El 10 de octubre, los republicanos de la Cámara de Representantes declararon ante la Corte Suprema que la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento no incluía a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Sus argumentos se presentaron como parte de un escrito amicus curiae que apoyaba los intentos del presidente Donald Trump de apelar las decisiones de cortes inferiores que afirmaban que se equivocó al excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados de dicha garantía amparada por la Decimocuarta Enmienda.
La sección pertinente, conocida como la "cláusula de ciudadanía", de la Decimocuarta Enmienda establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen".
El escrito amicus curiae del 10 de octubre, presentado por 18 republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, argumentó que la frase "sujeto a su jurisdicción" históricamente ha significado una mayor lealtad que la que podrían tener los inmigrantes ilegales.
Entre los amici figuraban el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-OH), el representante Andy Biggs (R-AZ), entre otros.
Pidieron a la Corte Suprema atender la apelación de Trump contra dos fallos de cortes inferiores que bloqueaban su política de ciudadanía por nacimiento.
El escrito señalaba que la redacción de la cláusula de jurisdicción no se ha interpretado como aplicable a los hijos de embajadores o soldados invasores.
"Existe un amplio respaldo a la idea de que la cláusula se aplica por igual a los hijos de quienes se encuentran ilegalmente en el país, ya que ellos (al igual que los embajadores y los soldados extranjeros) no deben lealtad total a Estados Unidos", se lee en el escrito.
Durante meses, las cortes inferiores han rechazado el argumento del Departamento de Justicia de que, para obtener la ciudadanía por nacimiento, las personas deben tener cierto tipo de lealtad a Estados Unidos.
En una decisión histórica de junio, la Corte Suprema declaró que los bloqueos a nivel nacional a la política de Trump probablemente eran ilegales, pero no se pronunció sobre las cuestiones constitucionales subyacentes en torno a la 14.ª Enmienda.
Tras dicha decisión, esos casos regresaron a cortes inferiores, donde recibieron fallos actualizados.
También surgió otro caso en New Hampshire, donde un juez impuso efectivamente un bloqueo a nivel nacional a la política de Trump al otorgar una clase provisional que incluía a las personas afectadas por su fallo.
Esa decisión y otra de Washington ya fueron apeladas ante la Corte Suprema, que ahora se espera que brinde más orientación sobre quién puede recibir la ciudadanía por nacimiento.
Durante décadas, el poder ejecutivo ha interpretado que la cláusula de ciudadanía se aplica a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, en enero, Trump cuestionó esta interpretación y excluyó a los niños basándose en ciertos tipos de estatus legal, incluida la presencia ilegal, en poder de sus padres.
Desde la decisión de la Corte Suprema, al menos dos cortes de apelación confirmaron los bloqueos a la orden de Trump.
Más recientemente, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito indicó que la orden de Trump no se ajustaba a la jurisprudencia de la Corte Suprema ni a la ley federal.
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a la decisión de la Corte Suprema de 1898 en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos, que establecía que la ciudadanía por nacimiento se aplicaba a un hombre cuyos padres residían permanentemente en el país.
Tanto el Primer Circuito como el Noveno Circuito declararon recientemente que el razonamiento de esta decisión daba crédito a la idea de que los hijos de inmigrantes ilegales eran ciudadanos.
En su escrito amicus curiae, los republicanos de la Cámara de Representantes argumentaron que el caso Wong Kim Ark "concluyó que los extranjeros deben la lealtad requerida cuando Estados Unidos les permite residir permanentemente".
Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes se oponen a la orden de Trump.
"El lenguaje sencillo de la Decimocuarta Enmienda confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a sus leyes", declararon en un informe del 6 de junio.
Agregaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aprobada en 1952, aclaró la intención del Congreso de otorgar ese tipo de ciudadanía.
Establece, en parte, que "una persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción" será ciudadana al nacer.
El Primer Circuito declaró de manera similar este mes que, incluso si la administración Trump interpretara correctamente el caso Wong Kim Ark, la orden de Trump probablemente excluyó a personas que deberían recibir la ciudadanía bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Parte de la apelación de Trump ante la Corte Suprema solicita a los jueces que aborden el significado de esta ley.
La administración argumentó que tanto la ley del Congreso como la Constitución deberían tener el mismo significado.
"La Cláusula de Ciudadanía no otorga la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros que se encuentran temporal o ilegalmente en Estados Unidos", declaró el Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer.
"Por lo tanto, [la Ley de Inmigración y Nacionalidad] tampoco les otorga la ciudadanía".
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