WASHINGTON—Los residentes de la capital del país mostraron diversas reacciones ante el plan del presidente Donald Trump de federalizar la policía local.
En la madrugada del 11 de agosto, Trump anunció que tomaría el control del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en un esfuerzo por reducir la delincuencia y la falta de vivienda en la ciudad.
También reveló que enviaría 800 efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad para reforzar las fuerzas del orden. El presidente ha pedido en repetidas ocasiones la toma federal de toda la ciudad, alegando los altos índices de delincuencia y la falta de vivienda.
The Epoch Times salió a la calle en una calurosa tarde de lunes para evaluar la reacción local al anuncio de Trump. Las respuestas distaron mucho de ser unánimes, y muchos de los que se oponían a la medida coincidían en que la tasa de criminalidad en Washington D. C. es un problema real.
Greg, de 45 años, empleado de HVAC que solo quiso dar su nombre de pila, dijo que pensaba que enviar a la Guardia Nacional era un error porque la situación aún no es lo suficientemente grave; tampoco estaba seguro de que fuera a servir de algo.
Por su parte, dos jóvenes afroamericanos, que no quisieron identificarse, dieron la bienvenida al plan y dijeron que esperaban que sirviera para acabar con la delincuencia entre negros.
"Los blancos no se matan entre ellos. Los españoles no se matan entre ellos. Somos nosotros los que nos matamos entre nosotros", dijo uno.
"Es hora de cambiar", coincidió su amigo.
Michele, de 72 años, antigua profesora de arte, protestaba contra el anuncio frente a la Casa Blanca. Consideraba que la toma de control se había llevado a cabo por motivos de relaciones públicas.
"Es una demostración de fuerza", dijo a los periodistas.
"Es para demostrar que él tiene el control, etcétera, etcétera, y para respaldar su sistema de apoyo, que se está reduciendo".
Su marido Mike, un banquero jubilado, reconoció que la ciudad tiene bastante delincuencia. Como antiguo neoyorquino, dijo que eso es algo que va con vivir en cualquier gran ciudad y no justifica el envío de la Guardia Nacional.
Una familia de tres miembros, que pidió ser identificada como los Walsh, vive en West Palm Beach, Florida, pero viene a menudo a la capital para visitar a familiares.
La Sra. Walsh dijo que apoya "al 100 %" la nueva iniciativa del presidente.
"Nos encanta venir aquí", añadió el Sr. Walsh. "Tenemos un hijo aquí, así que, obviamente, queremos que esté seguro".
Contó que durante su última visita les advirtieron que no fueran a pie a un restaurante en el muelle del suroeste de Washington D. C., porque tendrían que atravesar algunas zonas "peligrosas". El conserje les dijo que mejor tomaran un taxi.
La alcaldesa Bowser responde
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo a los periodistas que ella y la ciudad cumplirían con el "lenguaje claro" de la ley."La autonomía limitada otorga al gobierno federal la capacidad de interferir en nuestra autonomía de muchas maneras", dijo a los periodistas, refiriéndose a la ley de 1973 que permite al Congreso y al presidente un cierto grado de control sobre la ciudad.
"Nuestras familias van a la guerra, pagamos impuestos y cumplimos con nuestras responsabilidades como ciudadanos, y aunque la medida de hoy es inquietante y sin precedentes, no puedo decir, dada la retórica del pasado, que nos haya sorprendido totalmente".
La alcaldesa reconoció que Trump tiene el derecho legal de federalizar el departamento de policía durante 30 días y enviar a la Guardia Nacional, pero renovó públicamente su impulso para que el Distrito de Columbia obtenga la plena autonomía a través de la condición de estado.
Bowser ya había rechazado anteriormente la sugerencia de Trump de una toma de control total de la ciudad por parte del gobierno federal.
En respuesta a las acusaciones de Trump de que la ciudad es demasiado blanda con la delincuencia, Bowser afirmó que quiere que se rindan cuentas por la violencia armada, independientemente de la edad del autor.
También señaló que la ciudad no tiene control sobre la elección o el nombramiento de sus fiscales y jueces, que son competencia del presidente y del Congreso.
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