El fin de semana estallaron disturbios en medio de las protestas en Los Ángeles por las detenciones de inmigrantes ilegales por parte de las autoridades de inmigración.
Se quemaron coches y se saquearon tiendas, mientras las protestas llegaban a su tercer día el 8 de junio.
La policía intentó impedir que los manifestantes se volcaran a la autopista 101, una importante red de carreteras que atraviesa la ciudad.
Se envió a la Guardia Nacional a las calles para proteger los edificios federales, lo que agravó los conflictos, ya que los manifestantes los provocaron y la tensión aumentó en medio de brotes ocasionales de disparos de gas lacrimógeno por parte de la policía en respuesta a los objetos que les lanzaban.
El Comando Norte de Estados Unidos emitió un comunicado el 8 de junio en el que indicaba que unos 500 marines estaban en estado de alerta.
Las protestas, que comenzaron el 6 de junio, fueron provocadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que dieron lugar a la detención de más de 118 personas la semana pasada.
El presidente Donald Trump desplegó 2000 efectivos de la Guardia Nacional en el lugar, lo que desencadenó una disputa entre él y el gobernador de California, Gavin Newsom.
La Guardia Nacional es una reserva del ejército que pertenece a cada estado, opera bajo la jurisdicción del gobernador de ese estado y, normalmente, requiere el consentimiento del gobernador para su uso.
Trump habló sobre invocar una ley del siglo XVIII llamada Ley de Insurrección, que le permite al presidente tomar el control de las unidades de la Guardia Nacional estatales en tiempos de crisis.
En respuesta, Newsom emitió una solicitud para revocar la orden, acusando a Trump de avivar las tensiones.
Trump criticó la gestión de California durante anteriores situaciones de disturbios, concretamente los disturbios de Black Lives Matter de 2020 por la muerte de George Floyd y los incendios de Los Ángeles a principios de este año.
En 2020, las calles se llenaron de violencia por la muerte de Floyd, lo que desencadenó tensiones raciales en todo el país y alimentó las comparaciones con este fin de semana en términos de disturbios civiles impulsados por la indignación pública ante la percepción de una injusticia sistémica.
Parte de la agenda de la administración Trump se centra en frenar la crisis de inmigración ilegal que se ha descontrolado en los últimos años.
El condado de Los Ángeles es una zona especialmente sensible, ya que, al estar tan cerca de la frontera sur, suele ser un centro de inmigración. Los inmigrantes constituyen el 34 por ciento de la población de la ciudad, que ha aumentado desde la pandemia de COVID-19, y 800,000 de ellos son indocumentados, según un informe SOILA de 2023.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió el 8 de junio que se pusiera fin a la violencia, aludiendo al caos provocado por la administración Trump.
«Como consecuencia de las redadas de inmigración, los padres tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio, los trabajadores no saben si deben ir a trabajar mañana y los jóvenes están preocupados por su futuro», publicó en la red social X.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió en un comunicado: «¿Por qué el gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se preocupan más por los asesinos violentos y los delincuentes sexuales que por proteger a sus propios ciudadanos?».
«Estos alborotadores de Los Ángeles están luchando para que los violadores, asesinos y otros delincuentes violentos sigan sueltos por las calles de Los Ángeles. En lugar de provocar disturbios, deberían dar las gracias cada día a los agentes del ICE que se levantan para hacer que nuestras comunidades sean más seguras».
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