Aimee Bock, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Feeding Our Future, llega al tribunal federal de Minneapolis con su abogado, Ken Udoibok, a la derecha, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Minneapolis, Minnesota. (Kerem Yücel/Minnesota Public Radio vía AP)

Aimee Bock, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Feeding Our Future, llega al tribunal federal de Minneapolis con su abogado, Ken Udoibok, a la derecha, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Minneapolis, Minnesota. (Kerem Yücel/Minnesota Public Radio vía AP)

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Casos de fraude masivo a los recursos de asistencia social somalí en Minnesota: esto es lo que sabemos

Robaron miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes; millones pudieron llegar a manos de terroristas, una acusación que los legisladores están pidiendo a los fiscales federales que se investigue

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28 de noviembre de 2025, 4:51 p. m.
| Actualizado el28 de noviembre de 2025, 4:51 p. m.

Las autoridades revelaron que redes de estafadores, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad somalí de Minnesota, se están aprovechando de los programas de asistencia social y se embolsaron miles de millones de dólares de los contribuyentes.

Se han registrado al menos tres escándalos importantes, uno de los cuales se estuvo gestando durante años. Otros dos salieron a la luz recientemente. Luego se dieron a conocer nuevas revelaciones que impulsaron la intervención presidencial y generaron solicitudes para que se realizaran más investigaciones.

Esto es lo que sabemos sobre la controversia multifacética que ha atraído la atención nacional —y un mayor escrutinio— hacia el estado de la Estrella del Norte.

El mayor escándalo de este tipo

El Departamento de Justicia (DOJ) declaró que una organización sin ánimo de lucro de Minnesota llamada "Feeding Our Future" y sus filiales robaron más de 240 millones de dólares en fondos federales, lo que constituye la mayor estafa del paísrelacionada con la pandemia de COVID-19.

"Se trató de un plan descarado de proporciones asombrosas", dijo el entonces fiscal federal Andrew M. Luger en 2022, cuando se acusó a las primeras 47 personas.

Los 250 millones de dólares obtenidos por los acusados se emplearon para comprar "autos de lujo, casas, joyas y propiedades en centros turísticos costeros en el extranjero", dijo Luger.

Desde entonces, se ha acusado a docenas más; el 24 de noviembre, el Departamento de Justicia anunció que había acusado a un 78º acusado relacionado con Feeding Our Future.

Hasta ahora, unos 50 acusados, incluida la fundadora de la organización sin ánimo de lucro, Aimee Bock, han sido condenados; Bock se encuentra bajo custodia federal a la espera de la sentencia.

La mayoría de los acusados de Feeding Our Future tienen nombres somalíes; y al menos uno de ellos creó una empresa llamada "Minnesota's Somali Community" (Comunidad Somalí de Minnesota). El estado alberga el mayor grupo de somalíes del país, que representa alrededor del 1 % de su población, según varias fuentes, entre ellas World Population Review.

Esos inmigrantes proceden de un país sumido en la corrupción del sector público. Somalia ocupa el segundo lugar entre los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024. Esa clasificación, elaborada por Transparencia Internacional, otorgó a Somalia 9 puntos en una escala en la que 100 significa "muy limpio"; solo Sudán del Sur obtuvo una puntuación peor, con 8 puntos. Estados Unidos obtuvo 65 puntos, mientras que el país menos corrupto del mundo, Dinamarca, obtuvo 90 puntos.

¿Cómo pudo suceder esto?

Debido al cierre de las escuelas durante la pandemia, las autoridades flexibilizaron las normas del Programa Federal de Nutrición Infantil y comenzaron a permitir que organizaciones no educativas alimentaran a niños necesitados.

Malos actores descubrieron cómo sacar provecho de ello. Feeding Our Future reclutó a personas para abrir más de 250 centros del programa de nutrición en todo Minnesota. Estos centros "aseguraron fraudulentamente que ofrecían comidas a miles de niños al día a los pocos días o semanas de su creación", según el Departamento de Justicia en 2022 cuando anunció la primera oleada de acusados.

Para inscribirse en el programa y recibir y lavar el dinero de las ganancias del plan, los acusados "crearon docenas de empresas ficticias" en un intento de ocultar su fraude, que incluía la presentación de documentos falsos, según alegó el Departamento de Justicia.

Las alarmas comenzaron a sonar después de que los funcionarios vieran la rapidez con la que se estaba expandiendo el programa Feeding Our Future. En 2021, la organización recibió y desembolsó 200 millones de dólares, 59 veces más que los 3.4 millones de dólares que gestionó en 2019, antes de la pandemia.

Una revisión especial de 2024, realizada por la Oficina del Auditor Legislativo de Minnesota, reveló que el Departamento de Educación del estado "no actuó ante las señales de alerta. (...) antes del inicio del presunto fraude". Esas señales de alerta incluían varias quejas y alertas sobre Feeding Our Future, que comenzó a funcionar en 2016. El departamento tampoco hizo cumplir los requisitos del programa y "no estaba preparado" para tomar medidas eficaces, según el informe.

El comisionado de educación del estado, Willie L. Jett II, defendió la supervisión de los programas por parte de su agencia. Dijo que la agencia comunicó sus sospechas y preocupaciones a las fuerzas del orden.

"Lo que ocurrió con Feeding Our Future fue una farsa, un abuso coordinado y descarado de los programas de nutrición que existen para garantizar el acceso a comidas saludables a los niños de bajos ingresos", dijo Jett en el informe, y añadió: "La responsabilidad de este fraude descarado recae en los estafadores acusados y condenados".

Un segundo escándalo sale a la luz

Hace dos meses, el Departamento de Justicia publicó información sobre otro escándalo. Se trata de millones de reclamaciones falsas a Medicaid presentadas a través de un programa llamado Servicios de Estabilización de la Vivienda. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 18 de septiembre, hay ocho acusados iniciales.

En 2020, Minnesota se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en ofrecer cobertura de Medicaid para encontrar y mantener viviendas para personas mayores, personas con discapacidades y personas que luchan contra trastornos mentales o de abuso de sustancias.

El programa tenía como objetivo combatir la falta de vivienda.

Pero los delincuentes se aprovecharon del sistema.

Obtenían los nombres de personas elegibles de lugares como centros de tratamiento de adicciones y luego utilizaban esa información para presentar reclamaciones de reembolso falsas e infladas, según el Departamento de Justicia.

Se esperaba que el costo inicial del programa fuera de 2.6 millones de dólares al año. Pero solo en 2021, el programa pagó casi 10 veces esa cantidad, 21 millones de dólares. Esa cifra aumentó exponencialmente cada año, hasta alcanzar los 104 millones de dólares en 2024, casi 40 veces más de la estimación inicial.

Los Servicios de Estabilización de la Vivienda finalizaron el 31 de octubre debido a un "fraude a gran escala", según la página web del Departamento de Servicios Humanos del estado.

Tercer plan dirigido a la financiación de la atención al autismo

Seis días después de anunciar las acusaciones contra Housing Stabilization Services, el fiscal general interino Joseph Thompson reveló los cargos en un tercer caso importante de fraude a la asistencia social. En ese caso, una mujer de 28 años está acusada de obtener ilegalmente 14 millones de dólares de un programa de atención al autismo.

Los fiscales señalaron que, entre 2019 y 2024, Asha Farhan Hassan y sus socios reclutaron a padres para que sus hijos fueran examinados en busca de autismo. Según el Departamento de Justicia, todos los niños reclutados recibían ese diagnóstico, lo que les daba derecho a obtener reembolsos federales.

A cambio de cooperar con el plan, los padres recibían una "comisión" mensual de entre 300 y 1500 dólares por niño, dependiendo de la cantidad de dinero que el Gobierno federal autorizara para ese niño, según el Departamento de Justicia.

La acusada y sus socios supuestamente se repartían las ganancias ilícitas, y Hassan "envió cientos de miles de dólares de las ganancias del fraude al extranjero, parte de los cuales utilizó para comprar propiedades inmobiliarias en Kenia", según el Departamento de Justicia.

Hassan también fue acusada en el caso Feeding Our Future, un ejemplo de la interrelación de los escándalos de Minnesota, según el Departamento de Justicia.

Durante 2020 y 2021, "ella dijo que había ofrecido casi 200,000 comidas a niños", lo cual es falso, y obtuvo de manera ilícita 465,000 dólares de los fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, dijo el Departamento de Justicia en su comunicado de prensa del 24 de septiembre.

La enorme carga de trabajo abruma a los fiscales del Departamento de Justicia

Se espera que se imputen cargos a muchos más procesados en los dos últimos escándalos, cuyos factores contribuyentes aún no se han evaluado.

En conjunto, los tres escándalos "forman una red que ha robado miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes", dijo Thompson, lamentando "las tramas apiladas unas sobre otras, que agotan los recursos destinados a los necesitados".

"He dedicado mi carrera a la fiscalía de fraudes y la magnitud del fraude en Minnesota me deja sin aliento", dijo Thompson en uno de los últimos comunicados de prensa.

Durante una rueda de prensa en septiembre, un periodista preguntó a Thompson si el Departamento de Justicia recibe ayuda adicional para afrontar la carga de trabajo.

Él respondió que un pequeño equipo especializado está trabajando "muy duro".

"No podemos resolver este problema mediante procesos judiciales. Estos casos requieren muchos recursos", respondió Thompson.

"Pero, ¿podemos acusar a todo el mundo? No", dijo.

Medidas implementadas y solicitadas

A raíz de estas revelaciones, el presidente Donald Trump suspendió el 21 de noviembre el estatus de protección temporal —una protección contra la deportación— para los inmigrantes somalíes en Minnesota.

Una congresista oriunda de Somalia, la representante Ihan Omar (D-Minn.), el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros demócratas criticaron la medida de Trump. El fiscal general del estado, Keith Ellison, cuestionó la legalidad de la medida del presidente y dijo que estaba considerando qué opciones podría tomar en respuesta.

Omar, junto con otros somalíes, se reunieron para protestar contra la orden de Trump, en la Rotonda del Capitolio del Estado el 24 de noviembre.

Las delegaciones republicanas de Minnesota y del Congreso pidieron al nuevo fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, que investigue si el dinero robado de la asistencia social podría haber ido a parar a manos de terroristas extranjeros.

"Si se confirma que es cierto, se deben tomar medidas inmediatas a nivel estatal y federal para acabar con las remesas y otros pagos que están llegando a organizaciones terroristas", dijeron los legisladores estatales de Minnesota en una carta dirigida a Rosen el 24 de noviembre. "Pedimos al Departamento de Justicia que inicie inmediatamente una investigación sobre estas denuncias para que los habitantes de Minnesota puedan tener claridad lo antes posible".

La representante estatal Kristin Robbins, candidata republicana a gobernadora de Minnesota, declaró que tanto ella como sus votantes están preocupados por los fraudes cometidos en otros programas de asistencia social, como los cupones de alimentos y las ayudas para el cuidado infantil.

En una publicación en X el 25 de noviembre, Robbins dijo que solicitó hace meses una auditoría federal completa del departamento de asistencia social del estado y que sigue esperando que se realice la evaluación.

Mientras tanto, ya se está realizando una auditoría externa de algunos programas de Medicaid del Departamento de Servicios Humanos que se consideran de alto riesgo de fraude. Walz ordenó recientemente una pausa de 90 días en los pagos de 14 programas que "se han convertido en objeto de actividades delictivas".

"Si alguien intenta desfalcar nuestros programas públicos y robar el dinero de los contribuyentes a las personas que más lo necesitan, se le detendrá y se exigirá que se responsabilice", dijo el gobernador en un comunicado de prensa del 29 de octubre.


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