El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) retiró su apelación contra una decisión judicial que prohíbe al gobierno federal recortar los fondos destinados al transporte de los llamados estados santuario, en los que las fuerzas del orden tienen restringida la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El DOJ presentó su moción para desestimar la apelación el 13 de enero, antes de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos emitiera un fallo. La medida pone fin a una batalla legal iniciada por California y otros 21 estados sobre si la administración Trump puede vincular los fondos federales utilizados para construir y mantener carreteras, puentes y autopistas a las políticas de inmigración estatales.
Están en juego decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes que los estados reciben del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT). Según la demanda, basándose en las cantidades reales recibidas en los años fiscales 2022 y 2023 y en las previsiones para los años fiscales 2024 a 2026, los estados demandantes esperan recibir una media de USD 24.3 mil millones al año solo en fondos para autopistas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, que lidera la demanda multistatal que impugna las condiciones de financiación del DOT, celebró el resultado.
"California no está jugando cuando se trata de fondos vitales para el transporte que sostienen nuestra infraestructura pública, y seguiremos llevando al presidente a las cortes cada vez que utilice los fondos federales como arma para intimidar a nuestras comunidades", dijo en un comunicado.
La batalla judicial comenzó en mayo de 2025, después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, expusiera en una carta de abril las expectativas de su departamento en cuanto a la cooperación con las autoridades de inmigración.
En esa carta, Duffy escribió que, como receptores de fondos del DOT, los gobiernos estatales han firmado acuerdos legalmente vinculantes con el gobierno federal y están obligados a "cumplir plenamente con todas las leyes y reglamentos federales aplicables", incluidas las leyes federales de inmigración.
Advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones, incluyendo la negativa a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o la adopción de medidas para proteger a los inmigrantes ilegales de la detección del ICE, podría dar lugar a la pérdida de los fondos del DOT.
Según él, tales incumplimientos podrían "comprometer la seguridad de los sistemas de transporte" y equivaldrían a dar prioridad a los inmigrantes ilegales sobre los contribuyentes que financian dichos sistemas.
En noviembre de 2025, el juez presidente John McConnell, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, se puso del lado de los estados y dictaminó que Duffy había "sobrepasado descaradamente" su autoridad al intentar condicionar la financiación del transporte a la cooperación en materia de inmigración. McConnell falló a favor de los estados en otras impugnaciones a las decisiones de financiación de la administración Trump, entre ellas la orden al Departamento de Agricultura de Estados Unidos de financiar íntegramente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria durante el cierre del gobierno.
El Departamento de Transporte no respondió a una solicitud de comentarios.
En una acción separada, Duffy anunció el 7 de enero que su departamento canceló USD 160 millones en fondos para carreteras destinados a California después de que el estado no cumpliera el plazo para cancelar 17,000 permisos de conducir comerciales expedidos a personas que perdieron su estatus migratorio legal. Anteriormente, retuvo USD 40 millones del estado después de que este se negara a aplicar los nuevos requisitos de idioma inglés para los conductores de camiones.
El 8 de enero, Duffy amenazó con tomar medidas similares contra Carolina del Norte, alegando que más de la mitad de los permisos de conducir comerciales revisados por los auditores del DOT en ese estado se expidieron a personas que carecían de pruebas de residencia legal en Estados Unidos o que, por otros motivos, no reunían los requisitos necesarios.
"Hago un llamamiento a los dirigentes estatales para que retiren inmediatamente de nuestras carreteras a estos conductores peligrosos y pongan orden en su sistema", afirmó.
Las medidas del Departamento de Transporte se basan en la directiva del presidente Donald Trump de tomar medidas contra las jurisdicciones santuario, incluyendo el corte de ciertos fondos federales a esas áreas.
Trump reiteró esa postura el 14 de enero, advirtiendo que las ciudades que no cumplan con la ley federal de inmigración podrían perder los fondos federales.
"A partir del 1 de febrero, el gobierno federal dejará de realizar pagos a los estados por sus centros de protección criminal corruptos conocidos como ciudades santuario", escribió en Truth Social. "¡Lo único que hacen es fomentar el crimen y la violencia! Si los estados los quieren, ¡tendrán que pagarlos!".
