El Consejo de Empresas Globales expresó su apoyo a las modificaciones de la ley arancelaria en México centradas en la imposición de tarifas temporales a productos clave para proteger la economía y la industria nacional.
El gremio empresarial conformado por más de 60 empresas internacionales, mostró su respaldo argumentando que las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en México (LIGIE) están orientadas a combatir prácticas desleales de comercio internacional y generar condiciones de competencia justas.
Estas prácticas desleales, en un mercado que constantemente declara un valor menor al valor real de un bien, justifican la decisión de México de fortalecer los instrumentos de política comercial que permita proteger la cadena productiva nacional, declaró la coalición empresarial en un comunicado publicado el 18 de diciembre.
“Creemos profundamente en el Estado de Derecho, compartimos la importancia de contar con reglas claras y condiciones equitativas para quienes operan conforme a la ley y realizan inversiones de largo plazo en México”, agregó el consejo.
No obstante, el organismo empresarial subrayó que es importante aplicar estas modificaciones con cautela.
Si bien, México busca seguir trabajando con países de la región —principalmente con EE. UU. y Canadá—, también busca producir más bienes para fortalecer la industria nacional, expresó la organización.
Por lo tanto, el aumento de aranceles puede ser una herramienta útil siempre y cuando se aplique de manera "inteligente, flexible y revisable", considerando la realidad productiva del país, explicó.
El consejo dijo que muchas empresas dependen de insumos importados que no cuentan con una oferta nacional suficiente —a nivel de volumen, calidad o competitividad— requeridas para cumplir con sus compromisos de exportación, particularmente en sectores estratégicos vinculados al T-MEC.
Por ello la coalición empresarial detalla que es fundamental que estas nuevas medidas se acompañen de “mecanismos de adecuación, como esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios estratégicos, así como otros instrumentos administrativos que permitan ajustes ágiles y revisiones periódicas basadas en evidencia, con el objetivo de corregir distorsiones y evitar ineficiencias en las cadenas de suministro”.
El organismo reiteró su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas en esta materia para que las nuevas disposiciones potencien sus beneficios y reduzcan los riesgos para la competitividad nacional.
“El éxito de la política arancelaria dependerá de su capacidad para fortalecer el desarrollo industrial de México sin comprometer su integración regional y global, ni la confianza de quienes invierten, generan valor y empleo en el país”.
La propuesta de reforma de la ley arancelaria fue aprobada en el Senado el pasado 10 de diciembre y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
En virtud de las nuevas medidas, se impondrán o aumentarán los aranceles —los cuáles oscilaran entre un 5 y 50 %, siendo en su mayoría de un 35 %— a más de 1400 productos de una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen los textiles, el acero, el hierro, las piezas de automóvil y los plásticos.
Estos aranceles se aplicarán a países que no tienen un acuerdo de libre comercio con México, como China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que con esta iniciativa, México estaría recaudando por año fiscal cerca de 70 mil millones de pesos.
Por su parte, el asesor principal en comercio y manufactura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Peter Navarro, dijo el 17 de diciembre que el aumento de aranceles marca un precedente importante en la revolución comercial del presidente Trump “y en el propio sistema de comercio internacional de la posguerra”.
Con esta acción, México alineó “el muro arancelario con el de Estados Unidos para defenderse de la maquinaria exportadora depredadora de Beijing”, aseguró Navarro.
Con información de Alicia Márquez.
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