Las medidas incluyen límites al aumento de los alquileres, una prohibición temporal de los desalojos y restricciones a la compra de propiedades residenciales por parte de empresas, medidas que se tomaron a raíz de las protestas desencadenadas por el desalojo forzoso de una mujer de 87 años de su hogar.
"Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales, y seguir transformando España", dijo Sánchez en un discurso televisado.

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Al convocar las elecciones, Sánchez trasladó la aprobación de las nuevas normas del Congreso en pleno a un órgano interino más reducido, en el que sus aliados cuentan con una estrecha mayoría.
Las medidas entrarán en vigor de manera temporal cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero luego deberán ser remitidas para su aprobación a los legisladores interinos que permanezcan en sus cargos tras la disolución del Parlamento, explicó Sánchez.
El gobierno de España aprobó dos decretos el 29 de septiembre para suspender los desalojos de propiedades pertenecientes a fondos de inversión hasta el año 2030. Las medidas también incluían normas para los pequeños propietarios, permitiendo a los inquilinos cuyos contratos de arrendamiento venzan antes de finales de 2028 permanecer en la vivienda hasta por dos años adicionales y limitando los aumentos de renta al 2 por ciento hasta 2027.
Los decretos no prosperaron después de que los legisladores del partido separatista catalán Junts, que apoyaba al gobierno de izquierda, se unieran a la oposición para rechazarlos, argumentando que las propuestas reducirían la oferta de vivienda.
"Encontrar vivienda será cada día más difícil. Nuestra responsabilidad es brindar certeza, no incertidumbre", dijo.
"La vivienda no se vuelve más accesible mediante decretos; se vuelve más accesible construyendo más viviendas", señaló el legislador del PP, Juan Bravo. "No les vamos a mentir: no va a ser fácil, y no va a suceder rápidamente".
También incluyen el impuesto al valor agregado sobre los departamentos para turistas, deducciones fiscales para los inquilinos, incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan los alquileres, ayuda para quienes compran su primera vivienda, protecciones para el parque habitacional estatal y una reducción del impuesto al valor agregado sobre las viviendas protegidas.
"La incertidumbre jurídica inherente a ambos decretos provocará una fuerte desaceleración de la limitada inversión conseguida hasta la fecha en la construcción de vivienda asequible", dijo.
El intento de desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid desencadenó protestas en todo el país.
La policía desalojó a la señora Abascal el 23 de septiembre de su vivienda en Madrid, donde había vivido durante más de siete décadas. El departamento, ubicado en el acomodado barrio del Retiro de la capital, fue adquirido por el fondo de inversión Urbagestion, que exigió un aumento significativo del alquiler que la señora Abascal no podía pagar.
"He vivido aquí durante 71 años y no quiero irme", dijo la señora Abascal a los periodistas en la víspera del desalojo.
Beatriz Duro señaló en una conferencia de prensa que había habido "buena voluntad por ambas partes" y que pagaría un monto de renta similar en virtud de un nuevo contrato, sin tener que abonar el monto incrementado.
El 23 de septiembre, la vicegobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, señaló que, desde 2021, se ha acumulado un déficit estimado de unas 755,000 viviendas, y que esa brecha podría ampliarse en otras 300,000 entre 2026 y 2028.
Con información de Reuters
























