El presidente Donald Trump firmará el 28 de abril una orden ejecutiva en la que ordenará a su administración crear y publicar una lista de ciudades santuario acusadas de obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración.
La orden, que Trump tiene previsto firmar el lunes por la noche, ordenará a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi, "publicar una lista de jurisdicciones estatales y locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa celebrada el lunes.
Afirmó que la orden "se centra en proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros delincuentes".
"Es muy sencillo: obedecer la ley, respetar la ley y no obstaculizar a los funcionarios federales de inmigración y a las fuerzas policiales cuando simplemente intentan eliminar las amenazas a la seguridad pública de las comunidades de nuestro país", declaró Leavitt.
La secretaria de prensa estuvo acompañada por el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, para dar a conocer la orden el lunes por la mañana durante una rueda de prensa. La presentación se centró en las medidas de Trump en materia de inmigración durante los primeros 100 días de su segundo mandato.
Se espera que el presidente firme una segunda orden ejecutiva el lunes por la noche que busca "fortalecer y dar rienda suelta a las fuerzas del orden de Estados Unidos para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes", dijo Leavitt.
La ceremonia de firma está prevista para las 5 de la tarde del 28 de abril. Hasta el lunes, Trump había firmado más de 140 órdenes ejecutivas durante sus primeros 100 días desde su toma de posesión, según la Casa Blanca.
Leavitt culpó a la administración Biden de conceder asilo a millones de personas que llegaron a la frontera sur desde otros países desde principios de 2021, indicando que las políticas de inmigración de Trump son una respuesta a lo que ella calificó como "incumplimiento del deber" del expresidente Joe Biden.
Sin embargo, muchas de las medidas del Gobierno de Trump en materia de inmigración ilegal, incluidos los vuelos de deportación a El Salvador, han sido objeto de litigios por parte de grupos externos, fiscales generales demócratas y demandantes que alegan que se enfrentan a la deportación sin haber tenido primero audiencias judiciales para determinar su situación legal, lo que ha llevado a los jueces a suspender varios de ellos.
El Gobierno de Trump ha decidido apelar estas decisiones.
Recientemente, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno federal debe "facilitar" el regreso de Kilmar Abrego García, un inmigrante ilegal que fue deportado a El Salvador debido a un "error administrativo" después de que se le concediera el estatus de "suspensión de expulsión" en 2019 debido a las condiciones que ponían en peligro su vida en su país de origen, El Salvador.
La administración afirma que es miembro de la banda transnacional venezolana MS-13, que ahora está designada como organización terrorista extranjera. Los funcionarios de la administración también afirman que la responsabilidad del regreso de Abrego García recae ahora en el Gobierno de El Salvador, al que el Gobierno de Estados Unidos pagó 6 millones de dólares para que acogiera a los deportados en su Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha dicho que no devolverá a Abrego García a Estados Unidos.
"Por supuesto que no lo voy a hacer. Es una pregunta absurda", dijo a los periodistas durante una visita a la Casa Blanca el 14 de abril. Cuando se le preguntó si lo liberaría dentro de El Salvador, respondió: "No nos gusta mucho liberar a terroristas en nuestro país".
La semana pasada, un juez federal dictaminó que una orden anterior de Trump que ordenaba a Bondi y Noem garantizar que las jurisdicciones santuario "no tuvieran acceso a fondos federales" es probablemente inconstitucional.
El juez William Orrick escribió que, además de "violar los principios de separación de poderes de la Constitución y la cláusula de gastos", las acciones de la administración también "violan la Quinta Enmienda en la medida en que son inconstitucionalmente vagas y violan el debido proceso".
La sentencia de Orrick impidió a la Administración Trump aplicar la orden contra varias jurisdicciones de California que han presentado demandas. Entre ellas se encuentran el condado de Monterey y las ciudades de Emeryville, Oakland, Sacramento, San Diego, San Francisco, San José, Santa Clara y Santa Cruz.
La declaración del estado de emergencia nacional en la frontera sur por parte de Trump provocó una disminución del 97% en los cruces fronterizos en marzo de este año en comparación con 2022, según dijo la Casa Blanca a principios de este mes.
El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los encuentros diarios en la frontera han disminuido en un 93% y que los encuentros con "fugitivos", o inmigrantes ilegales que logran escapar o evadir completamente la aplicación de la ley de inmigración, han disminuido en un 95% en comparación con los encuentros durante la administración anterior.
Para conmemorar los primeros 100 días del presidente en el cargo, la Casa Blanca mostró el lunes carteles con las fotos de 100 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con los delitos de los que se les acusa.
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