Opinión
Como estadounidense, madre y ganadera, estuve reflexionando sobre lo que significa que nuestro país entre en otra guerra y sobre lo que la historia nos dice que suele ocurrir a continuación en nuestro país.
Habrá un debate interminable sobre quién tiene razón y quién no. Algunos alabarán a nuestros líderes, otros los criticarán y los vecinos discreparán sobre cómo hemos llegado a esta situación y cómo se desarrollarán los acontecimientos en el futuro. Esas conversaciones son naturales en una sociedad libre.
Pero hay otra conversación que merece la misma atención, una que la historia plantea en silencio cada vez que Estados Unidos entra en guerra: ¿Qué libertades perderán los estadounidenses esta vez?
La historia sugiere que los tiempos de guerra a menudo reconfiguran la relación entre los ciudadanos y el gobierno.
Estados Unidos sigue siendo uno de los últimos países de habla inglesa donde la libertad de expresión y de pensamiento siguen estando ampliamente protegidas. Eso no sucedió por casualidad. Es la herencia de una república constitucional construida sobre el entendimiento de que los derechos no provienen del gobierno; provienen de Dios. La Constitución no concedió a los estadounidenses sus libertades. Las reconoció y puso límites a lo que el gobierno puede hacer.
Sin embargo, cuando miramos con honestidad al siglo pasado, hay un patrón que resulta difícil de ignorar. Casi todas las grandes guerras en las que ha entrado Estados Unidos fueron seguidas de cierta erosión de la libertad en el país.
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Durante la Primera Guerra Mundial, el Congreso aprobó la Ley de Espionaje de 1917, seguida de la Ley de Sedición de 1918. En virtud de estas leyes, los estadounidenses podían ser arrestados y encarcelados simplemente por criticar la guerra o desalentar el alistamiento militar. Discursos que normalmente estarían protegidos por la Primera Enmienda se convirtieron de repente en delito. Uno de los casos más famosos fue el de Eugene V. Debs, un líder político que recibió una condena de 10 años de prisión por pronunciar un discurso en contra de la guerra y el servicio militar obligatorio.
La guerra acabó finalmente, pero la Ley de Espionaje sigue vigente más de un siglo después.
La Segunda Guerra Mundial supuso una violación aún más directa de las libertades civiles. Tras el ataque a Pearl Harbor, el gobierno federal promulgó la Orden Ejecutiva 9066, que autorizaba el traslado forzoso de los japoneses-estadounidenses que vivían en la costa oeste. Más de 120,000 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, fueron expulsadas de sus hogares y recluidas en campos de internamiento. Las familias perdieron granjas, negocios y propiedades y las personas fueron detenidas sin cargos penales ni juicios. La Corte Suprema ratificó la política en aquel momento, aunque hoy en día se considera uno de los casos más preocupantes de violación de las libertades civiles en la historia moderna de Estados Unidos.
La guerra terminó y los campos acabaron cerrando, pero la lección quedó clara: En tiempos de miedo y emergencia nacional, los derechos de los ciudadanos pueden quedar relegados a un segundo plano.
La época de la Guerra Fría trajo consigo otra forma de intromisión del gobierno en la vida de los estadounidenses. El temor a la infiltración comunista dio lugar a investigaciones exhaustivas sobre las creencias políticas de los ciudadanos. El Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes citó a estadounidenses para que testificaran sobre sus vínculos y opiniones, mientras que la Ley Smith permitía procesar a quienes defendieran determinadas ideas políticas. Profesores, actores, escritores y empleados públicos fueron incluidos en listas negras o presionados para que prestaran juramentos de lealtad.
Se destruyeron carreras no porque alguien hubiera cometido un delito, sino porque tenían —o se sospechaba que tenían— las creencias políticas equivocadas.
La época de la Guerra de Vietnam amplió otra categoría del poder gubernamental: La vigilancia interna. Durante este período, el FBI llevó a cabo un programa secreto conocido como COINTELPRO, que vigilaba a activistas, periodistas y organizaciones políticas en todo el país. Grupos de derechos civiles, movimientos contra la guerra, organizaciones estudiantiles y activistas políticos se vieron sometidos a vigilancia federal. Lo que comenzó como una recopilación de información de inteligencia contra amenazas percibidas se convirtió en una vigilancia generalizada de los ciudadanos estadounidenses involucrados en el activismo político.
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Esta tendencia continuó en la era moderna. En respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lanzó lo que se conoció como la Guerra contra el Terror, una serie de conflictos que incluyeron operaciones militares en Afganistán, Irak y Libia; y posteriormente, la participación en la guerra de Siria.
En el ámbito nacional, estas guerras vinieron acompañadas de alguna de las ampliaciones más significativas de la autoridad de vigilancia federal en la historia moderna de Estados Unidos. El Congreso aprobó la Ley Patriota, que otorgaba a las agencias de inteligencia poderes más amplios para vigilar las comunicaciones, acceder a registros financieros y recopilar datos relacionados con investigaciones de seguridad nacional. El gobierno federal también creó el Departamento de Seguridad Nacional, ampliando drásticamente la infraestructura de seguridad interna de Estados Unidos.
Los viajes por los aeropuertos cambiaron casi de la noche a la mañana con la creación de la Administración de Seguridad en el Transporte, que introdujo nuevos registros, escáneres corporales y bases de datos de seguridad que vigilan a millones de viajeros. Años más tarde, el denunciante Edward Snowden reveló que las agencias de inteligencia estaban recopilando enormes cantidades de información digital a través de programas diseñados para vigilar las redes de comunicaciones globales. Se recopilaron metadatos telefónicos, tráfico de Internet y otras comunicaciones digitales a una escala que pocos estadounidenses habían imaginado anteriormente.
La tecnología había cambiado, pero el patrón seguía siendo el mismo. Una vez más, una crisis nacional y las guerras que le siguieron condujeron a una ampliación de la autoridad del gobierno sobre las vidas y las comunicaciones de los ciudadanos de a pie.
Nada de esta historia pretende emitir un juicio sobre ninguna guerra concreta ni sobre ningún momento histórico específico. Cada generación se enfrenta a peligros que exigen decisiones difíciles y la seguridad nacional no es una preocupación abstracta. Pero la historia sí revela un patrón. La guerra amplió a menudo el poder del gobierno, al tiempo que fue restringiendo gradualmente las libertades de los ciudadanos. Quizás nuestra generación sea la que finalmente reconozca ese patrón y se niegue a permitir que la erosión continúe.
Es fácil sucumbir a las emociones del momento. La guerra trae consigo dolor, ira, miedo e incertidumbre. Las familias rezan por sus hijos e hijas que visten el uniforme y las comunidades lloran las vidas inocentes perdidas en conflictos lejos de nuestras costas. Esas reacciones son profundamente humanas.
Pero entre la oración y el duelo, también debe haber vigilancia. Los estadounidenses deben permanecer unidos y proteger las libertades que definen a este país.
Las decisiones de política exterior suelen estar muy lejos del control de los ciudadanos de a pie. Las personas que viven en pueblos pequeños y condados rurales no establecen la estrategia global, pero sí tenemos voz cuando se trata de preservar la libertad en nuestro país. Que alguien apoye esta guerra o se oponga a ella no debería importar a la hora de defender las libertades constitucionales. Los estadounidenses de todo el espectro político deberían poder ponerse de acuerdo en que la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso son importantes. Nuestros desacuerdos sobre política no pueden convertirse en una excusa para renunciar a los principios que nos permiten estar en desacuerdo en primer lugar.
La historia demuestra que los gobiernos suelen ampliar su alcance en tiempos de guerra mediante la censura, la vigilancia o poderes de emergencia que permanecen mucho después de que la emergencia haya pasado. Los estadounidenses deben dejar una cosa clara: la guerra nunca debe convertirse en una excusa para erosionar las libertades de los ciudadanos en nuestro país.
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No utilicen las capacidades tecnológicas, las crisis fronterizas ni los temores a la inestabilidad para justificar la vigilancia masiva del pueblo estadounidense.
Las herramientas de inteligencia militar y la inteligencia artificial diseñadas para el control del campo de batalla no tienen cabida en la vida cotidiana de los ciudadanos. El pueblo estadounidense no es súbdito del Estado. Somos ciudadanos soberanos y la soberanía significa algo sencillo pero poderoso: La autoridad del gobierno emana, en última instancia, del consentimiento de los gobernados.
Muchas fuerzas en el mundo escapan al control de la gente común. Las guerras entre naciones suelen estar entre ellas. Pero la preservación de la libertad dentro de nuestro propio país siempre dependió de la vigilancia de los ciudadanos y esa responsabilidad no desaparece en tiempos de guerra. De hecho, es en tiempos de guerra cuando más importa.
Si el siglo pasado nos enseña algo, es que la libertad rara vez desaparece de golpe. Se erosiona lentamente, poco a poco, a menudo justificada por el miedo y la promesa de que las restricciones serán solo temporales.
Los estadounidenses ya oyeron esa promesa antes.
Esta vez debemos responder que rezaremos por la paz, rezaremos por nuestras tropas y lloraremos las vidas inocentes perdidas en la guerra. Pero también nos mantendremos unidos para enviar un mensaje claro:
Nuestras libertades no son negociables.
Ni esta vez. Ni nunca.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
