplomáticos extranjeros, que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. En concreto, se permitiría a esos niños registrarse para obtener cualquier estatus legal que coincida con el de al menos uno de sus padres, en lugar de quedarse sin reconocimiento legal.

Con el fin de dar tiempo para subsanar cualquier laguna normativa antes de que se aprueben definitivamente dichas normas, el USCIS recomienda aplazar las medidas de control de la inmigración contra esos niños.

El plan del USCIS reconoce una orden judicial preliminar que bloquea temporalmente la aplicación de la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, pero señala que la orden no le impide a los organismos ejecutivos elaborar planes de aplicación de la directiva presidencial.

Recientemente, un juez federal de Massachusetts confirmó su bloqueo a nivel nacional a la directiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, al considerar que una orden judicial más restrictiva no sería práctica. Esa decisión se produjo tras una demanda presentada por una coalición de dos ciudades y 22 fiscales generales estatales, que argumentaron que la orden de Trump es inconstitucional.

Los demandantes argumentaron que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente de la situación de sus padres, y que el Congreso codificó este principio en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Afirman que el presidente carece de la facultad de reescribir o anular una enmienda constitucional y que ninguna ley le autoriza a limitar quién puede obtener la ciudadanía estadounidense al nacer.

Si se permite que la orden de Trump se mantenga, los niños nacidos de padres que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos “serán todos deportables y muchos quedarán apátridas”, sostienen los demandantes, argumentando que esto les causaría un “daño inmediato e irreparable”.

Además, los estados tendrían que modificar sus programas de prestaciones para adaptarse a los cambios, lo que les supondría unos costes significativos.

El juez del caso, el juez federal Leo Sorokin, afirmó, en una opinión del 25 de julio que confirmó su anterior bloqueo a la orden de Trump, que los estados se enfrentarían a cargas administrativas y financieras si se permitía que la directiva siguiera en vigor.

Sorokin también declaró que la política de Trump era inconstitucional y violaba la ley federal, pero señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos “sin duda” tendrá que intervenir en algún momento y resolver el asunto.


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