El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado casos de desnaturalización contra 40 personas acusadas de diversos delitos, entre ellos abuso sexual de un menor y espionaje a favor de China.
Los casos de desnaturalización, presentados entre el 21 de agosto y el 2 de octubre, representan el mayor número de denuncias presentadas en un solo período durante la administración de Trump, según un comunicado del DOJ del 5 de octubre. Las personas que enfrentan la denaturalización han sido acusadas de actos tales como pornografía infantil, delitos relacionados con drogas, sodomía contra un hombre con necesidades especiales, abuso sexual infantil, robo de identidad y homicidio voluntario.
Según datos del DOJ, el mayor número de denaturalizaciones correspondió a ciudadanos de México, China y Pakistán.
Yusmary Shirley Durán Mejía, de 47 años, originaria de Colombia, ingresó a los Estados Unidos en 2007 y se naturalizó en 2018. En 2019, fue acusada de conspiración para cometer lavado de dinero. Según informó el Departamento de Justicia (DOJ), la señora Mejía admitió ante el tribunal que había participado en las actividades ilegales antes de obtener la ciudadanía. Estados Unidos solicita la desnaturalización de la señora Mejía, alegando sus actos delictivos y la obtención de la ciudadanía mediante declaraciones falsas y el encubrimiento de hechos.
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Ramiro Escot Esparza, de 60 años, originario de México, solicitó la ciudadanía en 2008. Durante la entrevista de ciudadanía en 2009, Esparza presuntamente ocultó el hecho de que había cometido abuso sexual contra un menor. Unos meses después de obtener la ciudadanía, Esparza se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual contra un menor. Estados Unidos solicita la desnaturalización de Esparza.
Dos personas se enfrentan a la desnaturalización por espiar para el régimen comunista chino. Una de ellas, Wei Jinchao, de 26 años, se unió a la Marina de los Estados Unidos en 2021 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en mayo de 2022. Para entonces, ya había comenzado a colaborar con un oficial de inteligencia de Beijing, según indicó el Departamento de Justicia (DOJ) en otro comunicado del 5 de octubre.
Wei proporcionó imágenes y videos de un buque de asalto anfibio, información sobre armas defensivas, la ubicación de ciertos buques de la Armada y miles de páginas de información crítica obtenida de sistemas restringidos de la Armada. El oficial de inteligencia le pagó más de 12,000 dólares por dicha información. En enero, fue condenado a 200 meses de prisión.
La segunda persona, Li Ping, de 61 años, trabajó para una importante empresa de telecomunicaciones de EE. UU. y, posteriormente, para una empresa de tecnología de la información. Li proporcionó a Beijing información sobre disidentes chinos, practicantes de Falun Gong, defensores de la democracia y organizaciones no gubernamentales con sede en EE. UU. Li fue condenado a 48 meses de prisión en noviembre de 2024, según el Departamento de Justicia (DOJ).
“El anuncio de hoy marca la mayor iniciativa de desnaturalización en la historia moderna”, declaró el fiscal general Todd Blanche en un comunicado reciente sobre los 40 casos. “Desde una persona condenada por espionaje hasta otras condenadas por delitos sexuales contra menores, estos acusados ocultaron hechos cruciales al gobierno de Estados Unidos y constituyen delincuentes graves”.
La publicación The Epoch Times no pudo contactar a los representantes legales de Yusmary Shirley Durán Mejía y Ramiro Escot Esparza para obtener comentarios.
De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un ciudadano estadounidense naturalizado puede perder su ciudadanía si dicha naturalización se obtuvo mediante fraude o por medios ilegales.
La naturalización de una persona puede ser revocada ya sea a través de procedimientos penales o civiles, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).
En las revocaciones civiles, el gobierno está obligado a presentar "pruebas claras, convincentes e inequívocas que no dejen lugar a dudas", señaló el USCIS. La agencia remite los casos para revocaciones civiles cuando los solicitantes obtienen la naturalización de manera ilegal, ocultan información fundamental o tergiversan deliberadamente los hechos durante el proceso de naturalización. En el caso de las revocaciones penales, la carga de la prueba es la misma que en otros casos penales: debe ser más allá de toda duda razonable.
En enero, el senador Eric Schmitt (R-Mo.) presentó la Ley para Detener el Abuso y la Falsedad en materia de Ciudadanía (Ley SCAM), la cual amplía el proceso de desnaturalización para las personas que hayan cometido ciertos delitos, según un comunicado del 19 de enero emitido por la oficina del legislador.
Específicamente, la Ley SCAM se dirige a personas que hayan cometido fraude contra programas gubernamentales, estén vinculadas a organizaciones terroristas extranjeras designadas o hayan cometido un delito grave con agravantes o espionaje, según el comunicado.
La Ley SCAM "toma medidas audaces para proteger al público estadounidense de la explotación criminal, defenderse contra las amenazas a la seguridad nacional y garantizar que las virtudes de la ciudadanía estadounidense sigan siendo protegidas y preservadas", afirmó Joe Chatham, director de relaciones gubernamentales de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, en el comunicado.
