El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba, y a una nuera del expresidente Raúl Castro.
Rubio dijo que la situación en Cuba continúa deteriorándose mientras el gobierno comunista de la isla mantiene como prioridad "su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", según un comunicado difundido en redes sociales este 23 de junio.
El funcionario estadounidense señaló que GAESA ha operado durante años como el principal mecanismo mediante el cual las élites gobernantes obtienen recursos económicos que, a su juicio, deberían destinarse a servicios esenciales para la población.
"Hoy, he designado entidades adicionales de la red GAESA asociadas con el movimiento tanto de su dinero como de sus activos físicos, así como entidades responsables de explotar las reservas minerales y metálicas de Cuba para obtener ganancias ilícitas", dijo Rubio.
El secretario de Estado también advirtió que las consecuencias podrían extenderse más allá de las entidades directamente sancionadas.
"Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma", indicó.
Asimismo, hizo un llamado a instituciones financieras y compañías extranjeras para que suspendan de inmediato cualquier relación comercial con las entidades señaladas.
La medida también alcanza a la esposa del hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, quien previamente ya había sido sancionado por el gobierno estadounidense. Sin embargo, el Departamento de Estado no reveló detalles sobre la sanción de la nuera del expresidente Castro.
Castro Espín fue sancionado el pasado 4 de junio por actuar en nombre del gobierno cubano directa o indirectamente. También se le señala de ser el antiguo dirigente de los servicios de inteligencia cubana, además de ser hijo de Raúl Castro.
Las nuevas sanciones ocurren en el marco de un decreto ejecutivo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el 1 de mayo, titulado "Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".
Estas nuevas medidas económicas forman parte de una serie de iniciativas recientes del gobierno estadounidense para aumentar la presión sobre la Habana comunista.
En mayo pasado, Rubio sancionó a la directora Ejecutiva de GAESA, Ana Guillermina Lastres Morera por administrar las cuentas en el extranjero del conglomerado. Se estima que GAESA representa alrededor del 40 % de la economía de la isla.
En esa ocasión también se sancionó a una segunda empresa comercial cubana llamada (MNSA) que se involucra en el sector de metales pesados y minería.
"Se beneficia de los activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano de personas y corporaciones estadounidenses", dijo Rubio sobre MNSA.
Después de la Revolución Cubana en 1959, el gobierno confiscó propiedades y corporaciones estadounidenses.
La administración estadounidense reforzó su estrategia de presión contra Cuba mediante la ampliación de sanciones y la limitación de los suministros de petróleo hacia la isla, una medida que tomó después de la captura de Nicolás Maduro en enero.
Con la interrupción de los envíos de crudo venezolano subsidiado, el gobierno de Trump privó a Cuba de una de sus principales fuentes de apoyo económico.
Marco Rubio ha sostenido que Cuba representa desde hace años un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según sus declaraciones, esa evaluación se basa en la cercanía de La Habana con Rusia y China, así como en lo que considera su papel como patrocinador del terrorismo en el hemisferio occidental.
En respuesta a las crecientes dificultades económicas y a las sanciones estadounidenses, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó la semana pasada una serie de reformas impulsadas por el Partido Comunista para abrir espacios al sector privado dentro de la economía socialista.
Entre los cambios aprobados se encuentra la autorización de proyectos de desarrollo inmobiliario privado en el país.
Las reformas también contemplan la conversión de empresas estatales en sociedades comerciales con participación accionaria y capital privado.
Asimismo, plantean la incorporación de bancos privados al sistema financiero cubano, un sector que históricamente permaneció bajo control estatal.
Con colaboración de Ryan Morgan y de Jack Phillips.
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