El 20 de noviembre, un juez estadounidense ordenó a las autoridades de Connecticut no aplicar a los empleados federales ciertos apartados de una nueva ley, incluida una disposición que prohibía a los agentes federales el uso de mascarillas.
Cuatro secciones del Proyecto de Ley 397 del Senado de Connecticut probablemente violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, señaló el juez federal de distrito Vernon D. Oliver, con sede en Connecticut, en una resolución de 39 páginas.
Dicha cláusula establece que las leyes federales constituyen "la ley suprema del país" y que los jueces están sujetos a los estatutos federales, a la Constitución y a los tratados, no a las leyes estatales.
"Puede que Connecticut tenga buenas intenciones al intentar imponer restricciones adicionales —creadas a nivel estatal— a las fuerzas del orden federales en los ámbitos específicos que el proyecto de ley SB 397 pretende regular; sin embargo, tal planteamiento es incompatible con nuestra Constitución y su sabiduría", afirmó Oliver.

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Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, del cual forma parte el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), declaró a The Epoch Times a través de un correo electrónico: "Que los políticos de las llamadas 'jurisdicciones santuario' intenten prohibir el uso de mascarillas a nuestros agentes federales es algo despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestro personal".
"Para que quede absolutamente claro: no acataremos prohibiciones inconstitucionales. La Cláusula de Supremacía establece sin lugar a dudas que los políticos de las jurisdicciones santuario no tienen autoridad sobre las fuerzas del orden federales".
El juez dictó una medida cautelar contra los funcionarios de Connecticut, prohibiéndoles aplicar una disposición que establecía que los agentes del orden no podían llevar "ninguna cubierta facial o disfraz personal mientras interactuaran con el público en el desempeño de sus funciones" —con excepciones limitadas— y que aquellos agentes que interactuaran con el público en su capacidad oficial y estuvieran autorizados para realizar arrestos debían estar identificados mediante una placa y una etiqueta con su nombre.
El incumplimiento de esta norma, aprobada por los legisladores y promulgada por el gobernador este mismo año, podría dar lugar a cargos por delitos menores.
Asimismo, el juez Oliver impidió que los funcionarios estatales investiguen incidentes en los que empleados federales utilicen la fuerza y se produzca el fallecimiento de una persona.
Las cortes federales bloquearon leyes similares en California, Nueva York y Virginia, al considerar que probablemente infringían la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
Por otro lado, el juez Oliver accedió parcialmente a la moción de desestimación presentada por Connecticut; excluyó al fiscal general del estado, William Tong, como demandado y señaló que la medida cautelar no le resulta aplicable.
"Estamos revisando la decisión y evaluando los próximos pasos", indicó Elizabeth Benton, portavoz de la oficina de Tong, en un correo electrónico dirigido a The Epoch Times.
Los demócratas de Connecticut habían celebrado la ley en cuestión, afirmando que ofrecía las protecciones más sólidas frente a lo que calificaron como conductas inconstitucionales por parte de agentes del ICE durante operaciones de control migratorio.
"La legislación busca reforzar la rendición de cuentas al exigir una identificación clara de los agentes federales, restringir las acciones de aplicación de la ley en lugares sensibles y establecer un mecanismo para que las personas puedan buscar reparación cuando se vulneren sus derechos constitucionales", declaró en mayo el representante estatal demócrata Matt Blumenthal.
Tras conocerse la nueva decisión, el líder de la minoría en el Senado de Connecticut, Stephen Harding; el líder electo de la minoría en el Senado, Rob Sampson; y el senador Eric Berthel —todos ellos republicanos— emitieron una declaración conjunta.
"Durante el debate en el Senado estatal, los republicanos advertimos en repetidas ocasiones que esta política, contraria a las fuerzas del orden, era inconstitucional. Señalamos que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución al intentar regular a los agentes federales mientras desempeñan sus funciones oficiales", indicaron. "Y, efectivamente, un juez federal aquí mismo, en Connecticut, coincide con lo que habíamos advertido".















