El presidente Donald Trump afirmó el 21 de abril que el gobierno de Estados Unidos no puede proporcionar un juicio a todas las personas que están pendientes de ser deportadas, en respuesta a una reciente sentencia de la Corte Suprema que le prohibió temporalmente al gobierno llevar a cabo expulsiones de inmigrantes ilegales en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Este fue el primer comentario público de Trump sobre el tema desde que la Corte Suprema, el sábado por la mañana, le prohibió a Trump ordenar a los funcionarios de inmigración que realizaran más vuelos con inmigrantes ilegales, identificados como miembros de bandas, a una prisión salvadoreña.
En una publicación en las redes sociales, Trump afirmó que las cortes, incluida la Corte Suprema, le estaban «obstaculizando en todo momento» el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros. Un juez federal de Washington bloqueó inicialmente su uso de la ley de 1798.
«Estoy haciendo las cosas para las que se me eligieron, expulsar a los delincuentes de nuestro país, pero las cortes no parecen querer que lo haga», escribió el presidente en la publicación. «Mi equipo es fantástico, está haciendo un trabajo increíble, sin embargo, se ve obstaculizado a cada paso incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos , por la que siento un gran respeto, pero que aparentemente no quiere que envíe a los delincuentes violentos y terroristas de vuelta a Venezuela, o a cualquier otro país, de hecho».
Si el gobierno proporcionara un juicio a todos los inmigrantes ilegales, escribió Trump, eso significaría que habría que celebrar «cientos de miles de juicios para los cientos de miles de ilegales que estamos expulsando del país», lo cual «es imposible».
Trump afirmó que las cortes están siendo influenciadas e «intimidadas por la izquierda radical» y que «si no sacamos a estos delincuentes de nuestro país, ya no tendremos país», en referencia a los inmigrantes ilegales delincuentes.
El comentario de Trump en las redes sociales parecía contener una respuesta a las críticas que afirmaban que su administración no había seguido el debido proceso al deportar a ciertas personas. En un caso que ha atraído la atención de los medios de comunicación, varios legisladores demócratas han viajado a El Salvador para solicitar el regreso del ciudadano salvadoreño deportado, Kilmar Abrego García.
Funcionarios federales y un juez de inmigración han afirmado que Abrego García es un inmigrante ilegal y probablemente miembro de la banda MS-13, una banda que fue designada como grupo terrorista por la administración Trump a principios de este año.
Abrego García también era sospechoso de haber participado en la trata de personas en 2022, según informó el Departamento de Seguridad Nacional en un informe publicado la semana pasada. Fue deportado a El Salvador en marzo, a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión.
En la orden de la Corte Suprema, los jueces, excepto Samuel Alito y Clarence Thomas, escribieron que «se le ordena al gobierno que no expulse de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte». Alito escribió un voto particular en el que criticaba la forma en que la corte había dictado la orden, calificándola como una orden «sin precedentes» y «jurídicamente cuestionable».
El alto tribunal actuó en respuesta a un recurso de urgencia presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles, que argumentaba que las autoridades de inmigración parecían estar reanudando las expulsiones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
A principios de abril, la Corte Suprema dictaminó que las deportaciones solo podían proseguir si los que iban a ser expulsados tenían la oportunidad de defender su caso ante una corte y se les concedía «un plazo razonable» para impugnar sus expulsiones pendientes.
El 19 de abril, los abogados de la administración Trump presentaron documentos judiciales en contra de la decisión de la Corte Suprema, alegando, en parte, que el gobierno sí había notificado con antelación a los detenidos antes de las expulsiones.
«Los detenidos que recibieron dichas notificaciones han tenido tiempo suficiente para presentar recursos de hábeas corpus; de hecho, los representantes de la clase putativa y otras personas han presentado dichos recursos», escribió el fiscal general D. John Sauer.
Con información de The Associated Press
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
