El abogado que criticó al gobierno de Estados Unidos por su gestión en la deportación de un inmigrante ilegal a su país de origen ya no trabaja en el Departamento de Justicia (DOJ), dijo la fiscal general Pam Bondi el 16 de abril.
Erez Reuveni «ya no está en nuestra oficina y no va a volver», dijo Bondi durante una comparecencia en Fox News.
Un portavoz del DOJ no aclaró si Reuveni había renunciado o había sido despedido.
Reuveni no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
El DOJ había suspendido a Reuveni después de que compareciera en nombre del departamento en la primera audiencia judicial de un caso presentado por un inmigrante ilegal residente en Maryland. El hombre, Kilmar Abrego García, fue detenido en marzo y deportado a su país natal, El Salvador.
«Bajo mi dirección, todos los abogados del Departamento de Justicia están obligados a defender diligentemente a los Estados Unidos», dijo Bondi en un comunicado cuando se produjo la suspensión. «Cualquier abogado que no cumpla con esta dirección afrontará las consecuencias».
En un memorando del 5 de febrero, Bondi dijo que los abogados del DOJ podrían ser despedidos si se negaban a acatar las órdenes.
Después de que los abogados de Abrego García dijeran ante una corte federal que su deportación era ilegal debido a una orden de retención de 2019 que determinó que estaría en peligro si era deportado a El Salvador, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que la deportación se hizo por error porque los funcionarios no habían marcado la existencia de la orden en un manifiesto de vuelo.
Reuveni dijo durante la vista que realizó varios días después, el 4 de abril, que no pudo facilitar mucha información al juez que supervisaba el caso.
«Mi respuesta a muchas de estas preguntas va a ser frustrante», dijo. «También me frustra no tener respuestas para ustedes a muchas de estas preguntas».
Cuando se le preguntó por qué Estados Unidos no podía simplemente lograr que Abrego García regrese, Reuveni le dijo: "Diré, para conocimiento de la Corte, que cuando este caso aterrizó en mi escritorio, lo primero que hice fue hacer esa misma pregunta a mis clientes. No he recibido, hasta la fecha, una respuesta que me parezca satisfactoria».
«El gobierno optó aquí por no presentar ninguna prueba», añadió más tarde.
Los funcionarios estadounidenses han argumentado desde entonces que, dado que los tribunales han encontrado pruebas que respaldan que Ábrego García es miembro de la MS-13, y dado que las autoridades designaron recientemente a la MS-13 como grupo terrorista, la orden de retención ya no sería aplicable.
La juez de distrito Paula Xinis, que supervisa el caso, ordenó al gobierno que «facilitara y efectuara» el regreso de Ábrego García a Estados Unidos. La apelación llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la primera parte pero cuestionó la amplitud de la segunda. Xinis eliminó entonces «effectuate» de una orden actualizada.
El gobierno notificó el miércoles que recurría la orden actualizada de la jueza, en parte porque, según sus abogados, intentaba intervenir indebidamente en asuntos exteriores.
El gobierno también publicó un paquete de documentos que mostraban que cuando Ábrego García fue arrestado en 2019, estaba con miembros de la MS-13, y una fuente policial dijo a los agentes que Ábrego García era un miembro activo de la pandilla.
Los abogados de Ábrego García han dicho que no es miembro de la MS-13.
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