El gobierno de México anunció la creación de un grupo de trabajo que buscará establecer obligaciones para las plataformas digitales y mensajería con el objetivo de detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia.
El anuncio ocurrió después de un episodio de violencia registrado en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años y exalumnos del plantel ingresaron y atacaron con armas blancas a docentes y estudiantes. La agresión dejó sin vida a la subdirectora de la escuela y 4 personas heridas, entre ellas un alumno y un docente que se encuentra en estado delicado.
"El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia del 2 de octubre.

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Sheinbaum informó que el nuevo grupo será coordinado por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e instituciones académicas.
La mandataria explicó que el gobierno busca establecer con claridad qué contenidos deberán retirarse para evitar que las nuevas medidas se conviertan en censura.
"El objetivo de este grupo de trabajo, no lo estamos haciendo sobre las rodillas, sino un grupo de trabajo con expertos de la UNAM, del Poli, de algunas instituciones que nos ayuden a que lo más pronto posible —mi objetivo es la próxima semana— tengamos un decreto relacionado con esto", señaló.
Un decreto para las plataformas digitales
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el grupo de trabajo prevé avanzar durante la próxima semana en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales.La propuesta contempla obligaciones de "detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia", además de mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.
Sheinbaum señaló que la medida busca que las plataformas actúen cuando detecten comunicaciones relacionadas con actos violentos.
"El objetivo primero es que… pasarle la responsabilidad a las plataformas para que, si ellos encuentran que hay comunicación, interacción de algo que tiene que ver con actos violentos como los que ya ocurrieron en… son 3 o 4 ocasiones en el país, pues que bajen esos contenidos y reporten a la autoridad", explicó.
La presidenta precisó que el objetivo inicial no consiste en convertir estas conductas en delitos, sino establecer mecanismos de prevención.
"No se trata de hacerlo un delito penal, no. Puede ser un delito penal, pero no se trata de eso, lo que queremos es prevenir", afirmó.
El gobierno también plantea fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos.
García Harfuch señaló además que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene un monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar contenidos, conductas o personas que puedan representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento.
El funcionario aclaró que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no implica por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito. La tarea de inteligencia, explicó, consiste en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta.
Sheinbaum sostuvo que la prevención no puede depender únicamente de las familias y las escuelas, sino que las plataformas digitales también deben asumir responsabilidades sobre los contenidos que circulan en sus servicios.
La presidenta también confirmó que el diálogo incluirá a todas las plataformas digitales.
Nuevas regulaciones en medio de la controversia
Las nuevas regulaciones ocurren en un momento en que el gobierno enfrenta señalamientos de limitar la libre expresión. El pasado 12 de agosto, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quien ahora dirigirá el nuevo grupo de trabajo sobre redes sociales, presentó un "análisis de ecosistema digital de amplificación de tendencias".En su presentación aparecieron cuentas de redes sociales de periodistas, influencers, comentaristas y analistas que son críticos al actual gobierno. Una de las periodistas que apareció en la exposición, Carmen Aristegui, señaló que la presentación fue una lista como la que usan líderes comunistas.
"Cuando un gobierno eh decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado cosas verdaderamente graves para la humanidad", dijo la periodista en un video el 13 de agosto.
Además, el pasado 30 de septiembre se aprobó la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, también llamada “Ley Antimemes”, que sanciona el uso indebido de la identidad gráfica de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
Mientras los políticos del oficialismo sostienen que las reformas no buscan castigar memes, caricaturas ni el periodismo, sino combatir fraudes, suplantación y piratería, hay quienes expresan preocupación porque la ley no excluye expresamente al periodismo y la crítica política.
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