Los oficiales federales encargados de la seguridad en la frontera sur de EE. UU. advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que la administración Trump agregó un nuevo elemento al delito de tráfico de armas y dinero hacia México.
Indicaron que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales por parte de la administración Trump no solo afecta la manera en que el gobierno de EE. UU. trata a los miembros de cárteles y pandillas de otros países.
Timothy Courchaine, fiscal interino de EE. UU. para el Distrito de Arizona, dijo que las instrucciones de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia son claras. Su oficina presentará cargos por terrorismo contra aquellos que trafiquen armas a organizaciones terroristas, ya que la seguridad de los estadounidenses está en juego.
Esto incluye a los ciudadanos estadounidenses que hagan negocios con los cárteles, dijo.
"La misión aquí es una misión sin fallos", dijo Courchaine.
"No habrá misericordia para esos cargos, porque los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras no tienen misericordia por los demás".
Guadalupe Ramírez Jr., director de operaciones de campo para la oficina de la Patrulla Fronteriza en Nogales, dijo que cualquiera que haga negocios con una de las organizaciones terroristas designadas está involucrado en un "acto directo de terrorismo".
Él y representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, organizaron una conferencia de prensa en el Puerto de Entrada de Mariposa en Nogales, Arizona, el 2 de mayo.
Señalaron que una de las primeras acciones del presidente Donald Trump en su segundo mandato fue designar a ciertos carteles y otros grupos criminales como organizaciones terroristas globales. El decreto ejecutivo invoca un decreto previo de la administración Bush.
El Decreto Ejecutivo 13224, firmado por el presidente George W. Bush 10 días después de los atentados del 11 de septiembre, autoriza al gobierno a procesar y confiscar los bienes de cualquier persona que ofrezca apoyo a una organización terrorista.
“El tráfico de armas, particularmente para apoyar a organizaciones terroristas extranjeras designadas, conlleva graves consecuencias legales, incluidas acusaciones relacionadas con el terrorismo, con largas penas de prisión y sanciones financieras”, dijo Ramírez.
Los funcionarios indicaron que, como regla general, las drogas y las personas son traficadas hacia el norte a través de la frontera hacia Estados Unidos. El dinero, las armas y las municiones son contrabandeados hacia el sur, hacia México.
Ramírez dijo que los oficiales federales de la ley han intensificado los esfuerzos para detener el contrabando hacia el sur. Aunque no se disponía de cifras concretas de los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, Ramírez aseguró que esos esfuerzos han tenido un impacto.
Brendan Iber, agente especial a cargo de la División de Campo de Phoenix de la ATF, estuvo de acuerdo.
El presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de marzo de 2025. (Alex Wong/Getty Images)Se refirió a una declaración de la ATF del 2 de mayo, en la que se mencionaba que el Departamento de Justicia había evitado que 9,700 armas cayeran en manos de criminales desde el 20 de enero.
Según la declaración, entre el 20 de enero y el 1 de mayo, los agentes de la ATF a nivel nacional incautaron 10,592 armas de fuego, 655,388 cartuchos de munición, 8,722 partes de armas de fuego y 6,335 explosivos diversos. Esto fue el resultado de 8,501 investigaciones sobre delitos violentos que llevaron a 1,912 arrestos.
Iber dijo que las cosas cambiaron desde que se emitió la declaración.
“Desde el anuncio de la Fiscal General Bondi, a principios de la semana, sobre las 9700 armas de fuego, les diré [según las cifras] que aquí, solo en Arizona, esa cifra ahora ha subido a 11,000”, dijo Iber.
Según Iber, muchas de las armas incautadas se dirigían hacia el sur debido a lo que se conoce como “compras de fachada”. Una compra de fachada ocurre cuando una persona que puede comprar y poseer armas de fuego adquiere un arma para otra persona que tiene prohibido poseer armas.
Según el sitio web de Customs and Border Patrol, en enero se realizaron 84 incautaciones de armas y municiones a lo largo de la frontera sur. Esa cifra bajó a 24 en febrero y luego subió a 49 en marzo de este año.
Los compradores de fachada adquieren armas, municiones y otros artículos legalmente, para luego venderlos ilegalmente a los carteles. Las armas y accesorios contrabandeados son luego introducidos a México.
Bajo la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras de 2022, una persona condenada por realizar una compra de fachada enfrenta hasta 15 años de prisión y una multa de USD $250,000. Esa sentencia aumenta a 25 años si el arma es utilizada en un delito grave, un acto de terrorismo o tráfico de drogas.
Iber dijo que los carteles mexicanos prefieren armas semiautomáticas de gran calibre que pueden convertir en armas totalmente automáticas una vez que llegan a México.
Además de otras agencias federales, Iber reconoció la ayuda de los distribuidores de armas con licencia federal y los ciudadanos estadounidenses para detener las compras de fachada.
“Recibimos mucha información de ciudadanos excepcionales que hablan y nos notifican cuando ocurre una actividad criminal sospechosa”, dijo Iber.
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