Opinión
Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), no ocupaba ningún cargo oficial como “zar del COVID” en 2020. Era simplemente uno de los miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus. No obstante, a través de sus numerosas y diarias apariciones en los medios de comunicación, se convirtió en el rostro de la respuesta a la pandemia. De hecho, ejerció un grado significativo de poder.
Con el apoyo de su equipo, llevó un registro diario de sus reflexiones y de los acontecimientos. No se trata de un diario privado, sino de un documento oficial de los Institutos Nacionales de Salud. No se filtró, sino que fue dado a conocer por la oficina del senador Rand Paul antes de que Fauci prestara testimonio bajo coacción ante un subcomité del Senado. No le pertenece a Fauci, sino al pueblo estadounidense, que financió su elaboración.
En la audiencia, Fauci invocó la Quinta Enmienda 111 veces. Para muchos lectores extranjeros, esto ofreció una perspectiva interesante sobre cómo funcionan los derechos constitucionales en Estados Unidos. La Quinta Enmienda establece que nadie puede ser “obligado, en ningún proceso penal, a declarar en su contra”.
De hecho, resulta bastante inspirador ver cómo funciona la Declaración de Derechos en un caso de tal importancia. Lo que complica aún más las cosas, en esta situación, es que a Fauci se le concedió un indulto por parte del expresidente, por lo que, en realidad, no estaba legalmente expuesto a rendir cuentas por sus actos pasados.
La ironía se acentúa al reflexionar sobre el período de confinamiento en sí mismo. Durante esos tiempos, la Declaración de Derechos, en la que los estadounidenses confían para proteger sus derechos y libertades, se vio drásticamente debilitada bajo el pretexto de la emergencia.
Primera Enmienda
Las iglesias y sinagogas se enfrentaron a límites de aforo o a prohibiciones totales de reuniones en interiores, mientras que los negocios seculares “esenciales” (tiendas de licores, grandes superficies, casinos en algunos lugares) operaban con menos restricciones o sin límites comparables.Se detuvo o se acusó a pastores por celebrar servicios religiosos (por ejemplo, Rodney Howard-Browne en Tampa; Tony Spell en Luisiana).
La Corte Suprema intervino en múltiples ocasiones, al considerar que ciertas normas de Nueva York y California eran discriminatorias contra la religión (Diócesis Católica Romana de Brooklyn contra Cuomo, Iglesia Pentecostal Unida de South Bay contra Newsom, Tandon contra Newsom).
Las reuniones con fines de culto, protesta o sociales se restringieron o prohibieron durante largos períodos.
Las opiniones científicas o políticas disidentes (teoría de la fuga del laboratorio, inmunidad natural, datos sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, tratamientos ya disponibles, eficacia de las cubrebocas) se enfrentaron a una presión coordinada en las plataformas a través de comunicaciones gubernamentales; esto se convirtió en el núcleo de los litigios Misuri contra Biden / Murthy contra Misuri, que protestaban contra el mayor esfuerzo de censura de la Primera Enmienda en la historia moderna de Estados Unidos.
Segunda Enmienda
Algunas jurisdicciones (los condados de Los Ángeles y Ventura en California, partes de Nueva York, Massachusetts, Míchigan, Nuevo México, Washington, Nueva Jersey y Pensilvania) clasificaron a los comerciantes de armas y municiones como no esenciales y ordenaron su cierre durante días o semanas, mientras que otros comercios minoristas permanecieron abiertos.Tercera Enmienda
¿Hubo acuartelamiento de soldados en hogares privados? Sí.Cuarta Enmienda
Los programas de rastreo de contactos, las aplicaciones de notificación de exposición y la recopilación de datos y ubicación constituían vigilancia sin orden judicial.El rastreo requería datos sobre los contactos de las personas infectadas, los cuales se extraían y se cargaban en programas de metadatos masivos.
La aplicación de la cuarentena y algunas órdenes de pruebas o aislamiento se llevaron a cabo con un proceso debido limitado.
Quinta Enmienda
Las órdenes de quedarse en casa funcionaron como un arresto domiciliario prolongado para personas sanas; los negocios “no esenciales” fueron cerrados por decreto ejecutivo, lo que destruyó medios de subsistencia y cadenas de suministro sin audiencias individualizadas.Las obligaciones de vacunación para los trabajadores federales, contratistas, militares, personal de salud y (a través de la OSHA) grandes empleadores privados condicionaron el empleo a recibir una inyección —un tratamiento médico impuesto sin consentimiento plenamente informado—.
Las cortes anularon la amplia obligación de la OSHA para los empleadores privados y algunas de las federales; las denegaciones de exenciones religiosas por parte de las fuerzas armadas generaron numerosos litigios y sanciones profesionales.
Sexta y Séptima Enmiendas
Los cierres y retrasos en las cortes generaron atrasos masivos. Para muchas personas, las cortes quedaron efectivamente cerradas.Los derechos a un juicio rápido y a juicios civiles con jurado se pospusieron durante meses o años en muchas jurisdicciones, dejando a los acusados y litigantes en un limbo.
Esto se trató como una necesidad logística más que como una suspensión deliberada, pero el efecto práctico fue un retraso generalizado de la justicia.
Octava Enmienda
En las prisiones, a los reclusos que dieron positivo en COVID-19 o que estuvieron expuestos al virus se les asignaron celdas de aislamiento de alta seguridad, descritas como sin ventanas y en condiciones de suciedad extrema, con severas restricciones de movimiento, duchas y pertenencias —condiciones que anteriormente se asociaban con el alojamiento disciplinario o en el corredor de la muerte.Novena Enmienda
Las demandas de derechos no enumerados se centraron en la integridad física, la autonomía médica, la libertad de circulación y de asociación, los derechos de los padres sobre la educación, el uso de cubrebocas y la vacunación de sus hijos, y la libertad de andar en patineta, surfear o simplemente dar un paseo.Décima Enmienda
Las obligaciones federales de vacunación (la norma de la OSHA para empleadores privados y las reglas para contratistas) usurparon las facultades policiales tradicionales de los estados en materia de salud pública. La Corte Suprema invalidó la norma de la OSHA por exceder la autoridad legal y constitucional. Las prolongadas declaraciones de emergencia por parte de los gobernadores suspendieron los procesos legislativos ordinarios en múltiples estados.El paquete general —confinamientos de personas sanas, restricciones religiosas discriminatorias, supresión de la libertad de expresión, destrucción de empresas y acceso condicional al trabajo y a la sociedad mediante la vacunación— constituyó la mayor intromisión en las libertades civiles en tiempos de paz de la historia moderna de Estados Unidos, solo superada por la esclavitud. Las cortes finalmente frenaron algunas de las medidas más extremas, especialmente en materia de religión y respecto al mandato federal para empleadores privados, pero muchas políticas estuvieron vigentes durante meses o años antes de ello. Continúan los debates empíricos sobre la necesidad frente al exceso y el daño neto.
La Declaración de Derechos es uno de los grandes logros en la historia del gobierno moderno. Nunca debería quedar silenciada debido a situaciones de emergencia. El propio testimonio de Fauci nos recuerda el poder de la Constitución. Uno desearía que hubiera sido igual de efectiva mientras él estuvo a cargo de la respuesta a la pandemia.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
