Texas avanza en la aprobación de una ley para fortalecer la colaboración con el gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración y se suma a Florida con medidas más estrictas en línea con las políticas de la administración Trump que delegan responsabilidades a las autoridades estatales y locales.
Avanza ley en Texas para cooperar con el ICE
El proyecto de ley SB 8, que busca establecer acuerdos de los sheriffs de Texas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la aplicación de las leyes federales de inmigración, fue aprobado en la Cámara de Representantes del estado el pasado sábado 24 de mayo y después en el Senado estatal.“Esta sólida legislación conservadora garantiza que todos los sheriffs de Texas firmen un acuerdo 287 (g) con el ICE para que delincuentes peligrosos no pasen desapercibidos. También brinda apoyo estatal a los sheriffs rurales que cumplen con su parte”, escribió el representante David Spiller, en un mensaje de X el 24 de mayo al anunciar la aprobación.
La ley, también conocida como HB No. 5580, reformaría el capítulo 752 del Código del gobierno de Texas para que los sheriffs acuerden con el ICE o programas federales similares los alcances, duración y limitaciones de las autoridades al aplicar la ley federal de inmigración.
Detalla los procedimientos para que los condados soliciten al ICE la firma de acuerdos y reciban subvenciones —si es el caso—, para cumplir las tareas acordadas, e informen sobre su aplicación, cuyo cumplimiento vigilará la Fiscal General.
Aprobada por 20 a 11 votos en el Senado del estado el 30 de mayo, tras su aprobación en la Cámara de representantes del estado con 89 a 50 votos, la iniciativa patrocinada por el representante Spiller (R-TX) incluía una enmienda para su aplicación en los condados del estado.
Al proyecto de ley reaccionó la Federación Laboral del estado de Texas, diciendo que daría menor seguridad a los inmigrantes trabajadores, como escribió en X este 20 de mayo. Y una enmienda fue apoyada por los Obispos Católicos de Texas, quienes dijeron que reduciría el “daño potencial de la SB8”, según una publicación del 24 de mayo en su red social de X.
Sin embargoa Conferencia Católica de Obispos de Texas publicó el 31 de mayo su oposición por temor a que con los cambios a la SB 8 no se prevea "de manera adecuada la aplicación uniforme y la capacitación de los agentes de policía locales" que cumplirán la aplicación la ley de inmigración en el estado.
Por su parte, la ACLU Texas dijo el 1 de junio en X que el proyecto de ley aprobado "obliga a los alguaciles a colaborar con el ICE para apoyar las vergonzosas deportaciones masivas del régimen de Trump. La SB 8 desviará recursos limitados de las fuerzas del orden, mientras que obligará a las víctimas y testigos de delitos a permanecer en la sombra".
El senador Charles Schwertner, tras anunciar que la ley ya estaba en el despacho del gobernador Abbott y había contado con el apoyo del presidente Trump, dijo que su aprobación por la legislatura de Texas envió el mensaje "contundente" de que "nuestras leyes de inmigración se harán cumplir y los inmigrantes ilegales que causan graves daños a nuestras comunidades serán expulsados", como escribió en X el 1 de junio.
Con la firma del gobernador, esta ley podrá entrar en vigor el próximo 1 de septiembre, en tanto que los sheriffs tendrían que cumplir los requisitos del Código de gobierno a más tardar el 1 de diciembre de 2026.
"Les dedicaré a todas esas leyes la consideración y el tiempo que merecen", dijo el gobernador Abbott sobre la firma de las leyes que en estos días llegaron a su escritorio, entre ellas la SB 8.
Medidas de colaboración de Florida
En Florida, el gobernador Ron DeSantis habló sobre el progreso de su gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración durante una conferencia de prensa del 12 de mayo en Tampa Bay.Esta tarea “no solo ha sido eficaz, sino que realmente ha sido un modelo para el resto del país”, dijo DeSantis y añadió que, aunque Florida no es un estado fronterizo, los inmigrantes ilegales también buscan llegar al estado, además de recordar que su gobierno fue el primero en enviar ayuda a Texas para enfrentar a la inmigración ilegal.
“Estados Unidos tiene el derecho de determinar quién entra o quién no entra a nuestro país. Y, claramente, tienes que hacer cumplir esas reglas para que la gente se dé cuenta de que no podrá violarlas con impunidad”, agregó el gobernador.
Tras recordar medidas como E-Verify que informa la situación legal de los trabajadores, y otras como no dar licencias de conducir a inmigrantes ilegales, exigir que los hospitales reporten la atención de ilegales y el traslado de ilegales a otros estados, DeSantis dijo que pidió a la legislatura del estado ayude a la administración Trump a través de acuerdos 287 (g) y fuerzas de trabajo.
Para ello el gobernador dispuso que las fuerzas del orden locales firmen acuerdos adicionales con el ICE para aplicar los controles migratorios en el estado, comunicó la oficina del gobernador el 19 de febrero.
Bajo la sección 287 (g), la orden del gobernador instruyó que varias agencias de Florida sean capacitadas y aprobadas por el ICE para que bajo su dirección y supervisión realicen ciertas tareas de los agentes federales de inmigración.
Las tareas delegadas por el ICE incluyen la “identificación y expulsión de extranjeros delincuentes ya encarcelados que cumplan los requisitos para la expulsión antes de su reincorporación a la comunidad”, dice el comunicado.
Los acuerdos también otorgan mayores facultades a las fuerzas del orden de Florida para interrogar a sospechosos de ser extranjeros, sobre sus derechos de permanencia en el país, la detención y proceso de quienes han violado su situación migratoria, arrestar y detener a extranjeros ilegales y la entrega de inmigrantes ilegales a los controles de inmigración.
Además sientan las bases para hacer cumplir arrestos por delitos graves bajo las leyes federales de admisión, exclusión, expulsión o remoción de extranjeros, notificaciones y arrestos al violar las leyes de inmigración, así como completar procesamientos de extranjeros, tales como la toma de huellas dactilares y fotografías, además de entrevistas, así como la preparación y toma de declaraciones juradas.
Y permiten a las fuerzas del orden de Florida y a la guardia estatal emitir órdenes de detención migratoria, registrar a extranjeros deportables o inadmisibles, custodiar a extranjeros arrestados y transportarlos a centros de detención autorizados por el ICE, para agilizar las deportaciones de inmigrantes ilegales peligrosos en custodia policial.
Entre las agencias que han firmado acuerdos se nombra a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), al Departamento de aplicación de la Ley agrícola, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) y la Guardia Estatal de Florida, según el comunicado.
Acuerdos de Estados con el ICE
Para mejorar la seguridad de las comunidades del país, el programa 287 (g) -que fue añadido a la Ley de Reforma de Inmigración de 1996- autoriza al ICE delegar funciones específicas de los oficiales de inmigración en oficiales del orden público de estados y locales, bajo la dirección y supervisión de la agencia federal, dice el sitio web de la agencia.La Oficina de Detención y Deportación (ERO) del ICE tiene dos modelos para la firma de estos acuerdos: el Control de Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés) con el que se identifican y procesan extranjeros removibles, es decir, que tienen cargos penales vigentes o pendientes y que fueron arrestados por agencias del orden público estatales o locales.
El otro modelo de cooperación es el Programa de oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto (WSO), por el que el ICE capacita, certifica y autoriza a oficiales del orden de estados y locales para que entreguen y efectúen órdenes administrativas a extranjeros en las prisiones de sus agencias.
Hasta el 23 de mayo, el ICE ha firmado acuerdos 287 (g) del modelo JEM con 99 agencias de aplicación de la ley de 25 estados, acuerdos del modelo WSO con 30 estados y del modelo TFN con 306 agencias locales de 30 estados.
Entre ellos, además de Texas y Florida -los estados del país con más acuerdos firmados-, existen los firmados con autoridades locales de Arizona, Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mane y Maryland.
Además de los establecidos con Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, NH, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Virginia, Virginia del Oeste, Wisconsin y Wyoming. La agencia federal agrega que tiene en proceso 65 solicitudes de acuerdos.
Fortaleciendo las capacidades locales
Las medidas para aplicar la ley de inmigración en Texas y Florida tienen como marco la política del presidente Trump para "empoderar a las fuerzas del orden estatales y locales para que vigilen firmemente el comportamiento delictivo peligroso y protejan a los ciudadanos inocentes", dice la orden presidencial del 28 de abril.Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha firmado diversas órdenes ejecutivas para proteger las fronteras, detener la inmigración ilegal, fortalecer a las fuerzas del orden para que puedan proteger a los ciudadanos y a las comunidades del país y deportar a inmigrantes criminales.
En los esfuerzos para recuperar la seguridad interna, los sheriffs ofrecieron colaborar con el ICE apoyando la propuesta que Trump reiteró durante su campaña para combatir la inmigración ilegal y deportar a los millones que han entrado ilegalmente en el país, promesa que fue pieza clave de su campaña presidencial.
Sheriffs de 3100 condados del país que respaldaron a Trump prometieron que ayudarían al ICE a identificar y arrestar a inmigrantes, como dijo Sam Bushman, director general de la Asociación de Sheriffs y Agentes de Paz Constitucionales (CSPOA).
Los acuerdos entre el ICE y los sheriffs, así como las medidas legislativas estatales, fortalecen la colaboración entre autoridades federales, estatales y locales, aterrizando la sugerencia de expertos que a fines del año pasado pedían al gobierno federal delegar funciones en las fuerzas de seguridad locales a través del programa 287 (g).
Según el exsheriff de Arizona Richard Mack, los sheriffs, como autoridades elegidas, son quienes mejor conocen su territorio y tienen competencias clave en la aplicación de la ley.
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