El presidente Donald Trump emitió el 4 de junio una suspensión total de los nuevos visados para los ciudadanos extranjeros de una docena de países que solicitan la entrada en Estados Unidos y una suspensión parcial para los ciudadanos de otras siete naciones.
Bajo el título «Restricción de la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública», la proclamación se produce tras la orden ejecutiva del primer día de Trump, «Proteger a Estados Unidos de los terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública», y entrará en vigor a las 12:01 a. m. ET del 9 de junio.
La suspensión total entrará en vigor para los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La suspensión parcial afectará a los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Trump afirmó que la entrada de estas personas «sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos» y que «su entrada debería estar sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones».
Esta medida ejecutiva se produce después de que el secretario de Estado y el asistente del presidente para la Seguridad Nacional presentaran un informe el 9 de abril en el que se identificaban los países con información tan deficiente en materia de investigación y selección que se justificaba la suspensión total o parcial de la entrada de sus ciudadanos.
Trump declaró en la proclamación que consultó con el secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Nacional, el director de Inteligencia Nacional y los asesores pertinentes del presidente antes de tomar su decisión. El presidente también tuvo en cuenta otros objetivos y factores relacionados con diversos temas, desde la política exterior hasta la lucha contra el terrorismo.
«Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de ciudadanos extranjeros sobre los que el gobierno de Estados Unidos no dispone de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para Estados Unidos», declaró el presidente en su proclamación.
«Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son necesarias para obtener la cooperación de los gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros objetivos importantes de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo».
La Casa Blanca publicó una hoja informativa tras la firma, en la que destacaba los motivos por los que cada país está ahora sujeto a la suspensión total o parcial.
Entre las razones por las que un país puede ser objeto de la medida figuran la falta de «una autoridad central competente o cooperativa para expedir pasaportes o documentos civiles»; la asociación con el terrorismo y los grupos terroristas, el patrocinio estatal de los mismos o el control sobre ellos; así como el porcentaje de nacionales que deciden permanecer en Estados Unidos después de haber expirado sus visados.
La justificación de la suspensión de la entrada de ciudadanos afganos, por ejemplo, reconoce el control del país por parte de los talibanes, la falta de autoridad central y «una tasa de permanencia ilegal con visados de estudiante (F), formación profesional (M) e intercambio (J) del 29.3 por ciento».
La tasa más alta de permanencia ilegal corresponde a Chad, con un 49.54 por ciento para los visados de negocios/turismo (B1/B2), y a Guinea Ecuatorial, con una tasa total de permanencia ilegal del 70.18 por ciento.
Los porcentajes de permanencia ilegal proceden del Informe sobre permanencia ilegal en el país del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) correspondiente al año fiscal 2023.
Sin embargo, la proclamación también afirmaba que no se revocaría ningún visado, ya fuera de inmigrante o no inmigrante, expedido antes del 9 de junio, ni se aplicarían las restricciones a ninguna persona que fuera residente legal permanente en Estados Unidos, ni a ninguna persona a la que se le hubiera concedido asilo o el estatuto de refugiado en Estados Unidos y que permaneciera en el país bajo la protección de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La proclamación también establecía que «nada de lo dispuesto en la presente proclamación se interpretará en el sentido de limitar la capacidad de una persona para solicitar asilo, el estatuto de refugiado, la suspensión de la expulsión o la protección en virtud de la CAT, de conformidad con las leyes de Estados Unidos».
Según la hoja informativa, la Administración también eximirá a «las personas cuya entrada sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos».
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